Casa Presidencial reconoce que durante los primeros dos años de gobierno no la ha acompañado la suerte en la ejecución de proyectos de infraestructura pública, principalmente, de carácter vial.
Es una ironía, pues el Poder Ejecutivo tiene a su haber 50% más de recursos para este fin que la administración anterior, según cifras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Provienen de empréstitos externos para invertir en obras viales.
Son $2.200 millones que esperan, pacientes, su utilización. Empero, esa capacidad de soporte no es la misma que tienen los usuarios de la rezagada infraestructura costarricense.
El ministro de Comunicación, Francisco Chacón, define esa deficiencia en desarrollo de proyectos como el gran lunar de la administración de Laura Chinchilla.
Pedro Castro, jerarca del MOPT, concuerda con Chacón.
Sin embargo, apela al optimismo del inicio del nuevo año, el cual, espera, sea la temporada alta para el avance de proyectos de envergadura.
Los empresarios, no obstante, no se contagian del punto de vista favorable del ministro y llaman la atención sobre las consecuencias de los retrasos.
Reclamo empresarial
Las cámaras de la empresa privada encuentran poco sexi el lunar señalado por los jerarcas gubernamentales.
El poco atractivo se relaciona con el aumento de costos en transportes y fletes terrestres del 80% de las mercaderías que el país exporta, gracias a la mala condición de la infraestructura vial, o bien, a la inexistencia de esta.
Más allá de las carreteras y puentes, los productores reclaman por retrasos en la modernización de la infraestructura portuaria, otro punto bajo del Gobierno, según las cámaras.
Juan Ramón Rivera, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), señala la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) como la gran deuda de esta administración.
El proyecto costará $1.000 millones y los litigios planteados ante los tribunales causaron serios retrasos en su programación.
Castro afirmó que el MOPT espera ver avance en el proyecto de concesión más ambicioso en la historia del país a partir de mayo del 2014, justo cuando el actual gobierno tenga las maletas hechas para abandonar el poder.
“Extrañamos definitivamente el muelle granelero de Caldera”, agregó Juan Ramón Rivera.
Los industriales también apuntan a obras viales estratégicas como la carretera San José-San Ramón, la carretera a San Carlos, la parte norte de la circunvalación y la ampliación definitiva del puente de El Coyol de Alajuela, en beneficio de una de las zonas escogidas por las empresas extranjeras para invertir en modernas plantas productoras.
A la lista de quejas y peticiones de los industriales, se suma la de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep).
Los empresarios resaltan los retrasos en el proyecto Limón Ciudad Puerto, la tardanza en la mejora y reconstrucción de los puentes en la autopista General Cañas y en la Ruta 32.
“Los $340 millones necesarios para la reparación de las obras viales ya están disponibles, mientras que el financiamiento de Limón Ciudad Puerto está desde hace dos años”, recordó el ingeniero Jaime Molina, presidente de la Uccaep.
Empero, el segundo vicepresidente de la República, Luis Liberman, encargado de llevarle el pulso a las obras de infraestructura, no acepta los reclamos de los empresarios.
“Son ellos, el sector empresarial, los que no saben aceptar que perdieron una licitación de una obra, habiendo trabajo para todas las compañías”, sostuvo.
Para combatir esas situaciones, el jerarca celebró la redacción de dos proyectos de ley para corregir la Ley de Contratación Administrativa para hacer más rápidos los procesos de adjudicación de obras públicas.
Sobre el retraso en el uso de los recursos, Liberman agregó que, si bien existe el financiamiento, los proyectos no se pueden sacar a licitación hasta tanto no se concreten anteproyectos y expropiaciones, proceso que le tocó finalizar a esta administración en varios casos.
“Por primera vez, el Gobierno logró licitar el diseño final y la construcción de los proyectos. Así se traslada la responsabilidad del diseño al oferente que gana la licitación y se gana un tiempo importante, al no tener que licitar también los planos. Eso lo hemos aprendido de otros países”, afirmó.
En materia portuaria, el vicepresidente remitió a los avances en la construcción del rompeolas del muelle petrolero de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en Limón, obra con un costo de $100 millones y que permitirá un ahorro de $20 millones anuales en fletes de combustibles al resto del país.
Más allá de lo cosmético
Entre las causas del retraso en la construcción de obras públicas de peso, Castro citó los cambios en la programación y en el diseño de proyectos que ya venían encaminados, hecho que contribuyó a que el Gobierno perdiera los dos primeros años sin desarrollarlos.
Tal retraso traerá como consecuencia que la actual administración únicamente logre ejecutar entre un 20 y un 25% de los proyectos de infraestructura que estaban previstos, entre ellos la circunvalación norte y la carretera Cartago-San José.
El otro 75% del lunar, al agotarse el tiempo, tendrá que maquillarlo el próximo gobierno. Situación similar a la que este heredó de su antecesor.
Durante sus primeros dos años, el Gobierno no logró hacer grandes proyectos de infraestructura. Es hasta este año cuando arrancarán las obras con la marca de esta administración.