Casi tres años después de prometer en campaña la presentación de un proyecto de ley de "Transparencia y Acceso a la Información Pública", el Ejecutivo presentó hoy a consulta dos propuestas de proyectos para el acceso a la información pública y a la libertad de prensa.
Los documentos, en consulta hasta el 18 de abril (cuando se presentarían a la Asamblea Legislativa), detallan los lineamientos de acceso a datos públicos en todas las instituciones y procuran despenalizar las acusaciones por delitos contra el honor cuando las denuncias correspondan a un interés público.
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El primero de los textos, "Ley de Acceso a la información pública", obliga a todas las instituciones a publicar, como mínimo, las planillas con el salario bruto de sus empleados, sus directorios institucionales, listado de funcionarios, planes y presupuestos, resultados y mecanismos de evaluación de desempeño, informes de auditoría interna y actas. También les obliga a publicar sus contrataciones administrativas, listas de subsidios, becas, donaciones o exoneraciones, información sobre viajes, gastos de representación o pagos por viáticos a funcionarios, su descripción detallada de servicios brindados, además de los procesos de reclutamiento y contratación de personal.
El texto también otorga, como se dispone en este momento, un plazo de diez días hábiles a las instituciones para responder a las solicitudes de acceso a la información pública, pero las obliga a entregar los datos "de inmediato" en caso de que la información ya haya sido preconstituida. También las obliga a redirigir en un máximo de tres días hábiles la solicitud a otra institución, en caso de que no se tenga la competencia para entregar la información requerida.
La propuesta detalla cuatro excepciones en las cuales puede negarse el acceso a la información: "cuando haya sido declarada secreto de Estado, por afectar la seguridad pública, la defensa nacional y las relaciones exteriores", cuando se trate de "procesos relativos a las relaciones internacionales", cuando "se trate de políticas monetarias y fiscales en etapa previa a su ejecución, cuya divulgación represente un riesgo para el orden público económico o conceda ventajas indebidas" o por la disposición específica de una ley.
Por otra parte, el Proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Prensa pretende despenalizar las acusaciones de delitos contra el honor cuando las denuncias planteadas por la prensa corresponden a asuntos de "interés público".
Los dos textos estarán en consulta hasta el 18 de abril y están disponibles en el sitio web de consultas de Gobierno Abierto.