Grandes cooperativas y educación privada pagarían impuesto sobre la renta

Tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) subiría en dos puntos porcentuales gradualmente durante dos primeros años de vigencia de la ley.

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Las grandes cooperativas y la educación privada pagarían impuesto sobre la renta de prosperar el proyecto de ley para reformar ese tributo, cuyo borrador sometió a consulta el Ministerio de Hacienda a partir de este martes y hasta el próximo 27 de marzo.

El proyecto va de la mano con una reforma que convertiría el actual impuesto sobre las ventas en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Cooperativas en la mira

Según el artículo 3 del proyecto para modificar el impuesto sobre la renta, las cooperativas que serían exentas del pago del impuesto sobre la renta serían aquellas declaradas como micro, pequeñas o medianas empresas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic), o bien, que se dediquen a la venta de electricidad y que tengan precios regulados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

En cuanto a las asociaciones solidaristas, la exención se aplicará sobre los aportes de sus asociados, no así en las rentas que generen esos ingresos que constituyan una actividad lucrativa.

La reforma también incluirá entre las entidades sujetas al gravamen sobre la renta al Instituto Costarricense de Electricidad por los ingresos que reporte por telecomunicaciones-no así por la venta de electricidad-y al Banco Popular.

Sobre la educación privada, el proyecto de ley establece que quedará gravada con renta en todos sus niveles académicos, con independencia de la figura jurídica adoptada por la empresa que ofrezca esos servicios.

El proyecto de cambios a la ley del impuesto sobre la renta también incorpora modificaciones para limitar la deducción de intereses del pago del tributo por parte de las empresas. Esto con la finalidad de evitar la subcapitalización.

La iniciativa también propone regular los precios de transferencia.

En relación con la tasa del impuesto, el proyecto establece que quedará en un 30% para las personas jurídicas y entre un 10 y un 25% para las personas físicas y para las micro y pequeñas empresas.

Otra modificación que llama la atención es la que propone Hacienda para gravar con una tarifa del 15% el pago de la cesantía sobre el exceso del tope máximo de 8 años.

IVA con nueva tasa

La propuesta para reformar el tributo sobre las ventas también propone cambios sustanciales en caso de que el país adopte el IVA.

La principal diferencia que sugiere Hacienda es un aumento en la tasa del impuesto del 13% actual a un 15%. A esa nueva tarifa se llegaría dos años después de la aprobación del proyecto, en tramos de un 1% anual.

El proyecto exime del pago del IVA a las empresas localizadas en zonas francas, a la educación y la salud privadas. En este último caso se aclara que los servicios de hospitalización y de cirugía sí tendrán que pagar la tasa normal del IVA.

Hacienda propone la creación de una canasta básica tributaria que se establecería por decreto ejecutivo y cuyos componentes no pagarían el impuesto.

Algunos de esos elementos serían el transporte terrestre y el cabotaje, las medicinas, productos veterinarios, insumos para la producción agrícola, pecuaria y la pesca, los libros, siempre que sean impresos y las comisiones, intereses y servicios ligadas a los préstamos que otorgan las entidades bancarias reguladas.

Asimismo, el proyecto menciona que quedarán exentos los alquileres de casas de habitación cuanto la renta sea igual o menor a un salario base (¢403.000).

El servicio de agua sería exento siempre que el consumo mensual sea inferior a 40 metros cúbicos.

Actividades recreativas más caras

Por otra parte, Hacienda está proponiendo condicionar la exoneración de actividades científicas, culturales, deportivas y artísticas siempre que sean sin fines de lucro.

El proyecto de ley mantiene vigente la negociación cerrada por el Gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) con el sector industrial en cuanto a que los empaques, embalajes y las materias primas para construirlos tendrían una tasa diferenciada del IVA de un 5%.

Esa misma tasa se aplicaría a la transferencia de la propiedad de vehículos, aeronaves y barcos usados.

La propuesta también sugiere exonerar del IVA a los servicios ligados a la construcción con el fin de no encarecerla, estos son: ingeniería, topografía, arquitectura y construcción.

Empero, se les aplicará un 5% del IVA durante el segundo año de vigencia de la ley, 10% al tercer año y la tarifa general del 15% al cuarto año; exactamente lo mismo ocurriría con servicios turísticos como alquiler de vehículos y cuadraciclos, guía turístico, transporte de turistas, canopy, rafting, surf, kayaking, paseos en bote, en teleféricos y el bungee.

Ambos proyectos de ley serán enviados por Hacienda para su discusión en el Congreso durante la segunda semana de abril entrante.