Convencido de que se debe implementar una reforma tributaria que cierre los portillos que permiten la elusión y evasión, el candidato del Frente Amplio propone aumentar la carga tributaria con un carácter progresivo. Pretende reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta y otras leyes que gravan directamente la riqueza y el consumo de bienes que no son de primera necesidad. Dentro de su plan menciona eliminar la Ley de Concesiones y visualiza una reforma del Estado que reduzca la burocracia, mejore la eficiencia y prestación de servicios, aumente la inversión en infraestructura y fortalezca la capacidad ejecutora del MOPT.
- Reforma fiscal
¿Quiere reforma fiscal sí o no?
Sí, no solo para resolver el problema del déficit fiscal, sino porque los servicios públicos requieren más recursos para financiarse. Es decir, si queremos servicios de educación de primer nivel, necesitamos más recursos. Además, una reforma fiscal marcadamente progresiva puede ser un mecanismo que ayude a reducir otro grave problema que tiene el país: el crecimiento de la desigualdad en el ingreso, en la desigualdad social.
¿Cómo aumentaría la inversión social?
Con varias medidas. Queremos que los recortes del gasto no golpeen los programas sociales que están establecidos en la Constitución y que son ese núcleo duro para garantizar los derechos humanos de las personas más vulnerables. Es decir, si tenemos que recortar, nos enfocaremos en otros programas y no en los sociales.
¿Cómo cuáles?
Otras áreas del Gobierno ¡Idiay! este Gobierno ha gastado demasiado en publicidad, en consultorías, en viajes y ha inflado las plazas administrativas en áreas que para nosotros no serían las más prioritarias.
“Una segunda medida es lograr un gasto más eficiente. Es decir, no es un asunto solo de incrementar la plata, es que hay algunas instituciones que tienen altísimos niveles de subejecución, con un superávit superior al 50% de sus recursos. Queremos lograr un gasto más eficiente y que se ejecute mejor y más oportunamente el dinero, que se reduzca la corrupción, el clientelismo y también que se promueva una redistribución interna de los recursos. Hay instituciones que podrían prestar mejores servicios si más personal y más recursos se orientan a la atención del usuario y menos a funciones administrativas y burocráticas.
Las instituciones son muy grandes y hay duplicidades. ¿No es necesario hacer instituciones más pequeñas y que sean más eficientes?
Esa sería nuestra última opción. Nuestra hipótesis es que en la mayoría de instituciones falta personal para las tareas sustantivas. Puede ser que en la parte burocrática administrativa haya gente haciendo nada o haciendo duplicidades, pero en la mayoría de instituciones falta más bien personal sustantivo, de atención al usuario.
¿Realmente cree que con eso puede enfrentar un déficit fiscal del 4,3% del PIB?
No me dejaron terminar mi respuesta. Es necesario hacer un uso más eficiente de los recursos reordenando internamente las instituciones para que más dineros vayan a la prestación de servicios.
“Necesitamos una reforma tributaria con varios componentes, que cierre portillos que hoy permiten una elusión y evasión inmensa, y aumentar la carga tributaria con un claro carácter progresivo. Esa sería nuestra receta.
“Los otros componentes van de la mano y consisten en un mejoramiento de los ingresos a través de la mejora de la recaudación y cerrando portillos y decretos que permiten el contrabando. Necesitamos subir la carga tributaria a través de reformas progresivas. No vamos a ponerle impuestos a la clase trabajadora, a la clase media, a los servicios de salud, servicios de educación ni a los productos de la canasta básica. Nuestra propuesta es reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta y otras leyes que gravan directamente la riqueza o consumo de bienes que no son de primera necesidad y cerrar los huecos que hoy hacen que los sectores más adinerados de la población no estén contribuyendo de acuerdo con su ingreso real.
- Simplificación de trámites
Usted no quiere un Estado más pequeño. ¿Para usted, la queja de tramitomanía, como una limitación a la competitividad empresarial, tiene sentido?
Está en nuestro plan abordar este problema, nada tiene que ver el exceso de trámites con el tamaño del Estado. Cualquiera que conozca de verdad el Estado costarricense sabe que tenemos un Estado que funciona como islas, que no coordina, que tiene mucha burocracia derivada del clientelismo y politiquería y servicios sustantivos débiles. Tenemos un Estado con una panzota y unas manitas chiquititas que no alcanzan para cumplir las enormes tareas que tiene por delante.
“Se necesita una reforma del Estado que distribuya los pesos dentro de ese cuerpo, fortalecer las manos y brazos para cumplir mejor su tarea y reducir la burocracia que es el objetivo central de la simplificación de trámites”.
¿Cómo se hace eso si usted dice que no va a reducir el número de personas que están en las instituciones?
Lo que hay que hacer es ampliar la funciones sustantivas de la prestación de los servicios y reducir trámites innecesarios.
“Debe existir una directriz clara, que sea un programa coordinado desde Casa Presidencial para los ministros. Es decir, el único que puede bajar directrices y ordenarle a todos los ministros que se alineen y coordinen y reduzcan requisitos innecesarios es el presidente con una coordinación clara. No lo hemos tenido hasta ahora porque todos los ministerios son feudos y cuotas de poder de quienes ayudaron en campaña”.
Pero si el presidente se dedica a esa tarea, se le irá el Gobierno en eso...
La Ley General de Administración Pública da a los presidentes herramientas que dan directrices, órdenes y mecanismos claros de coordinación que no se utilizan y son parte esencial de gobernar. Gobernar y tener firmeza no es volarle garrote a los manifestantes en la calle; tener firmeza es hacer cumplir la ley y las jerarquías, empezando por los de arriba, por los propios compañeros de gobierno y eso se puede hacer con voluntad política. No es que el presidente se va a dedicar a eso, hay muchas tareas por resolver; pero un presidente que se preocupe de que los trámites en la instituciones funcionen bien, sería muy valorado por el pueblo. ¿Cómo es posible que en algunas instituciones sigan las filas interminables y que no apliquen mecanismos electrónicos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no lo hacen? ¿Han hecho el intento de asegurar a un trabajador? ¿De modificar una planilla? Es un calvario total.
¿Usted se inclina por la digitalización, revisión de trámites o eliminación de trámites? ¿Cuáles serán sus medidas?
Queremos coordinar todas las instituciones desde Casa Presidencial con directrices claras sobre simplificación de cada trámite y que se fiscalice el cumplimiento con base en la ley, porque la ley está pero no se cumple.
“Vamos a digitalizar los trámites. La tragedia en la CCSS es porque esta institución no tiene contabilidad de costos, ni siquiera sabe cuánto le cuesta una determinada operación; no puede saberlo, no tiene sistemas informáticos que permitan hacer las cosas básicas que requiere cualquier empresa para sobrevivir. Hay que cambiarlo.
“Hay que aplicar las multas y en algunos casos los regímenes disciplinarios. Es inaudito que sea tan difícil despedir o sancionar a un funcionario corrupto al que se le ha probado un acto de corrupción, un acto de negligencia, de ineficiencia. Es una barbaridad que se le den tres años de vacaciones pagadas si se le ha comprobado una falta grave.
“Lo principal es ejercer la función de rectoría y coordinación que tiene el Poder Ejecutivo y que hoy no está ejerciendo”.
- Reforma del Estado
¿Cuáles serán sus prioridades realizables en cuatro años?
En cuatro años es posible reformar las instituciones para reducir la parte administrativa burocrática y mejorar la prestación de los servicios. Que el Estado sea más eficiente y que haya más personal en atención directa del usuario.
“Hay instituciones que son clave para nosotros, como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Patronato Nacional de la Infancia. A todas aquellas que tengan que ver con reducir los niveles de pobreza les daremos atención prioritaria.
“Un área prioritaria es la de infraestructura. Lo que ha pasado en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es buen ejemplo de una reforma fallida del Estado.
“Por una ideología, se tomó la decisión de que el MOPT no debía ejecutar más obras y contratar todo de particulares. Crearon una gran estructura burocrática para supuestamente contratar todo de particulares. Crearon el Conavi y su junta directiva, donde metieron a todo el mundo – hasta a una regidora de Siquirres cuestionada–. El Conavi hoy vive en lo peor de los dos mundos, esa es la paradoja de la reforma del Estado que tenemos: no logró reducir la burocracia ni mejorar la atención a los usuarios. No logra fiscalizar los abusos del sector privado y generó prácticas monopólicas con dos empresas que concentran la mayor parte de los contratos de obra pública.
“En el caso del Conavi, la idea es eliminar esa junta directiva, todo ese montón de pegabanderas ganando dietas injustificadamente, fortalecer la capacidad del MOPT como órgano rector con un brazo ejecutor y simplificar los procedimientos de contratación con el sector privado, para que sea más transparente y para que se democraticen las compras del Estado y hayan más opciones para empresas pequeñas y locales”.
- Seguridad ciudadana
La tasa de delitos está disminuyendo pero hay cárceles saturadas, reos liberados o transferidos ¿Encarcelaría menos? ¿Construiría más cárceles?
A corto plazo es urgente invertir mejor esos $50 millones del empréstito firmado con el BID para infraestructura carcelaria. Hay que hacerle modificaciones para que vaya más a la infraestructura. Resolver el problema inmediato, no se puede liberar un reo solo porque no hay campo si no se le da seguimiento y si no se promueve que se reinserte en la sociedad.
“Urge invertir más recursos en resolver el problema de infraestructura, ejecutando mejor y eventualmente renegociando el préstamo del BID, o negociando una ampliación de de los recursos.
“En el mediano plazo, es necesario reformar la legislación penal para desarrollar un sistema de penas alternativas para delitos de poca gravedad, que no impliquen un riesgo a la vida de las personas, que no sean de crimen organizado, que hoy están saturando las cárceles y que podrían resolverse con salidas alternativas. La cárcel debe reservarse para los delitos más graves. Sí hay que reformar la legislación penal, para establecer salidas alternativas a la prisión cuando sea posible. Hay que aprobar la ley de los brazaletes electrónicos, penas alternativas de prestación de servicios de utilidad pública, cumplimiento de instrucciones como trabajo estable, estudiar y llevar programa de rehabilitación de adicciones.
“Vamos a implementar un programa entre el Ministerio de Justicia y el de Trabajo para dar garantía y apoyo a aquellas personas que han cumplido condena o que están en libertad condicional y que no les dan trabajo porque su hoja de delincuencia está manchada.
“A largo plazo, pretendemos fortalecer los programas sociales que dan atención a los barrios más vulnerables, unir programas de bono comunal y recuperación de espacio público, generación de empleo y oportunidades de estudio”.
- Infraestructura
Un análisis de 28 fondos de pensión a nivel mundial revela que los fondos en promedio invierten 4,2% de sus recursos en infraestructura. Si se aplica en Costa Rica, con ese 4,2% igual quedaría una brecha. ¿Por qué usted no habla de la concesión privada?
No se deben rechazar los esquemas de cooperación o contratación con el sector privado. No apoyamos el modelo de concesiones que implica trasladarle al sector privado la administración del servicio público o el control de las carreteras, porque los bienes y la infraestructura pública estratégica no deben estar bajo control privado; deben estar en control de la colectividad.
“Los esquemas de concesiones como están hoy en la Ley de Concesiones le trasladan demasiados riesgos al Estado, encarecen los proyectos y no funcionan bien.
“Habría que eliminar esa ley y promover otros esquemas de contratación más transparentes donde no se transfiera el control de la obra.
“No descarto esquemas de colaboración con el sector privado, pero las concesiones como están en la Ley hay que replantearlas, hay que revisar el plan de infraestructura porque está cargado de la creencia falaz de que el problema del transporte lo vamos a resolver únicamente ampliando la capa asfáltica, construyendo o ampliando más carreteras. Eso es una visión superada.
“Si Costa Rica invierte más en el desarrollo de medios alternativos de transporte podríamos tener un transporte público más eficiente que reduciría las necesidades de transporte particular y saturación de las vías, y por ende, la necesidad de seguir ampliando carreteras.
“Debemos electrificar la red ferroviaria que está casi abandonada y que comunica San José, Heredia, Alajuela y Cartago, para establecer un sistema de trasporte eficiente y que desincentive que la gente saque su vehículo para transportarse, porque eso es lo que provoca la saturación.
“La solución al problema del transporte se llama tren eléctrico de la GAM”.