De lamentable. Así calificaron las diferentes cámaras empresariales del país, la acción del presidente Luis Guillermo Solís, de levantar el veto que frenaba la Ley de reforma procesal laboral la mañana de este martes.
En la otra cara de la moneda, la coalición sindical Patria Justa aplaudió la futura entrada en vigor de la reforma más profunda experimentada por el Código de Trabajo, vigente desde más de siete décadas.
El sector empresarial envió un claro mensaje sobre su rechazo a tal decisión, y mantiene la posición de que el proyecto debe de ser corregido.
Para el presidente Solís, el levantamiento del veto es histórico, y mete al Código en la modernidad en materia procesal, reduciendo en años los juicios laborales que plantean los empleados en contra de los patronos.
Respuesta a medias
Pese a que el mandatario fue enfático en que se opone a las huelgas en servicios esenciales, uno de los temas más controversiales de la reforma, y por lo que emitirá un decreto ejecutivo donde se confirmará la prohibición absoluta de la huelga en dichos servicios; para los empresarios, el Gobierno quedó debiendo su posición a temas transcentales que también son contemplados en la reforma.
Determinar cuáles serán los mecanismos que permitirán la contratación de trabajadores temporales que operen los servicios suspendidos, es uno de ellos. "Se requiere de mecanismos ágiles de ingreso de profesionales extranjeros que sustituyan a los huelguistas y, por supuesto, todas las sanciones laborales, penales y civiles por el ejercicio abusivo del derecho o por la coacción o la violencia sobre personas y bienes", señaló la Uccaep en un comunicado.
Y es que para la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), el anuncio produce indignación, pues el Gobierno envió un mensaje de que pesa más la alianza con la izquierda en el Congreso, que la calidad de los servicios públicos y la seguridad jurídica que garantice la estabilidad laboral en las empresas.
"El sector empresarial confiaba en que el señor Presidente iba poner en una balanza los efectos de esta decisión...ya vemos que no es así", dijo Ronald Jiménez, presidente de Unión de Cámaras.
Otras de las preocupaciones que quedaron latentes en el sector es en relación a que el proyecto permite el ejercicio del derecho de huelga, cuando no existe sindicato, con un porcentaje que no representa la mayoría de los trabajadores. "El sector productivo considera que esto debe reformarse y establecer que una mayoría sea la que decida por una medida de presión de esta naturaleza".
Sobre este punto, la Cámara de Exportadores (Cadexco), fue enfática en que habrá exposición a inseguridad jurídica y riesgo empresarial ante huelgas convocadas por personas de la misma ocupación u oficio (donde una sola línea de producción que puede ser minoría en la empresa tendría la capacidad de llamar a huelga) y la impunidad por huelgas ilegales (pues el despido para trabajadores irresponsables no existirá).
"La resolución del presidente no es atinada y atenta no solo contra la estabilidad laboral del país, sino que desmotiva al sector productivo y exportador nacional al acostumbrado acompañamiento al Gobierno", reafirmó la Cámara.
La competitividad del país también fue cuestionada por el empresariado con el levantamiento del veto. A modo de ejemplo, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria y de Bebidas (Cacia), detalló que fue el mismo presidente Solís, quien haciendo uso de las potestades que la actual legislación le otorga, pudo manejar adecuadamente una huelga sumamente costosa para el país como lo es la huelga de los trabajadores del puerto de Limón.
"Ahora, ese mismo Presidente se amarra de manos para que el país se vuelva más ingobernable con ese tipo de escenarios legales para nuestros servicios esenciales. Ahí se encuentra la esencia del repudio de quienes nos esforzamos todos los días por crear fuentes de empleo", acotó el presidente de la agrupación, Manuel Hernando.
Sindicatos lo aplauden
Mientras tanto, la coalición sindical Patria Justa, que reúne a seis sindicatos y a varias confederaciones de trabajadores del país, celebró y agradeció al Gobierno por la decisión.
Albino Vargas, secretario general de la Asociacion Nacional de Empleados Públicos (ANEP), aseguró que la Reforma Procesal Laboral es prácticamente un segundo Código de Trabajo; la más profunda transformación del Código en toda su historia.
"Agradecemos profundamente al presidente Luis Guillermo Solís Rivera, quien honró su palabra al levantar el veto. Se le agradece a nombre de miles y miles de asalariados del país", dijo en conferencia de prensa.
Posición similar manifestó el secretario general de la Unión de Empleados de la Caja (Undeca), Luis Chavarría, que no forma parte de la coalición, al asegurar que la reforma viene a cumplir con mandatos de la Organización Internaiconal de Trabajo (OIT) y garantiza el derecho a huelga no solo en el sector público si no también en el sector privado.
"No es cierto que la reforma es para hacer huelgas indiscriminadas en el sector público, ni para aumentar los privilegios de los empleados. Nuestras organizacione son conscientes de los alcances de cara a la ciudadanía", concluyó Vargas.
En su discurso, Solís llamó a los empresarios opuestos a la reforma procesal laboral a participar del proceso legislativo que, espera el presidente, culmine durante el actual periodo de sesiones extraordinarias que acaba el 30 de abril.