El Frente Gremial del Poder Judicial acordó hoy lunes 31 de julio suspender la huelga que mantenían desde hace trece días. Así lo notificó esta tarde el Poder Judicial y el Frente de Organizaciones Gremiales de ese poder de la República.
El acuerdo, que implica la suspensión de huelga a partir del martes 1 de agosto, conlleva también el impulso de un nuevo texto, que es el que pretenden que se apruebe en la Asamblea Legislativa. Se trata de un informe de minoría, planteado por el diputado Jorge Arguedas, del Frente Amplio y redactado por representantes de los trabajadores y de la Corte Plena.
Este texto tiene los mismos contenidos del texto que inicialmente habían presentado los gremios a la Asamblea Legislativa.
"Buscamos que este dictamen se aprobado en la Asamblea Legislativa" dijo en conferencia de prensa Adriana Orocú, vocera del Frente de Organizaciones Gremiales. "Este es el único dictamen que puede y debe ser aprobado. Lamentamos que por la inexistencia de un diálogo se haya tenido que llegar a la huelga" dijo.
Así, los grupos mantienen su oposición al texto aprobado por los diputados en Comisión este jueves 27 de julio y ahora en camino hacia un primer debate. El proyecto, aprobado por mayoría entre los diputados, ajusta el sistema para que los trabajadores tengan una pensión equivalente al 85% del salario recibido en los últimos 20 años (en lugar de un 100% de dos años). También aumenta gradualmente el aporte obrero hasta un 15%, y sube la edad de retiro a 65 años (en lugar de 60 años).
"Dependiendo de la anuencia que encontremos de los distintos sectores que participan en esta negociación nos reservamos la posibilidad de ejercer nuevamente nuestro derecho a huelga", dijo el Frente de Organizaciones Gremiales del Poder Judicial, a través de un comunicado.
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Según los estudios de la Universidad de Costa Rica al sistema de pensiones del Poder Judicial, en los próximos cien años el sistema acumulará un déficit de ¢5,36 billones, que el Estado deberá pagar si no se realizan las reformas correspondientes. Es decir, el sistema será incapaz de cubrir un 44,3% de las obligaciones que se generarán durante los próximos cien años.
La propuesta original de los sindicatos, defendida durante esta semana, también había sido evaluada por la UCR, quien la declaró inviable. Ese proyecto dejaría un déficit menor, pero siempre relevante. La propuesta de los gremios dejaría un déficit equivalente a ¢4,07 billones, correspondiente a un 36,5% de las obligaciones que no podrían cubrirse, y que el Estado debería de rescatar.
Durante todo el mes de agosto, será el Presidente de la República el encargado de definir qué temas y proyectos de ley se discutirán durante ese mes en la agenda del congreso.