Los pecados y aciertos del presidente Carlos Alvarado

El mandatario también reconoció en su primer informe de labores ante la Asamblea Legislativa que la reactivación económica y el desempleo son dos desafíos que enfrenta

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Carlos Alvarado, presidente de la República, finalizó su primer año de gobierno en medio de aciertos y pecados. La llegada de este joven político a Zapote se dio en medio de un país urgido por sanear sus finanzas públicas, situación que marcó el inicio de su gestión.

Al finalizar el primer cuatrimestre del 2018 el déficit financiero del Gobierno Central representaba el 1,9% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que metía gran presión a las finanzas públicas.

Con esa coyuntura fiscal la agenda del Presidente de la República se volvió monotemática, para concentrar esfuerzos en acelerar la discusión legislativa del proyecto Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Sin embargo, dedicarse por completo a un tema fundamental para la economía nacional tuvo un alto costo. Por un lado la administración disminuyó su capital político en cuestión de meses, y dejó en segundo plano temas sustantivos para el desarrollo nacional.

Tras pasar la prueba de fuego del primer año de Gobierno, analistas consultados por EF describen al mandatario como un político reaccionario que resuelve conforme se le presentan desafíos.

De urgencia en urgencia

El manejo de la situación fiscal fue uno de los aciertos más sustantivos del primer año de la administración Alvarado Quesada de acuerdo a los analistas políticos consultados por EF, Sergio Araya, Vladimir de la Cruz y Constantino Urcuyo.

El mérito no solo consistió en lograr la histórica aprobación de una reforma fiscal –luego de intentos fallidos en las administraciones de Abel Pacheco y Laura Chinchilla–, sino que el Poder Ejecutivo se mantuviera firme en medio de la huelga más desgastante de los últimos años.

Las protestas sociales encendidas por la discusión de la reforma fiscal se extendieron durante 88 días e incluyeron la suspensión de servicios hospitalarios y de educación.

Sin embargo, el acierto generó que la agenda fuera monotemática en los primeros meses de gobierno.

“El Presidente es un hombre muy pragmático. Sacó adelante lo fiscal pero descuidó otros campos”, afirmó Constantino Urcuyo, catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR).

La crisis fiscal dista de ser la única urgencia que le ha estallado en las manos a la administración Alvarado Quesada.

La entrada en operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) fue un logro en sí mismo; pero pone en jaque las finanzas de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y plantea retos inmediatos en el panorama económico de Limón.

Ambos son problemas que debieron preverse desde hace años. Las acciones pertinentes se podrían haber comenzado a implementar con antelación. En cambio, hoy Japdeva ni siquiera tiene establecido el fideicomiso para administrar el canon que debe pagarle APM Terminals, firma concesionaria de la TCM.

La dinámica le ha restado al Ejecutivo la posibilidad de lucir más proactivo. “El presidente una persona que resuelve las cosas como se van presentando", evaluó Urcuyo.

En medio de la atención de emergencias, el Ejecutivo ha logrado plantear algunas líneas de acción, entre las que destaca el objetivo de descarbonizar la economía.

Pendientes de peso

Si la atención de la crisis fiscal del país es el principal acierto de Carlos Alvarado en su primer año, la reactivación económica y el creciente desempleo son sus grandes deudas.

En el cuarto trimestre del 2018 Costa Rica tuvo una tasa de desempleo del 12%, lo que significó un aumento de 2,7% puntos porcentuales (89.000 personas) con respecto al mismo periodo del 2017, según la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec).

Mientras que la reactivación es fundamental para una economía que camina a un aletargado ritmo del 3,2% para este 2019, de acuerdo a las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La urgencia de dinamizar la producción y de generar acciones para estimular la creación de puestos de trabajo, no pasa desapercibida.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), fue uno de los grupos que manifestó su preocupación. Lograr una mayor eficiencia del Estado para crear empresas, empleos y disminuir la informalidad, fue una de las solicitudes que hizo Gonzalo Delgado, presidente de la cámara, tras un encuentro con el Presidente de la República y ministros en febrero anterior.

El mismo mandatario reconoció la tarea pendiente en estos frentes durante su rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa el pasado 2 de mayo. Enumeró una serie de propuestas para mejorar la situación como la necesidad de aprobar el plan de endeudamiento externo mediante eurobonos, mejoras en educación, reducciones de trámites, etc.

Todas propuestas que Alvarado ya ha mencionado, algunas de las cuales el Ejecutivo ya impulsa pero que han tenido poco impacto en los indicadores macroeconómicos.

Gestión

Durante el primer año de mandato, Carlos Alvarado trazó algunas diferencias en su modelo de gestión con respecto a su antecesor, el expresidente Luis Guillermo Solís.

Para comenzar se rodeó de gente experimentada –como Rodolfo Piza, Rocío Aguilar y Edna Camacho– en un intento por conformar lo que él llamó “un gobierno de unidad nacional”.

Sin embargo, contar con figuras del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) o de Liberación Nacional en su gabinete no lo convierte en un “gobierno de unidad nacional”.

Esto se reflejó con el quiebre de la fracción rojiazul con el oficialismo durante la más reciente elección del Directorio Legislativo.

El objetivo de la bancada era conformar un directorio de oposición para que el Ejecutivo avance “en la vía correcta”, según comentó el congresista Erwen Masís a EF.

A diferencia de Solís, el actual mandatario no ha dudado en involucrarse directamente en el trámite de proyectos estratégicos en la Asamblea Legislativa o ante el mismo Poder Judicial. Junto a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, defendió los topes a las pensiones de lujo ante los magistrados de la Sala IV y lideró algunas de las negociaciones para facilitar el avance de la reforma fiscal.

Más recientemente el mandatario ha intentado sumarle fuerza al proyecto de eurobonos, pero con menor éxito.