La legislación costarricense adolece la ausencia de figuras jurídicas modernas y de peso para desincentivar el lavado de dinero.
Es ahí, en la prevención del delito, donde las autoridades del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) enfocan los esfuerzos de cambio para contar con normativa que blinde el sistema financiero, tributario y comercial, contra el blanqueo de capitales.
Es un tema que no se puede minimizar, particularmente con el caso de la empresa Liberty Reserve, domiciliada aquí, que lavó $6.000 millones a nivel global, calificada como el caso más grande del mundo.
Además, las estadísticas ponen en duda la efectividad de las leyes actuales para combatir el blanqueo de capitales y abren la interrogante sobre más.
Según el ICD, en el 2012, del 100% de las condenas por violar la Ley N°8204 solo un 0,8% fue por el delito de legitimación de capitales. Adicionalmente, de las 349 investigaciones efectuadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD el año pasado, solo 34 fueron reportadas al Ministerio Público como operaciones sospechosas.
Así, en el tope de las prioridades de cambio, Carlos Alvarado, director del ICD, coloca la introducción en el marco jurídico de la figura de la extinción del dominio sobre la propiedad.
Figura espanta el delito
Alvarado manifestó que la forma correcta de ganar la lucha contra el crimen organizado es golpeándolo en el bolsillo.
Hoy la herramienta que más se adecúa para ese propósito es la Ley N°8204, sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo , que sirve, por ejemplo, para sacar a remate bienes incautados, como con la empresa Liberty Reserve.
Empero, la norma carece de mecanismos que generen un efecto que disuada a las bandas de blanquear capitales en Costa Rica. Ahí entra a jugar la extinción del dominio, donde la incautación de bienes al crimen es más expedita y certera, con base en la probabilidad de ilicitud.
El plan también facultaría al Estado para vender esos bienes para financiar nuevos órganos judiciales y operaciones conexas.
Alvarado destacó que esa sería la forma más contundente de quitarle a Costa Rica el atractivo para la creación de sociedades anónimas dedicadas al lavado.
El complemento sería una reforma al Código de Comercio para crear nuevos controles sobre las sociedades anónimas y los fideicomisos que nutren proyectos inmobiliarios, uno de los artilugios predilectos para blanqueo.
Inteligencia tributaria
Con esas acciones, sin embargo, el país aún no estaría al 100% para la lucha antilavado.
El abogado Diego Salto, experto en tributos, destacó que si bien la legislación en este campo es moderna, peca al no contar con instrumentos de inteligencia tributaria que permitan frenar operaciones de lavado desde el ámbito de la presunción de defraudación fiscal.
Salto elogió los mecanismos que ofrece la Ley para el cumplimiento del estándar de transparencia fiscal.
Sin embargo, a la luz del caso Liberty Reserve , la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Siany Villalobos y el legislador Gustavo Arias, del Partido Acción Ciudadana (PAC), coincidieron en que es necesario revisar los resultados de esa ley, estrenada en setiembre pasado.
Normas al día
Al respecto, Carlos Vargas Durán, quien comanda la Dirección General de Tributación (DGT) del Ministerio de Hacienda, agregó que Costa Rica cumple con todos los estándares de transparencia fiscal que le han requerido organismos como la OCDE.
También resaltó el nivel de transparencia del país, alcanzado con la firma de convenios de intercambio de información tributaria.
Alvarado incluso alegó que Costa Rica está por encima de algunos países de la OCDE en materia de administración de bienes incautados a la mafia.
Las autoridades señalaron que el marco jurídico tico en el ámbito bancario funciona con efectividad, pese a algunos portillos.
Así que pese a los vacíos, el ICD insiste en el vaso medio lleno. Sin embargo, el creciente empuje del lavado obliga a no olvidar los ajustes pendientes.