El Ministerio de Hacienda presentó este jueves a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que obliga a los comercios que ofrecen servicios al público, aceptar las tarjetas de crédito o débito como medio de pago.
Lo anterior supone para la hacianda pública un mejor control sobre las ventas que realizan los establecimientos.
Esa es una de las nueve reformas que plantea la iniciativa titulada “Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal”, promovida por el jerarca de esa cartera y vicepresidente de la República, Helio Fallas.
Para promover el uso del “dinero plástico”, el proyecto establece que Hacienda podría realizar una devolución al comercio hasta del 1% del impuesto sobre las ventas que generen las transacciones con ese medio de pago.
En aras de combatir la evasión y elusión fiscal, la inciativa también establece que las personas que alquilen inmuebles por menos de un mes, deben pagar impuesto de ventas y así evitar “la competencia desleal” con hoteles y hospedajes formales.
El prooyecto propone impedir además, la deducción excesiva de intereses en la declaración de impuestos y elimina la exoneración del tributo a los dividendos cuando este se distribuye a personas jurídicas.
De igual forma, establece que para realizar cualquier trámite en una entidad pública o municipalidad, ya sea obtener una autorización, sacar una licencia o permiso, la persona debe estar al día con sus obligaciones con Hacienda.
Ese mismo requisito se pedirá para obtener un crédito en cualquier institución financiera.
Mientras que para pedir una patente municipal la persona debe estar inscrita como contribuyente en la oficina de Tributación.
De acuerdo con estudios de Hacienda y la Contraloría General de la República, en 2012 la evasión y elusión fiscal fue del 7,75% del producto interno bruto (PIB), es decir, el 60% de los impuestos recaudados durante ese año.
“Si a esto le sumamos los recursos no recuadados por exoneraciones en los principales impuestos, estamos dejando de percibir un monto mayor”, dijo Fallas.
Esta es la primera reforma que presenta el gobierno de Luis Guillermo Solís a la Asamblea Legislativa, para combatir la evasión de impuestos.