Desde junio de 2020 la Ley 9742 regula en Costa Rica lo referente a hospedajes no tradicionales y la prestación de servicios turísticos de alquiler de viviendas, apartamentos, villas, chalés, bungalós, cuartos y similares, por períodos no mayores a un año ni inferiores a 24 horas.
Pese a que existe este marco jurídico, el sector hotelero tradicional siente que no hay igualdad de condiciones y por eso pide ajustes. Uno de los puntos de discordia es que las tarifas de agua y electricidad para los hoteleros se les cobra como comercial mientras que los hospedajes no tradicionales tienen tarifa residencial.
Estos y otros costos encarecen la tarifa final de los hoteles para un tipo de usuario que prefiere opciones más baratas, con condiciones personalizadas.
Por otro lado, la normativa actual no incluye sanciones para quienes desean inscribir su propiedad para ganar ingresos en estas plataformas y no cumplan con los requisitos establecidos en la ley.
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Este punto es crítico, dado que al no existir multas por incumplimiento, la tarea del el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), de velar por la aplicación de las normas se complica.
¿Qué dice el proyecto que quiere cambiar esto?
Mediante el expediente 23.766, la diputada liberacionista Carolina Delgado impulsa una reforma a esta ley que tenga una “coherencia lógica y seguridad jurídica, tanto para los usuarios como para los prestatarios y las instituciones reguladoras”. El proyecto incorpora sanciones por incumplimiento y nuevos requisitos de operación.
Los anfitriones que omitan la inscripción ante el ICT, no tengan los requisitos mínimos para operar y no expidan factura electrónica a sus clientes se expondrán a multas que van de uno a cinco salarios base, dependiendo del tamaño de la propiedad.
En cuanto a los nuevos requisitos, la iniciativa plantea que los propietarios tengan una póliza de responsabilidad civil que cubra a los huéspedes durante su estancia y demostrar ante Airbnb u otras plataformas que están en regla para funcionar. Incluso estas empresas podrán cesar la oferta del servicio cuando el prestatario no demuestre su apego a la normativa.
¿Por qué un mínimo de cinco noches?
La Cámara de Hoteles (CCH) insiste en que se necesita paridad entre los anfitriones tradicionales y no tradicionales para su operación. Argumenta que no está en contra del uso de Airbnb, Vrbo y otras herramientas de este tipo y que apoyan la iniciativa de la diputada Delgado, pues consideran que “implica cambios a nivel de las potestades del Instituto Costarricense de Turismo para regular esta actividad, a la protección de los huéspedes o usuarios de este tipo de alojamiento, y finalmente, porque equilibra y formaliza la situación del hospedaje no tradicional”.
La CCH quiere que en la propuesta se incluya una cantidad mínima de cinco noches —o seis días— de hospedaje en estas plataformas al momento de hacer la reserva. La idea es que con la imposición de ese mínimo de días se compensen otras variables que actualmente no están pagando las plataformas.
“Así puede haber un control y una competencia un poco similar entre hoteles y opciones de hospedaje no tradicional”, afirmó Flora Ayub, directora ejecutiva de la CCH. Según la entidad, el cambio también ayudaría a proteger el tejido empresarial formal de los hoteles y el empleo que generan.
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La medida no es bien vista por el ICT, ya que según el ministro William Rodríguez, imponer una estadía mínima solo para un tipo de hospedaje, específicamente el no tradicional, “daría lugar a una situación de inequidad”.
¿Cuál es la posición de Airbnb?
La plataforma Airbnb se pronunció sobre la posibilidad de que se les exija un mínimo de noches a sus huéspedes. Consideran que la medida “generaría un impacto económico devastador para miles de costarricenses”.
Según la empresa, el año pasado nueve de cada diez reservas en la plataforma se hicieron por seis noches o menos. Mientras tanto, en el 2023 el 95% de las reservas de costarricenses fueron de seis o menos noches.
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“Airbnb está a favor de una regulación inclusiva que permita el crecimiento ordenado de los alojamientos de corto plazo para que más personas puedan obtener ingresos extra y así contribuir a la redistribución del turismo en Costa Rica. Invitamos a elevar el debate con propuestas serias que beneficien a los ticos y no la actividad de unos cuantos”, declaró la empresa.
Impacto de la plataforma en Costa Rica
Estos son algunos datos de Airbnb en el país:
- El 49% de los anfitriones son mujeres.
- Un 16% de los anfitriones son adultos mayores.
- Los anuncios en la plataforma representan un 1,5% del inventario de vivienda.
- Casi el 40% de las reservas corresponden al turismo interno.
- Fuera de la capital, pueblos como Guadalupe en Alajuela, La Cuesta, Brunca y Limoncito en Puntarenas, y Peralta —distrito de Turrialba— en Cartago también fueron los más reservados desde el año 2020.
¿Cuál es la situación del proyecto de Ley?
La iniciativa de la diputada no es nueva: según consta en el sitio web de la Asamblea Legislativa, la propuesta se presentó el 23 de mayo de 2023 y desde el 12 de septiembre del año pasado está en análisis en la comisión de turismo.
“En ningún momento hemos pretendido establecer una estancia mínima en este tipo de hospedaje no tradicional”, afirmó la diputada Delgado. La legisladora reafirmó que el objetivo clave del proyecto es brindar seguridad a propietarios y turistas.
Experiencia fuera de Costa Rica
A nivel internacional Airbnb ha sido sometido a diversas restricciones, por ejemplo en Nueva York no es posible alquilar una estancia por menos de 30 días si no habita en ella el anfitrión. En algunas ciudades europeas como Florencia se restringió el uso de propiedades para hospedaje en el centro histórico, mientras que en Portugal solo se permite utilizar estos servicios en las zonas rurales menos pobladas.
Estas medidas surgen como respuesta al crecimiento en los precios de vivienda convencional que se viene presentando en los últimos años, ya que la poca oferta disponible está siendo utilizada para negocio.