El Ministerio de Hacienda aseguró que la actualización en el valor fiscal de los vehículos es un trámite que se hace cada año entre los meses de octubre y noviembre de manera ordinaria.

La aclaración surgió luego de que el diputado Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN), denunciara en sus redes sociales, este domingo, que el ajuste se aplicó tan solo un día después de que avanzara en el Congreso el proyecto de ley que pretende reducir el pago del marchamo en el 2020.

Elian Villegas, ministro de Hacienda y Carlos Vargas, director general de Tributación, explicaron, por consultas de EF, que se trata de un proceso normal que se hace cada año y que no relaciona con el trámite del proyecto de ley en la Asamblea Legislativa.

El lunes 5 de octubre, la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente la iniciativa que reduciría en un 50% el impuesto a la propiedad para los vehículos con un valor menor a ¢20 millones y para los de carga pesada, buses, busetas, taxis, transporte público y turismo.

De acuerdo con Thompson, al revisar la plataforma virtual AutoValor, disponible en la página web del Ministerio de Hacienda, se puede observar que la nueva fecha de avalúo de para los vehículos es el 6 de octubre del 2020, es decir, un día después del avance del proyecto de ley.

EF constató que efectivamente la nueva fecha de actualización del valor fiscal de los vehículos es el 6 de octubre, según la información contenida en AutoValor.

“No quisiera pensar que esto es una acción del Ministerio de Hacienda para afectar el eventual rebajo que se daría en el pago de los marchamos, de acuerdo con lo que propone el proyecto de ley que fue dictaminado. Sin embargo, sí llama mucho la atención, y por eso lo destaco, que la iniciativa fuera avalada el 5 de octubre y al día siguiente aparecieran actualizaciones en el valor de los vehículos”, indicó el legislador, tras consulta de este medio.

Thompson agregó que según la Ley de Reajustes Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero CA (7.088), las tarifas establecidas del impuesto son progresivas y se fijan con base en el valor de mercado a enero de cada año.

El artículo 9 inciso F de esta normativa lo específica así: “El impuesto se pagará sobre el valor que tengan, en el mercado interno, en enero de cada año, los vehículos, las aeronaves o las embarcaciones de recreo, según la lista que el Poder Ejecutivo emitirá, por decreto para cada marca, año, carrocería y estilo”.

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Elian Villegas aseveró que la actualización en los valores fiscales de los vehículos no está relacionada de ninguna manera, ni se debe al avance del proyecto de ley del recorte al marchamo que se tramita en el Congreso.

“Lo que indica don Roberto Thompson en totalmente incorrecto, lamentablemente realiza una mala lectura de la ley que en este caso se aplica. Es lo normal que estos decretos se publiquen en octubre de cada año, porque lo que se necesita es que entre en vigor para el 1.° de noviembre, que es cuando inicia el cobro del marchamo, y esto tiene vigencia a partir del del 1.° de enero y hasta diciembre el año siguiente”, aclaró el jerarca, tras consulta de este medio.

El ministro fue enfático en que como el cobro del marchamo arranca en noviembre, la publicación del decreto se realiza siempre entre entre octubre y noviembre de cada año.

“No tiene absolutamente nada que ver con ninguna otra razón, ni con impuestos que en algún momento se hayan indicado o cosa por estilo. Es algo que se hace ordinariamente en esta fecha y desgraciadamente aquí, en este caso, es un error delicado de don Roberto Thompson que está lanzando un tuit con información errada y que confunde en un momento donde Costa Rica necesita claridad y no este tipo de informaciones”, añadió Villegas.

El jerarca aportó un listado con la fecha de publicación del decreto de actualización del valor fiscal para el periodo 2014-2019.

En 2014 se emitió el 24 de octubre, en 2015 la fecha de publicación fue el 3 de noviembre, en 2016 fue el 10 de octubre, en 2017 se actualizó el 18 de octubre, en 2018 fue el 16 de octubre; y el año pasado, el 8 de octubre.

¿Cómo se reducirá el marchamo?

El texto dictaminado en la Comisión de Económicos recortaría en un 50% el pago del impuesto a la propiedad para vehículos con un valor menor a ¢20 millones.

Por ejemplo, el propietario de un automóvil con un valor fiscal de ¢1,6 millones, que el año pasado pagó ¢85.500 de marchamo, pasaría a cancelar ¢63.000. Es importante recordar que se propone únicamente la reducción del tributo, pero no se incluyen los otros rubros que forman parte del derecho de circulación.

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En este caso el impuesto bajó de ¢45.000 a ¢22.500 con el recorte del 50%. Pero los otros montos que se cobran en el marchamo, como, por ejemplo, el Seguro a la Propiedad de Vehículos (SOA), el dinero para el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), el canon para el Consejo de Transporte Público (CTP), entre otros; se mantienen intactos.

El texto también plantea que los vehículos con valores entre ¢20 millones y ¢50 millones, tendrían una reducción del 25% en el impuesto. Mientras que los que superen el valor de ¢50 millones gozarían de una rebaja del 5%.

Además, se aprobó exonerar a los propietarios de motocicletas del pago del 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el marchamo 2021 y una reducción del 30% en el canon del CTP, que se destina al transporte remunerado de personas en modalidades de taxis, autobuses y servicios especiales (turismo, estudiantes y ocasionales).

El Ministerio de Hacienda alertó que si se recorta el 50% del pago del impuesto a la propiedad a todos los vehículos del país, se crearía un faltante de recursos de unos ¢85.000 millones para 2021.

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La primera versión del proyecto de ley presentado por la diputadas liberacionistas Franggi Nicolás pretendía aplicar la rebaja a la mitad para todos los vehículos del país. Se trata del expediente Reducción del marchamo 2021 (22.000).

Tras una serie de evaluaciones y negociaciones, el nuevo texto que ya entró a plenario para recibir mociones y luego discutirse con vistas a una aprobación en primer debate, generaría un faltante de recursos cercano a ¢50.000 millones, según Villegas.

El proyecto contó con el aval, en la Comisión de Económicos, de los diputados liberacionistas Roberto Thompson, Karine Niño y Daniel Ulate; además del socialcristiano Pablo Heriberto Abarca.

En contra votó Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC). La también legisladora oficialista Paola Vega presentó 13 mociones de fondo para excluir vehículos de funcionarios con altos cargos en el Estado; como diputados, magistrados, alcaldes, vicealcaldes, presidentes ejecutivos, miembros de juntas directivas, entre otros.

Mientras que la diputada del PAC, Nilsen Pérez, intentó que se excluyera del beneficio algunas marcas de vehículos de alta gama como Aston Martin, Tesla, Rolls Royce, Porsche, Maserati, McLaren, Lexus, Lamborghini, Jaguar, Hummer, Ferrari, Bentley, así como las motocicletas Ducati y Harley Davidson.

Todas estas mociones del oficialismo fueron descartadas en la Comisión.

Nota del redactor: la noticia fue modificada posterior a su publicación para cambiar el titular.