Muchos han sido los intentos por modernizar la legislación del agua en Costa Rica. No obstante, las iniciativas se evaporan en los pasillos de la Asamblea Legislativa o de la Sala Constitucional.
Uno de los proyectos que ha tocado –reiteradamente y sin mayor éxito– las puertas de la Asamblea Legislativa es la reforma al artículo 50 de la Constitución Política para declarar el agua potable como un derecho humano.
El tema lo revivió el diputado José María Villalta en mayo anterior cuando presentó el proyecto Adición de un Párrafo al Artículo 50 de la Constitución Política (21.382), con la firma de los 57 diputados.
Para conocer el destino de los proyectos que hacen referencia al agua y al consumo humano, EF consultó el archivo en línea de la Asamblea Legislativa. De las 11 iniciativas encontradas, siete derraparon en los últimos 17 años y cuatro están en trámite, según el programa SIL del Departamento de Servicios Parlamentarios.
La lucha por la protección del agua
El proyecto que actualmente se estudia en el Congreso tiene como objetivo llenar un vacío que existe en la Carta Magna. A pesar de que ahí se reseñan los recursos naturales más valiosos, no se hace referencia al agua, según Villalta.
“Está a nivel legal, pero no en la Constitución. Se quiere reforzar la protección al rango constitucional por ser un recurso que cada día es más escaso. Es necesario que sea garantizado y que exista prioridad para las poblaciones humanas”, agregó Villalta.
En la misma línea opina Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), quien considera que el proyecto mantiene el agua como un bien de dominio público.
“Costa Rica ya tiene incorporado el acceso al agua como un derecho humano fundamental; nosotros lo tenemos, pero no a rango constitucional”, agregó.
Esta no es la primera vez que se quiere hacer cambios al artículo 50 de la Constitución Política: en el 2012, una iniciativa que se tramitaba bajo el expediente 18.468 obtuvo dictamen negativo y no vio más la luz, mientras que otra que estaba bajo el número 17.793 tuvo vencimiento del plazo cuatrienal y se archivó en el 2018.
Iniciativas que se secaron
Además de esas dos iniciativas, existen otras cinco que no lograron sobrevivir los procesos de la Asamblea Legislativa o la Sala Constitucional.
Este es el caso del Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, una iniciativa popular que ingresó al Congreso en el 2010 y que en el 2017 recibió un texto sustitutivo impulsado por el diputado liberacionista Juan Marín. Después de ser aprobado en primer debate, se envió a la Sala Constitucional, la cual lo declaró inevacuable, ya que en el momento de la consulta se habían agotado los plazos previstos en la Constitución para el trámite y la votación del proyecto.
Tampoco pasaron el tamiz de la Asamblea el proyecto Modificación a la Ley General de Agua Potable N.° 1.634 (14.427), el cual se archivó en el 2005, ni el proyecto Reforma a la Ley de Aguas N.° 276 (14.221) que tuvo dictamen negativo en el 2002.
La misma suerte corrió el proyecto Ley de Aguas (17.694), con un dictamen negativo en el 2014. El proyecto Reforma Constitucional para Garantizar los Derechos Fundamentales a la Salud y el Acceso al Agua (17.795), que pretendía reformar el artículo 21, tuvo vencimiento del plazo cuatrienal y se archivó en el 2018.
Actualmente están en trámite cuatro iniciativas: el proyecto Reforma al Artículo 14 y Adición del Artículo 14 bis de la Ley General de Agua Potable N.° 1.634 del 2 de octubre de 1953 (19.868), el Proyecto Derogatoria del Artículo 69 de la Ley de Aguas (19.912) y el proyecto Ley para Regular el desperdicio del agua en Costa Rica (20.828). Estos tres se encuentran en la Comisión Permanente Especial de Ambiente.
Por su parte, el proyecto Adición de un Párrafo del Artículo 50 de la Constitución Política para Reconocer y Garantizar el Derecho Humano de Acceso al Agua (21.382) está en proceso de lectura ante el Plenario.
Colaboró la periodista María Luisa Madrigal