Un grupo de cinco fracciones legislativas empezaron a construir un muro para frenar los proyectos de reforma fiscal del Gobierno.
Su intención es que esos planes no logren llegar a su aprobación definitiva o, al menos, que sufran modificaciones sustanciales.
Se trata de las bancadas de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario (ML) y Alianza Demócrata Cristiana (ADC)
Hace una semana el Poder Ejecutivo anunció dos proyectos para reformar los impuestos sobre la renta y sobre las ventas para recaudar un 2% del PIB adicional por año.
La urgencia de recursos frescos del Gobierno la evidencia un apremiante déficit fiscal que el año pasado cerró en un 5,7% del PIB.
En contra
Sin embargo, este miércoles se unió el PUSC al bloque que critica los proyectos para ampliar el cobro de la renta y para convertir el tributo sobre ventas en el impuesto al valor agregado (IVA).
Los socialcristianos coinciden con las otras cuatro bancadas en que antes de llegar al Parlamento a solicitar el aval al aumento de los impuestos, el Gobierno debe dar señales claras de recorte en el gasto público y de que Hacienda está recaudando mejor en la actualidad.
Es la posición que han asumido desde hace una semana otros sectores, como cámaras empresariales, economistas y abogados expertos en tributos.
“Entonces, le reitero al Poder Ejecutivo: el PUSC será firme en no aprobar ajustes tributarios mientras no se demuestre una efectiva disminución del gasto publico y se implemente una eficiente recaudación de los impuestos existentes. Exigimos resultados concretos y contundentes", advirtió la diputada socialcristiana Rosibel Ramos.
Cada uno con sus dudas
A principios de esta semana los diputados del PLN anunciaron que darán guerra a la propuesta de Hacienda de gravar con el impuesto sobre la renta a todas aquellas cooperativas que no hayan sido declaradas como micro, pequeñas y medianas empresas por el Ministerio de Economía (Meic), o bien, que ofrezcan servicios como la energía eléctrica.
En el anuncio estuvieron presentes dos diputados del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Zapata y Javier Cambronero, así como Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense y Carmen Quesada, del ML.
Este último partido, además anunció que se opone en general a la decisión del Gobierno de ir por más ingresos, dado que no se les ha mostrado un plan concreto sobre el destino que se les dará a esos nuevos recursos.
Por otra parte, el FA ya anunció que combatirá la intención del Poder Ejecutivo de aumentar de un 13% actual a un 15% la tarifa del IVA. La oposición de ese partido se basa en el impacto que causará el incremento en los bolsillos de todos los consumidores, sin distinguir entre clases sociales.
El PUSC, igual que el Frente Amplio, optó por la misma opción de desmarcarse de su socio, el Gobierno, en su intentona por acarrear más dinero al erario.
Los socialcristianos tampoco están a favor de crear el IVA, no avalan el cobro de renta a los bancos del Estado, a las cooperativas, no comparten la propuesta de gravar el exceso de la cesantía superior a 8 años, ni cobrar un 25% a los salarios superiores a ¢4,4 millones pues, afirman, implica un golpe a la clase media.
La fracción rojiazul mete en la danza también el proyecto de "Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal", al que también se oponen los libertarios y el PLN, por considerar que contiene nuevos impuestos disfrazados, pese a que el Gobierno niega esa tesis.
Sumas y restas
De endurecerse la amalgama entre esas bancadas, las reformas a renta y a ventas llegarían a mediados de abril al Congreso con más de 37 diputados en contra, mayoría suficiente para bloquear cualquier intento del Ejecutivo por mejorar la situación fiscal del país.
Las sumas y las restas preliminares dejarían en poder del Gobierno a unos 19 diputados con quienes negociar sus votos para aprobar las propuestas de ley, cantidad que resultaría insuficiente para legitimar políticamente la reforma fiscal.
Aunque, matemáticamente, esa cantidad de diputados podría significar un comienzo prometedor, e incluso, alcanzarle al Gobierno para concretar la reforma fiscal.
Lo anterior en caso de que los proyectos de ley no necesiten más que una votación por mayoría simple (mitad más uno de los diputados presentes) para convertirse en leyes.
Si el oficialismo decidiera aplicar un procedimiento abreviado para tramitar los proyectos, entonces requerirían mayoría calificada para su votación (38 votos).
El proceso de discusión de las iniciativas, aún en borrador y en consulta pública, se vislumbra tan complejo como el que han enfrentado reformas tributarias anteriores.