El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) arrastra, en su 70 aniversario, un repertorio de dificultades que saltan a la vista: la suspensión del anterior consejo directivo, la interrupción indefinida con tintes de defunción del proyecto Diquís, vulnerabilidades financieras y dificultades para adaptarse a los cambios tecnológicos.

Los apuros de la institución provienen de varios frentes. Uno de ellos es el sector energético, principal área de negocios de la entidad y motor del desarrollo social que en siete décadas logró una cobertura del 99,4 % en el territorio nacional y que ahora enfrenta un inmenso desafío por los cambios tecnológicos.

La tendencia actual es privilegiar las fuentes alternativas de energía, como la solar, lo que implica que los usuarios pueden generar su propia electricidad desde el lugar donde la consumen. Esta práctica se conoce como generación distribuida para autoconsumo.

El avance en la tecnología para la generación solar ha abaratado los costos y, en un futuro, el consumo podría llegar a ser autosuficiente si se logra almacenar la energía sobrante en baterías.

Otro de los retos es levantar cabeza en el sector de telecomunicaciones, el cual experimentó su apertura en el 2008 y que, desde ese momento, comenzó a perder clientes frente a sus competidores.

La ruptura del monopolio no fue el problema, sino la acartonada oferta de servicios y las malas decisiones empresariales que se tomaron al adquirir FullMóvil y CableVisión.

Las finanzas también ejercen presión y muestran deterioro por varias razones, entre ellas el sobreendeudamiento en moneda extranjera.

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Además del impacto que generó el diferencial cambiario, en el 2018 se sumó la defunción técnica de Diquís, proyecto insigne de la institución en el que se invirtieron ¢87 767 millones entre el 2007 y el 2008.

Sepultar la construcción de la planta hidroeléctrica impactó al pasar el inconcluso proyecto como un gasto. Según los estados financieros no auditados, el ICE experimentó un déficit neto de ¢252 445 millones en el 2018.

¿Es sostenible el monopolio?

El mercado nacional dio como fruto la coexistencia de un operador dominante que compra energía al sector privado y que, a la vez, convive con la autogeneración.

Sin embargo, la presión que imponen los constantes cambios tecnológicos pone en entredicho si la generación y distribución eléctrica debe continuar bajo el control monopolizador del Estado.

Para Carlos Alvarado, presidente de la República, el mercado eléctrico costarricense migrará –siguiendo las tendencias mundiales– del actual modelo centralizado a uno de red. Es un proceso de transformación que debe cumplir ciertos requisitos.

Además, garantizar la generación sostenible mediante la regulación de los actores evitaría el libertinaje en el mercado. “No nos interesa que alguien diga: ‘Voy a producir electricidad con búnker’”, agregó.

Según Irene Cañas, presidenta ejecutiva del ICE, el reto de las distribuidoras se centra en diversificar su oferta más allá de la venta de servicios de electricidad, puesto que la tendencia mundial no muestra aumentos drásticos en la demanda eléctrica.

Aunque aún no está claro cómo se va a ampliar la oferta, lo que sí es cierto es que la institución se despedirá de los proyectos hidroeléctricos, por el impacto ambiental que generan, y priorizará la generación de energía eólica o solar.

Este panorama podría implicar una mayor participación de empresas privadas. Actualmente, más del 90 % de la producción de energía eólica nacional proviene de este sector, según Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope).

De acuerdo con la Ley 7200, los actores privados tienen una participación máxima del 30 %. La posibilidad de incrementar ese umbral dependerá de la demanda eléctrica, según la presidenta ejecutiva del ICE.

No obstante, la presión que ejerce la generación descentralizada y la electromovilidad requiere de una modernización sustantiva para que los privados no tengan límites de participación, de acuerdo con director ejecutivo de Acope.

“Estos cambios exigen que nuestro sistema eléctrico y, en especial, su normativa –leyes y reglamentos– se ajusten para obtener ventaja de las nuevas tecnologías. En caso de que no se hagan, la tecnología terminará por imponerse, como pasó en el sector de telecomunicaciones”, agregó.

La sangría de las telecomunicaciones

Desde el 2008, año en el que se le dio apertura a las telecomunicaciones, la institución enfrenta una pérdida de clientes frente a sus competidores. A pesar de esto, se mantiene como el principal actor del mercado.

Según un estudio de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), entre enero y junio del 2017, Claro aumentó su participación al 22 %, mientras que el ICE y Movistar obtuvieron el 52 % y 25 %, respectivamente.

Una oferta acartonada en los servicios y la incapacidad de responder rápidamente a los cambios tecnológicos son dos justificaciones del descalabro de esta arista de negocios, según Juan Manuel Campos, director general de Cyber Regulación.

Prueba de ello fue el revés que el ICE sufrió con la compra de FullMóvil y CableVisión, adquisiciones que realizó para enfrentar a sus rivales.

La compra de CableVisión se realizó en el 2013 y la del FullMóvil se concretó un año más tarde.

El fracaso de CableVisión se sustenta en las amarras burocráticas de la institución. En el 2010 el ICE llevó a cabo un estudio en el que demostró que el negocio era viable. Sin embargo, la compra no se realizó sino hasta tres años más tarde.

Durante ese lapso, el dueño anterior dejó de invertir en la empresa, por lo que el ICE adquirió un activo añejo que le restó competitividad, según la presidenta ejecutiva del Instituto.

Esta lección obligó a cambiar el modelo de negocios.

“Una de las decisiones que se han venido tomando es no adquirir plataformas tecnológicas, sino más bien alquilar esas plataformas, porque se vuelven obsoletas en menos de cinco años”, comentó Cañas.

Por su parte, el revés de FullMóvil, que dejará de operar 1.° de abril, inició cuando Sutel comenzó a cobrar por las descargas, a criterio de Cañas.

La jerarca comentó a EF que la institución ahora se enfoca en una oferta más personalizada para atender las necesidades de un amplio público que abarca a empresarios, millennials, adultos y adultos mayores.

Vulnerabilidad financiera

La salud financiera de la institución mostró su peor desempeño en el 2018, cuando registró un déficit neto de ¢252 455 millones, lo que implicó un crecimiento del 388 % con respecto a las pérdidas de ¢51 706 millones reportadas en el 2017.

El multimillonario déficit se dio por tres razones. Una de ellas es el hecho de que el 77 % de la deuda está en dólares, lo cual, debido a las variaciones que experimentó el tipo de cambio, generó un gran impacto en las finanzas.

La depreciación del colón frente a la divisa extranjera representó un gasto por ¢121 000 millones en el 2018, según comentó Jesús Orozco, jefe de la División de Finanzas del ICE, ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.

Sumado a eso, la institución también debió incorporar como gasto ¢88 000 millones por el aplazamiento indefinido de la planta hidroeléctrica Diquís. Además, no se reconocieron ¢25 000 millones por la compra de energía a generadores privados.

El conjunto de esos tres factores representó más del 90 % de las pérdidas que enfrentó el ICE durante el año pasado.

Para el 2019, la jerarca estima una mejora, aunque es clara en que siempre existirá un déficit neto porque la mayor parte de la deuda está en divisa extranjera.

Esta es una de las principales preocupaciones del Gobierno y la reestructuración del endeudamiento será uno de los componentes principales de la estrategia 2019-2023 que se presentará a finales de abril.

En el plan se trazará objetivos para aliviar la carga financiera y se nombrará a los responsables de cumplir cada una de las acciones.

Años atrás la institución realizó emisiones internacionales por $1000 millones. La primera fue por $250 millones, en noviembre del 2011, seguida de otra, en mayo de 2012, por el mismo monto.

En mayo del 2013 se hizo la última emisión por $500 millones, a un plazo de 30 años, para mejorar el perfil de la deuda y pagar pasivos de mayor costo.

De momento, las acciones que se llevan a cabo para atender la reestructuración de la deuda consisten en acercamientos con los acreedores para analizar las diferentes soluciones a las que se podría llegar.

Sin embargo, esta tarea recae sobre el director financiero, nombramiento que está pendiente y que se podría realizar en las próximas semanas.

La falta de esta jefatura se suma al recargo de funciones de Jaime Palermo, director corporativo de Telecomunicaciones, quien momentáneamente funge como gerente general interino, designación que estuvo a cargo del anterior consejo directivo y a la que la actual presidenta ejecutiva se opuso.

Sin embargo, su opinión no tuvo peso ante el consejo directivo “por ser minoría”.

A pesar de que la jerarca niega que existan tensiones o una crisis dentro de la institución, una parte sustantiva de las labores recae sobre estas dos figuras.

“En este momento sigo buscando a la persona ideal para asumir esa gerencia general en el marco de la coyuntura en la que estamos. Entonces, yo esperaría que ojalá a finales de este mes (abril) nombremos al gerente general”, dijo la presidenta ejecutiva del ICE.