Para el 2015, fueron los profesionales liberales en actividades de informática y afines los que presentaron la mayor cantidad de declaraciones de renta en cero. Un 67% no se vio en la obligación de pagar el tributo.
El porcentaje restante de informáticos, que no mantuvo la nivelación de sus costos, gastos y deducciones igual a cero, pagó en promedio ¢382.429 de impuesto a las utilidades. Esta actividad económica reunió a 10.894 profesionales para el año pasado.
Los datos se desprenden de una auditoría de carácter especial sobre el impuesto a las utilidades de las personas físicas y jurídicas, con actividad lucrativa, que prestan servicios profesionales, realizada por la Contraloría General de la República (CGR).
El estudio evaluó las declaraciones de 287.593 profesionales presentadas en los últimos cinco periodos pertenecientes a las actividades de Medicina, Odontología, Ingeniería, Arquitectura, Abogacía, Notariado, Contabilidad, Auditoría, Informática y afines y Veterinaria.
En la acera de enfrente, los veterinarios destacan como los profesionales liberales que más pagaron el Tributo. Solo un 42% declaró su renta en cero, y además el monto total pagado fue de los más altos por actividad económica.
En el área Jurídico y de Notariado, el porcentaje de contribuyentes que realizó una declaración igual a cero fue de un 43% para el 2015. Este grupo destaca por tener el promedio declarado por contribuyente más alto (¢826.830) para las actividades estudiadas por el ente contralor.
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El informe indica al director General de Tributación que elabore y ejecute un plan selectivo de control tributario (que incluya acciones de control extensivo e intensivo) sobre aquellos contribuyentes que prestan servicios profesionales, con actividad económica lucrativa y que han declarado cero en el Impuesto sobre las Utilidades.
Además, pide que el funcionario defina e implemente, para las actividades de servicios profesionales, mecanismos adicionales a los existentes, que promuevan e incentiven el uso de medios de pago electrónicos de las transacciones y que permitan un mayor control tributario, conforme a las facultades de la Administración Tributaria. Este informe será objeto de seguimiento de las disposiciones por parte de la CGR.