El Tribunal Contencioso Administrativo recibió este lunes una demanda contra el Estado por la emisión del decreto ejecutivo que mantiene la fijación de los precios del arroz en manos del Gobierno.
La acción la presentaron las asociaciones Consumidores Libres y Consumidores de Costa Rica.
Esas entidades afirman que el Gobierno está echando mano de medidas proteccionistas para privilegiar a sectores de la producción interna sin tomar en cuenta los efectos de esas medidas entre los consumidores.
Marcha atrás
El decreto emitido por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) entró en vigencia este lunes y revirtió otro decreto emitido por el gobierno pasado que había ordenado la liberalización del precio del arroz.
Según Juan Ricardo Fernández, de la Asociación Consumidores Libres, la fijación del precio impide que este baje unos ¢130 por kilo, precio en que estaba en mayo del 2013.
Fernández afirmó que el Gobierno intenta "darle atolillo con el dedo" a los consumidores al anunciar rebajas de hasta ¢52 por kilo de arroz gracias a medidas como la salvaguardia que ordenó el MEIC para limitar la importación de arroz pilado desde Argentina y Uruguay, con el argumento de que la traída desde esos mercados pone en riesgo la subsistencia de unos 1.000 productores nacionales.
"Este tipo de acciones son una bofetada del Gobierno para los consumidores, pues son para favorecer a unos cuantos con el retrógrado argumento de la soberanía y la suficiencia alimentaria. El Gobierno nos quiere llevar a una especie de 'venezuelización'", sostuvo el representante de Consumidores Libres.
Subsidio perjudica a consumidores
Erick Ulate, de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, indicó que dos estudios de la Universidad de Costa Rica (UCR) demuestran que la fijación de precios del arroz perjudica al quintil más pobre de la población, siendo ese sector el que más arroz consume, con un promedio de 58 kilos per cápita, por año.
"Son ellos los que costean el subsidio a los arroceros por el sobreprecio del grano generado por fijación. Un ejemplo de la situación se dio en el 2014, cuando el subsidio llegó a $70 millones", sostuvo el vocero.
Juan Ricardo Fernández dijo que ambas asociaciones esperan que el Tribunal Contencioso Administrativo acoja en las próximas horas la medida cautelar que solicitan para que el decreto de fijación de precios del arroz no entre en vigencia hasta que se emita el fallo sobre la demanda contra el Estado.