El Instituto Nacional de Seguros (INS) destinará ¢10.000 millones para financiar el programa Mi Primer Empleo, que pretende fomentar la contratación de 30.000 mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.
La estrategia del Gobierno consiste en dotar de ¢1,4 millones a cada empresa que contrate a un trabajador con estas características y lo mantenga dentro de su planilla durante más de un año.
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El aporte del INS se hará en dos tractos, uno de $5.000 millones en el 2016 y otro igual en el 2017. Este dinero corresponde al 23% de todos los recursos que necesitará el Ejecutivo para impulsar el proyecto, cuyo costo total es de ¢43.680 millones.
Según el Ministerio de Trabajo, hasta el jueves se habían inscrito 150 empresas en el programa, que funciona mediante una plataforma en línea, y cerca de 4.000 personas.
En este primer año se pretende aumentar en 10.000 las personas contratadas en condiciones formales en este país, contó el ministro de Trabajo Victor Morales Mora.
Según el abogado especialista en seguros, Said Breedy, la única vía para que el INS otorgue dinero al Gobierno es por medio del 25% de las ganancias anuales que debe entregar, de lo contrario, cualquier erogación podría ser ilegal.
El artículo 10 de la Ley de Seguros establece que las utilidades del INS después de impuestos se deben distribuir en un 75% para la propia institución como medio para capitalización y el restante 25% se otorga al Estado costarricense.
Para Breedy, si el INS toma dinero de sus utilidades podría afectar el operación y el equilibrio de la empresa.