El Ministerio de Hacienda mantiene 23 denuncias activas que responden a casos de evasión fiscal que suman ¢27.405 millones. A esta cifra se le añaden ¢11.000 millones ligados a un ‘mega caso’ que llegó a la entidad en setiembre pasado de manera anónima.
El caso corresponde a un banco privado del cual las autoridades de Hacienda no dijeron el nombre, pero que ya fue denunciado ante la Fiscalía por cometer el delito de fraude fiscal.
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“Esta maniobra (del banco) representó para los costarricenses 1.297 soluciones de vivienda que no se hicieron, más de 23.000 becas de Avancemos que no se hicieron, y por eso el Ministerio de Hacienda trasladó este caso al Ministerio Público”, aseguró Nogui Acosta, ministro de Hacienda.
El traslado del caso a la Fiscalía se debe a que ya prescribió el periodo de cuatro años que tenía Tributación para ejercer la investigación desde que se cometió el delito.
Maniobras del banco evasor
“Este caso se trata de una persona jurídica que tiene una empresa en Costa Rica y a su vez tiene el control de una empresa financiera en Panamá y también de una holding panameña”, explicó Mario Ramos, directos general de Tributación.
La empresa costarricense habría trasladado $65 millones a la empresa panameña y la holding. Luego la entidad financiera habrá tomado como garantía el monto y lo habría trasladado a la holding.
Esa supuesta triangulación hace que la empresa costarricense pagara intereses a la entidad financiera en el país vecino y habría creado una especie de ‘escudo fiscal’ a favor de la empresa costarricense.
“Además, la salida de utilidad de la empresa en Costa Rica a la entidad panameña permite el traslado de recursos a los socios sin pago respecto de los impuestos”, señaló Ramos.
Más casos
Una sociedad anónima dedicada a la venta de legumbres habrá reportado en la declaración de la renta del periodo 2008, ¢3.700 millones en costos y gastos.
“Esta empresa mostró absoluta resistencia a todas las actuaciones de control y no aportó ni un solo comprobante de las compras que había hecho”, subrayó Ramos.
Esa inconsistencia en los datos generó una diferencia en el cobro, para ese periodo, de ¢1.136 millones de impuesto determinado.
Ese caso también fue enviado al Ministerio Público al ser mayor de ¢230 millones.
“Hacemos un llamado al Ministerio Público para que dentro de esta estrategia puedan ellos también hacer lo que corresponde”, aseveró Acosta.
El tercer caso enviado a la Fiscalía es una sociedad anónima dedicada a la venta de vehículos. Esa empresa habría reportado una venta bruta por ¢7.700 millones, pero el 86% de esas ventas corresponderían a celulares.
Hacienda asegura que no logró localizar compras nacionales ni importaciones de la empresa por esos productos.
“Se generó un presunto impuesto determinado de ¢1.000 millones en la deuda del impuesto general sobre la ventas y 2.202 millones de impuesto general”, acotó Ramos.
El Ministerio enviará a la Fiscalía otros tres casos más antes del 15 de febrero.