Se dice que desde los inicios del hombre mismo, existe la migración y los flujos migratorios de pueblos enteros por razones diversas como cambios climatológicos, guerras, desigualdades, etcétera, situaciones como la que vive el grupo de cubanos varados en territorio costarricense.
Hoy, aunque persisten estos fenómenos, los Estados y sus políticas migratorias enfrentan un nuevo desafío ante la creciente Inversión Extranjera Directa en países en desarrollo, donde el buen funcionamiento del aparato migratorio se convierte en una ventaja competitiva.
La crisis migratoria de los ciudadanos cubanos en el país le pone rostro al fenómeno migratorio. Los retos y complicaciones que conllevan migrar para el viajero y los retos que representan estas migraciones para los países que se encuentran en la ruta de paso de los viajeros, hacen que se debatan entre su política migratoria y el respeto a todo ser humano, circunstancias que el Derecho Internacional tutela.
En el caso de Costa Rica, el ordenamiento provee seguridad al costarricense para no menoscabar los derechos y garantías que el Estado está en la obligación de proporcionarle y también provee al migrante, que busca mejores oportunidades y formas de salir adelante fuera de su patria, condiciones mínimas que garanticen su dignidad y humanidad.
Más que papeleo
El Derecho Migratorio se ha visto como un trámite y como una recopilación de requisitos. Pero este trámite marca la legalidad de la estancia de una persona en un país diferente del de su origen, donde debe poder desempeñarse de igual forma que en el que nació y que provee de una base de igualdad de derechos fundamentales, tanto para nacionales como para extranjeros, que deseen vivir en un determinado territorio.
En países como Costa Rica, donde buscamos salir del subdesarrollo y atraemos inversión extranjera, debemos ser conscientes de que la maquinaria migratoria debe funcionar como un motor recién aceitado.
El correcto funcionamiento del aparato estatal migratorio de un país representa una gran ventaja competitiva frente a otros países. No es casualidad que busquemos agilidad y eficiencia por medio de diferentes herramientas, como La Ley de Simplificación de Trámites, que busca celeridad y que al final eso se traduzca en competitividad.
La estadía en regla de un inversionista que generará empleos a costarricenses, que elevará el nivel de exportación y que trae consigo mejores condiciones también para nacionales, produce estabilidad a cientos de trabajadores y, por ende, a cientos de hogares costarricenses.
Ello implica un aparato estatal que, en lo migratorio, sea ágil, sólido, rápido, humano, pero por sobre todo, eficiente para que la inversión extranjera llegue sin trámites innecesarios, pero con la observancia plena del ordenamiento jurídico.
Como un efecto directo de la globalización, nos encontramos frente a un fenómeno migratorio no de pueblos, sino una “migración” de empresas multinacionales y a lo que se le ha denominado como la nueva división internacional del trabajo.
Bajo este esquema y en busca de competitividad, las empresas mueven partes de su producción industrial de componentes o partes a diferentes lugares del mundo.
Este fenómeno es el que debe atraer un país como el nuestro, donde el fortalecimiento del aparato estatal migratorio se debe volver una ventaja frente a otros países.
Mientras que muchos consideran que el Derecho Migratorio es meramente tramitología, no debemos olvidar que la importancia de él reside en que es la base de una inversión extranjera sólida, la migración armoniosa de personas que buscan una vida mejor, una vida sin guerra y también, que su observancia protege el derecho al trabajo de los nacionales y extranjeros.
Este constituye un instrumento de paz social, que concilia principios fundamentales del ser humano, con el intercambio positivo de conocimientos académicos, tecnológicos y laborales entre los pueblos, promoviendo sana inversión entre países.