En sentencia N° 2015-012251 de las 11:31 horas del 7 de agosto de 2015 la Sala Constitucional anuló el Acuerdo N.° DP-0316-2013 del 20 de mayo de 2013, a través del cual se levantó el veto al Decreto Legislativo N.º 9076. Este último decreto fue el que pretendió levantar el veto que se había impuesto a la Reforma Procesal Laboral.
El resultado es que la Reforma Procesal Laboral sigue vetada y no será vigente.
Recordemos que dicha reforma modificaba en lo fundamental la estructura del proceso laboral, con el objetivo primario de agilizar el trámite y disminuir su duración.
Aunque la reforma no estaba aplicándose todavía debido a una disposición transitoria, el resultado es que el Código de Trabajo actual junto con su proceso se mantiene sin cambio.
Es posible que en el futuro se reforme el Código de Trabajo, pero siguiendo un procedimiento distinto al levantamiento del veto, cosa que vemos poco probable que ocurra a corto plazo.
Más allá de lo laboral
Dejando por un momento de lado la reforma al proceso laboral este voto resulta ser muy importante en nuestro contexto histórico y político. No debe verse solo como un tema de Derecho Laboral, porque comprende los mismos principios básicos sobre los que la Constitución y el Sistema de Derecho fueron construidos.
En lo fundamental demuestra y reafirma que el principio de separación de poderes ( trias politica ) es efectivo en Costa Rica.
El levantamiento de un veto es algo riesgoso, pues de alguna forma da la posibilidad al Poder Ejecutivo de asumir parte de las funciones propias del Legislativo.
El voto de la Sala IV confirma que esta situación debe verse con mucha cautela y zanja límites importantes a la actividad del Poder Ejecutivo que reafirman el Estado Social de Derecho.
Aparte de lo anterior y regresando al proceso laboral nos parece bueno el resultado de dejar sin efecto esta reforma. Este proyecto fue diseñado y promovido intentando ser la cura para la mora judicial en esta materia.
Creemos que, como resultado, el usuario salía perdiendo. Hemos cuestionado duramente este proyecto como remedio para un problema que va más allá del diseño de la forma en que se tramitan los procesos laborales.
Es cierto que el proceso puede mejorarse, pero con ajustes menores podríamos tener un mejor proceso laboral, siempre equilibrado, ágil y garantista.
Diferente es la situación de la mora judicial. Esta tiene otras causas y requiere diferentes soluciones que se relacionan más con la eficiencia en la administración de los recursos que se disponen para esos fines.
Esperamos que ahora, habiendo salido del apuro político para dejar aprobada esta reforma, pueda retomarse y revalorarse la real necesidad de hacer reformas legales al proceso laboral, así como se valoren las causas y se planteen soluciones para un problema que debemos abordar y remediar como lo es la duración de los procesos judiciales.
Todo lo anterior sin dejar de lado que es mejor una sentencia rápida pero solo si sigue siendo justa.