Hace 11 años, el sector de la pequeña y mediana empresa industrial del país carecía de apoyo estatal, como sí lo tenía el sector agropecuario.
Aunque había programas, estaban dispersos: 74 instituciones tenían al menos uno, sin una rectoría que los organizara.
Guido Monge, en ese entonces diputado por el Partido Liberación Nacional, impulsó la creación de una ley que cobijara a todas las empresas del país.
“Desde que inicié como diputado señalé que uno de los grandes retos era no hablar de competitividad solo para las grandes empresas, sino en general, para las nacionales, las extranjeras y las locales, las micro”.
Esta preocupación dio paso a un proceso innovador en ese entonces, con el establecimiento de una Comisión Especial Mixta en la Asamblea Legislativa, que contó con la participación de diputados y representantes de la institucionalidad pública, académica y del sector privado.
Pedro Morales, asesor de la Cámara de Industrias, recordó ese momento: “El proceso, de poco más de dos años, influyó además para que el tema pyme no solo se visibilizara en la opinión pública en forma de noticia, sino que se incorporara en la agenda institucional pública privada”.
El resultado: la Ley de fortalecimiento de la pyme , Ley Nº 8262, que creó el marco jurídico para formular políticas y la rectoría de ellas en el Ministerio de Economía y Comercio (MEIC), el Consejo asesor mixto pyme y la Digemipyme; así como instrumentos financieros para dar avales crediticios (Fodemipyme, Propyme) y apoyo para la competitividad del sector, como el programa de compras públicas.
Más de una década después, esta ley avanza al ritmo de la voluntad política de cada gobierno. En el actual, en particular, se promovió la “Política pública de fomento a las pymes y emprendimiento”, que incluye acceso a financiamiento, servicios de desarrollo empresarial, innovación, emprendimiento, regionalización y rectoría.