Desde el 27 de mayo el mundo deportivo del fútbol vive una crisis, luego de que una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos culminara con la detención de funcionarios de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), en Suiza.
Según el Departamento de Justicia, la mayoría de los esquemas alegados en la acusación se refieren a la solicitud y recepción de sobornos y comisiones ilegales por parte de funcionarios de fútbol a los ejecutivos de marketing deportivo en relación con los derechos de comercialización asociados con torneos de fútbol.
En tres escenarios, EE. UU., Costa Rica y Suiza aplican su normativa penal de forma independiente, pero en apego a las reglas de cooperación internacional.
Derecho a servicios honestos
De acuerdo con la acusación, al menos tres de los principales delitos se fundamentan en la ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas (RICO, por sus siglas en inglés), el lavado de dinero y la conspiración de fraude electrónico.
Una de las preguntas que más ha surgido es ¿por qué la fiscalía estadounidense, siendo un ente público, se involucró en un tema donde son empresas privadas las investigadas? La principal respuesta parece estar en la violación del derecho intangible de “servicios honestos”.
De acuerdo con la Ley RICO, la Fiscalía considera a FIFA como una empresa criminal, por lo que pueden perseguir a los imputados independientemente de su ubicación geográfica.
Al aceptar el pago de los sobornos, los imputados le quitaron a FIFA y, por ende, a las federaciones, dinero que permitirían llevar a cabo inversiones en infraestructura o el desarrollo del talento deportivo de niños y jóvenes.
Analizado desde esta perspectiva, los detenidos violaron la confianza depositada en ellos por la FIFA como una entidad privada, en unión a las empresas de mercadeo deportivo, también privadas, por lo que la Fiscalía puede investigar lo ocurrido.
Costa Rica investiga
En Costa Rica, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales abrió una investigación para determinar si existió alguna legitimación de capitales, a partir de los dineros supuestamente recibidos por Eduardo Li, presidente de la Fedefútbol quien figura como unos de los sospechosos.
De acuerdo con el artículo 4 del Código Penal, la Fiscalía local no hubiera podido investigar los delitos señalados, ya que ninguno fue cometido en territorio nacional. Sin embargo, al no estar concluida la investigación, podrían aparecer elementos que permitan a Costa Rica conocer sobre estos hechos porque estos puedan producir resultados en el país.
La justicia costarricense por medio de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (Oatri) podría desempeñar un papel importante en caso de que EE. UU. solicite ayuda para recabar prueba en Costa Rica.
El país cuenta con figuras legales como la Ley contra la delincuencia organizada, o asociación ilícita para sancionar hechos similares a los denunciados.
Sin embargo, existen diferencias en cuanto a las sanciones que se pudieran aplicar. La principal es que en EE. UU. cada delito es juzgado y sancionado de manera independiente, mientras que en Costa Rica existe normativa mediante la cual diferentes delitos se analizan en conjunto y se terminan penalizando como uno solo. Estos se conoce como concurso.
Extradición
Las detenciones en Suiza fueron una acción que podría catalogarse como de oportunidad, ya que para el día de los hechos, el Departamento de Justicia de EE. UU. tenía certeza de que encontraría reunidos a los imputados.
Ahora este país europeo es partícipe en dos procesos diferentes. Las autoridades decidieron abrir una investigación penal propia para determinar la posible comisión de algún delito en su territorio y será parte fundamental en la aprobación de la extradición de los imputados.
Será un juez de Suiza quien deba analizar el tema de extradición de los dirigentes detenidos y adoptar una decisión. En Suiza, los involucrados tienen la posibilidad de apelar la resolución, lo que podría alargar en tiempo su salida de este país.