El uso de normas contables bajo prácticas uniformes facilita la comparabilidad y el análisis de los estados financieros entre diferentes compañías y/o entidades.
En Costa Rica, desde hace años se aplican las Normas Internacionales de Información Financiera como marco contable de referencia. Esto facilita la lectura de datos financieros bajo una sola interpretación. No obstante, el sector público ha estado exento de esta práctica, puesto que se rige bajo los Principios de Contabilidad Aceptados para el Sector Público Costarricense.
El Gobierno, mediante el Decreto No. 36961-H, establece un cambio importante en este sentido y es la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) a partir del 1.° de enero de 2016.
La medida implica un cambio cultural hacia el reconocimiento contable bajo el método del devengado, el cual establece registrar las transacciones en el momento en que ocurran sin que haya siempre necesidad de mediación del efectivo.
Existen factores externos que hacen ver que el cambio hacia una base común es necesario: hay más demanda de la información del Estado y sus instituciones, más exigencia y transparencia en la rendición de cuentas a todos los niveles de gestión pública, más protagonismo de la ciudadanía en las tareas de control y existe una tendencia internacional que exige un cambio en el país.
La aplicación de las NICSP es una práctica recomendada por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros.
Las NICSP serán aplicables a las entidades del sector público, más no a las empresas públicas. La diferencia radica en que estas son capaces de generar su propio efectivo, velan por sí mismas y no dependen de un presupuesto que les deba dar el Estado. Las bases contables de aplicación para las empresas públicas son las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), o las bases regulatorias de los conglomerados financieros, las cuales están basadas en las mismas NIIF.
Este cambio hacia la uniformidad contable implica que las entidades del sector público deban registrar partidas en sus estados financieros y utilizar métodos y especialistas que hasta el momento no eran consideradas como parte del proceso contable.
El registro de activos y pasivos, el registro de provisiones, el reconocimiento del valor razonable de sus activos y pasivos financieros, la utilización de actuarios para el registro adecuado de provisiones laborales mediante estudios matemáticos, especialistas en valuación de activos y métodos para el reconocimiento de algunos activos como ganado, reservas forestales, parques nacionales, playas, riquezas naturales del país, entre otros muchos, deberían ser considerados, valorados o revelados en las notas a los estados financieros, según el tipo de entidad a la cual pertenezcan.
La adopción de las NICSP con- lleva un reto para las instituciones del sector público: la unificación de la contabilidad nacional a través de la Dirección General de Contabilidad Nacional (DGCN), órgano rector en materia contable del sector público. La DGCN deberá consolidar, como Contabilidad Nacional, los estados financieros de todas las entidades del sector público.
La unificación contable permitiría la generación de información financiero-contable del Estado, la proyección de la información hacia la comunidad y la fijación de los estándares contables de las entidades públicas.
Es por esto, y por la necesidad de contar con la experiencia y el respaldo de expertos en normas contables, que las instituciones públicas deben emprender en forma inmediata, la carrera final para estar al punto para el 1.° de enero de 2016.