He leído comentarios de altos funcionarios públicos, señalando cómo las empresas dentro de los procesos de contratación pública no hacen más que presentar recursos de objeción y apelación, de forma irrestricta y antojadiza. Y que en razón de estos recursos, se generan atrasos en la obtención de los bienes y servicios.
Sin embargo, es necesario preguntarse ¿quién es el responsable de elaborar el cartel?
¿Qué es un cartel?
El cartel es un reglamento técnico. En él se señala qué es lo que el Estado desea comprar, y cómo desea que este bien o servicio sea realizado. Simplificándolo al máximo: Yo, Estado, quiero que me construyan una casa, y preparo para esto un cartel con las especificaciones técnicas, indicando que todos los desagües deben terminar en medio de la sala.
¿Qué es un recurso de objeción?
Es el medio por el cual las empresas tienen el derecho y la obligación de colaborar con el Estado, apuntando las deficiencias del cartel. Independientemente de que estas sean técnicas, financieras, económicas o legales.
Siguiendo con el ejemplo anterior , mediante el recurso de objeción la empresa le puede indicar al Estado: ‘Disculpe, pero ese cartel señala que el desagüe debe estar en la sala. ¿Es esto correcto?’
Al demostrarle al Estado la inconsistencia localizada, este debe modificar el cartel.
¿Qué pasa si no se presenta el recurso de objeción?
Supongamos que la empresa no presenta la objeción, como pretende el Estado, y no señala el problema del cartel.
Cuando la empresa finaliza con la construcción de la casa, el Estado, previo a recibir las obras podría preguntar por qué el desagüe está en la sala.
La respuesta de la empresa será que así se le solicitó. Ante la insatisfacción, el Estado podría no recibir la obra ni pagar. Aquí comienzan las peleas interminables, la multas y los procesos judiciales que terminan generando un mayor gasto público.
¿Qué es el recurso de apelación?
En el recurso de apelación cambia un poco la dinámica.
Por ejemplo, el Estado indicó en el cartel que iba a contratar a alguien que hubiese construido al menos dos casas, con el objetivo de encontrar a una persona con experiencia. Al final del proceso, el Estado contrata a un veterinario para la obra.
La empresa puede indicar que el cartel establecía parámetros de elegibilidad que no se están cumpliendo. Ante lo cual, el Estado se encuentra en la obligación de adjudicar a la empresa que efectivamente cumpla con los requerimientos originales.
¿Y si no se presenta apelación?
En caso de que no se presente el recurso de apelación como lo pretende el Estado, no le pasa nada a la empresa que no apeló la adjudicación.
Los perjudicados son los costarricenses, en tanto se toma el dinero público para contratar a una persona que no tiene la experiencia necesaria. Entonces esta construye el desagüe en medio de la sala y tras de todo hace el desagüe mal.
Estos ejemplos son claramente extremos y simplistas, pero estos son medios de ilustración.
No obstante, es innegable la existencia de inconsistencias en prácticamente la totalidad de los carteles realizados por el Estado, que van desde la compra de papel, hasta la construcción de aeropuertos.
Es necesario comprender que el Estado construye la casa en la que todos vivimos, y estamos agotados de ver cómo las aguas negras inundan la sala y de cómo los principales obligados no aceptan su responsabilidad.
Es cierto que existen empresas que se toman la libertad de presentar recursos sin fundamento jurídico, no obstante, la ley prevé sanciones para aquellas que incurren en estas práctica.
Las empresas tienen el derecho y la obligación de colaborar con la administración y apuntar las deficiencias en los reglamentos técnicos del Estado, esto no es algo incorrecto.
Las deficiencias del cartel no son ni serán nunca responsabilidad de las empresas, sino de quien los prepara. Tampoco es responsabilidad de la compañía los meses que tarda el Estado en solucionar los problemas del cartel.