De un lado los empresarios y del otro los sindicalistas. En el medio, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís.
Esa es la ubicación del nuevo mandatario, al menos en este momento de arranque, ante esos dos frentes históricamente antagónicos por temas salariales y por derechos laborales.
Solís camina en el filo de la navaja y no puede quedar mal con ninguno de los dos.
Está obligado con ambos, principalmente porque ambos bandos lo llevaron a ocupar la silla de Zapote en la segunda ronda cuando obtuvo 1,3 millones de votos.
Así lo reconocen ante pregunta de EF el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, y la presidenta de la Cámara de Exportadores (Cadexco), Mónica Segnini.
“El presidente sabe que el grueso de los trabajadores afiliados a los sindicatos votó por él”, dice Vargas.
Se calcula en 240.000 los empleados públicos afiliados a movimientos sindicales en el país.
Segnini, por su lado, afirmó que parte del sector empresarial lo apoyó en la segunda vuelta, porque se buscaba un cambio de mando y la opción de Solís generó mucha confianza en el sector privado.
Otra razón para estar en el medio de los dos frentes es que el mandatario se ha sentado a conversar con las dos partes.
Durante su campaña se reunió con los comerciantes, agricultores, industriales, exportadores, constructores y representantes de la industria alimentaria y turística. Incluso tuvo un encuentro el 5 de febrero con dirigentes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
En las reuniones, escuchó las peticiones centradas principalmente en competitividad y estabilidad económica. Solís prometió que revisaría los temas y se comprometió con asuntos candentes como precios de energía.
Los tranquilizó diciéndoles que no renegociará el contrato para la nueva terminal de contenedores en Moín, no aplicará más impuestos a las zonas francas y seguirá promoviendo la atracción de inversión extranjera.
También mantuvo un encuentros con los dirigentes sindicales el 5 de mayo en el Club Unión donde recibió de ellos el documento “Manos a la obra: hacia una Costa Rica inclusiva y solidaria”.
Entre las propuestas que recibió de los sindicatos, se encuentran la Reforma Procesal Laboral y reformas fiscales, además de temas económicos y sociales.
“Esperamos que el presidente abra esa mesa de diálogo social para sentarnos a hablar de esos temas. Se nota una apertura mayor con él. Muestra más interés”, dice Vargas.
Quedar mal con los empresarios es despertar la presión político-económica que ejercen, e ignorar a los sindicalistas es provocarlos y convertir las calles en el escenario de protestas.
Solís no va a querer ninguna de las dos cosas, a pesar de que en sus primeros días de mandato fue recibido por una manifestación de educadores heredada del gobierno de Laura Chinchilla.
“El conflicto no fue de confrontación con el nuevo Poder Ejecutivo, sino que encontró más bien a un socio del conflicto heredado. Eso puede fortalecer la relación entre presidente y dirigencia sindical”, opinó el politólogo Francisco Barahona.
Pero la prueba de fuego para el mandatario, en esa posición que ha mantenido con ambos sectores sucederá en julio próximo, cuando se discuta el aumento salarial del sector privado.
En ese momento el presidente tendrá que decidir si continúa con la política salarial de Laura Chinchilla o establecerá una que beneficie más la posición de los trabajadores.
Chinchilla fijó el último aumento salarial para el sector privado a principio de este año, en 3,78%.
Los sindicalistas procurarán ahora que el Gobierno brinde señales que superen esa cifra, reconoce Vargas, “para que se respete el costo de la vida”.
Pero adelanta que más bien quieren que se discuta una nueva política salarial para cuatro años y evitar, semestre a semestre, lo que el denomina “bochinches”.
Segnini dice: “Siempre va a venir el pulso, buscaremos un porcentaje más realista. Hay que ver cuál será el planteamiento de los sindicatos”.
Ante este panorama, el politólogo Constantino Urcuyo define como “delicado e inestable” el equilibrio que debe mantener Solís con los dos sectores.
Interlocutores desde campaña
A sabiendas de que el apoyo real del PAC en las votaciones es de 300.000 votos, Solís tuvo que dirigir su campaña a buscar votos de otros sectores. El mayor apoyo que obtuvo fue de votantes en contra de un tercer gobierno liberacionista y de otras agrupaciones que quedaron excluidas de la segunda vuelta.
Solís siempre levantó la bandera de la inclusión para los sindicatos y esto lo hizo, a diferencia de los gobiernos anteriores, cuando las cámaras empresariales fueron el principal interlocutor del bipartidismo.
“Costa Rica debe ser de bien social y de inclusión”, dijo el presidente Luis Guillermo Solís a la prensa, al término de la reunión del 5 de mayo en el Club Unión.
Representantes de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) le pidieron, el 18 de marzo pasado, respetar sus derechos adquiridos sobre pensiones. Ante ello, el entonces candidato aseguró que, de llegar al gobierno, no hará cambios en los regímenes de jubilación vigentes y con esto ganó simpatías.
No obstante, la base electoral no es firme, como tampoco es firme la poca representación legislativa con 13 diputados, la fracción más pequeña que ha tenido un grupo en el poder en el país.
Esta situación lo ha obligado a que su mandato sea una especie de coalición sin serlo (requirió una alianza con el PUSC y el Frente Amplio para lograr el control del Directorio). Entonces, los sindicalistas y los empresarios son interlocutores con las mismas oportunidades y ventajas.
Sin embargo, Solís se enfrenta a un movimiento sindical divido, a raíz de viejas luchas y de la reciente huelga. Unos a otros se achacan que son de izquierda extrema, obstaculizadores del desarrollo, o de izquierda moderada, complacientes con el Gobierno.
Mientras Vargas publica en los medios que el ideal sindical no los lleva a alterar fotografías para fanfarronear con “manifestaciones multitudinarias” que nunca ocurrieron, la APSE, liderada por su presidenta, Ana Doris González, publicó en su página web que Vargas no es vocero del movimiento, ni tampoco de las bases de esa asociación.
Durante la huelga, la líder sindical Beatriz Ferreto escribió en su Facebook: “Fuera manos de Albino Vargas de la huelga de trabajadores del MEP. A los huelguistas se les respeta”.
Los empresarios, por su parte, están pendientes de las decisiones que tome Solís.
“Estamos a la espera de desarrollar la agenda conjunta con el Gobierno y que nos apoye como lo ha dicho”, dice Segnini.
El historiador Vladimir de la Cruz asegura que los empresarios son muy importantes, incluso más que los sindicatos en la presencia dentro del Gobierno, por lo que “Solís oscilará entre las presiones del sector empresarial y sindical”.
El gobierno de Solís apenas comienza y falta mucho camino por recorrer. Empero, desde el inicio las cartas en esta materia están sobre la mesa. Y temas como las reformas legales para la flexibilidad laboral y los derechos sindicales atizarán la partida.
Conforme avance la administración, se comenzará a descubrir si podrá mantener ese equilibrio a lo largo de cuatro años o si la realidad lo obligará a apostar por uno de los dos bandos.