El candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Johnny Araya, aseguró esta mañana ser víctima de "una maniobra" en medio de la campaña electoral.
Así se refirió a la notificación que recibió de la Dirección General de Tributación en su casa, en Rohrmoser, en presencia de periodistas.
En una entrevista con ADN Hoy, en 90.7 FM, el político criticó no solo el trámite, sino también las informaciones publicadas sobre el caso.
Araya insistió en descartar alguna anomalía con la declaración de sus impuestos y explicó que la entidad le solicitó información sobre algunas transacciones que aún no le han podido detallar.
"A mí me piden información de cinco compras que aún no sé de qué se tratan, pero no tienen nada que ver con negocios lucrativos", manifestó el postulante presidencial.
"Me llama la atención que el notificador llega con 20 periodistas a mi casa y que fue notificada la prensa por Albino Vargas, secretario general de la ANEP (Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados). Es toda una maniobra en mi contra y con lo primero que llegan es que a Johnny Araya lo están notificando por evasión fiscal. Eso empieza a circular en redes y resulta que no se trata de evasión fiscal sino que me estaban pidiendo información, como se la piden a cualquier ciudadano", dijo el candidato en tono enérgico.
Este medio intentó comunicarse con el secretario de la ANEP, Albino Vargas, pero su encargado de comunicación Eugenio Guerrero, dijo que el dirigente se encuentra en una reunión.
Para Johnny Araya, esto se trató de un "show" periodístico en plena campaña electoral.
Carlos Vargas, director de Tributación, explicó, también esta mañana en adn Radio 90.7 FM, que se trató de una diligencia igual a la que se está haciendo con unos 2.000 contribuyentes que omitieron la declaración informativa, cuyo plazo para presentarla venció el 30 de noviembre.
" Todos los contribuyentes tienen el deber de presentar una declaración informativa donde consignen las transacciones, ya sea de compra de bienes y servicios o de prestación de servicios profesionales, con un límite al 30 de noviembre de cada año, respecto a las operaciones realizadas del período fiscal, en este caso, del 1.° de octubre del 2012 al 30 de setiembre del 2013", explicó Vargas.
El candidato presidencial aseguró que hoy tendrá los detalles, pues solicitó a su abogado y a su contador indagar, pero adelantó que de los datos reclamados por Tributación uno corresponde a la compra de un vehículo para uso personal y otro de un juego de muebles, lo cual no tendría por qué incluirlo en ninguna declaración.
Como parte de los datos solicitados también está un pago al Instituto Nacional de Seguros (INS) por ¢160 millones, cuyo origen Araya dice desconocer.
"¡¿Cuándo? Nunca he tenido esa cantidad de dinero en mis manos!", expresó.
A Araya se le cuestionó por la llamada que realizó al ministro de Hacienda, Edgar Ayales, tras la notificación.
El candidato respondió que lo hizo para pedirle información y saber adónde acudir ante el hecho con que se le estaba afectando.
"Yo no llamé para reclamar al ministro sino para pedir información. Me parece que estaba siendo objeto de una acción irregular por parte del Ministerio de Hacienda y tengo todo el derecho de ver cómo me explican porque están haciendo todo eso", explicó.
El líder verdiblanco rechazó además que su llamada se pudiera interpretar como un favor. "No hubo un favoritismo desde el Ministerio de Hacienda para Johnny Araya; lo que están haciendo es un gran daño a Johnny Araya desde el Ministerio de Hacienda", señaló.
Luego, ante la reacción en redes sociales sobre esa llamada, Araya sostuvo que si lo veían como un error, él nunca ha tenido reparos en reconocer errores, y justificó que lo hizo en un momento de confusión ante la llegada del notificador con un grupo de periodistas.
"Todos los que están opinando en relación a eso y si yo tengo que reconocer ese error lo reconozco, es de humanos equivocarse y probablemente no fue la mejor decisión haber hecho esa llamada al señor ministro".
En tanto, Carlos Vargas informó de que ya pidió un informe a la Administración Tributaria sobre cómo y quien filtró la información, pues incluso podría tener consencuencias penales.