De convertirse en ley, el proyecto 19256 que pretende regular el consumo y producción de marihuana medicinal dejaría al Estado casi $37 millones en cuatro años en recaudación de impuestos y adjudicación de licencias de producción.
Eso equivale a ¢20.200 millones. Como referencia, el impuesto a las casas "de lujo" ha permitido al Estado recaudar, desde el 2009 hasta mayo del 2014 (más de cuatro años de aplicación), casi ¢16.500 millones.
Además, según cálculos de Medical Cannabis Costa Rica ORG y Zegreenlab S.A, se generarían entre 2000 y 5000 empleos directos, considerando los patrones de contratación de personal del estado de Colorado en Estados Unidos, donde la marihuana es legal para fines recreativos.
Medical Cannabis Costa Rica ORG es una organización que se dedica a recopilación de información científica sobre la marihuana medicinal. Existe desde hace un año y abiertamente apoya el proyecto de ley. Zegreenlab S.A. es dueña de esa organización y de un medio informativo sobre cannabis medicinal, explicó Lorenzo Brenes, encargado de comunicación de Medical Cannabis Costa Rica ORG.
De acuerdo con una estimación de EF, $2,9 millones recaudables provendrían de la venta de licencias para producir cannabis medicinal por cuatro años. En ese mismo plazo se podrían cobrar $34 millones derivados de un nuevo impuesto del 7% que aplicaría en cada gramo de cannabis vendido.
Por tratarse de una medicina, la cannabis podría estar exenta del pago de impuesto de ventas.
Lo recolectado por el impuesto al cannabis se distribuiría entre 15 entidades públicas y privadas, según la norma propuesta. Por ejemplo, 20% iría a la CCSS y 10% a organizaciones no gubernamentales que luchen contra la adicción de drogas, indica el proyecto.
La iniciativa, presentada por el diputado del PAC, Marvin Atencio, permitiría la producción de marihuana medicinal en el país a 42 personas a quienes se les adjudiquen licencias, cuyo precio va de $150.000 hasta $35.000. (Estado en la Asamblea, falta).
Las licencias serían de tres categorías:
Las de tipo A, con un costo de $150.000, requieren la creación de un laboratorio de fitomejoramiento e investigación y exige la producción y procesamiento de hasta una tonelada (1000 kilos) de marihuana al año en un sistema de agricultura bajo ambiente controlado. Se adjudicarían hasta ocho de estas licencias, según el proyecto de ley.
Las tipo B, tienen un costo de $75.000, y requieren una producción de hasta 450 kilos de marihuana. En total, se adjudicarán hasta 13 de estas licencias.
Las tipo C, tienen un costo de $35.000 y exigen una capacidad producción de hasta 120 kilos anuales. La ley admitiría 21 adjudicaciones de este tipo.
Adicionalmente, se adjudicarían licencias para dispensar la marihuana y producir cáñamo.
Si las 42 personas adjudicadas para producir marihuana medicinal bajo permiso del Estado cumplieran con la producción anual exigida y vendieran toda su marihuana a $7,5 el gramo (precio promedio impuesto en el proyecto de ley), se lograrían ventas totales equivalentes a $491 millones.
Sobre ese monto, el Estado aplicaría un 7% del impuesto a la cannabis por cuatro años, lo que permite recaudar $34,3 millones
Según lo prevé el proyecto, toda la marihuana producida deberá venderse al Instituto de Investigación, Regulación y Control del Cannabis y el Cáñamo (Iircca), una institución creada en el plan de ley, que estaría adscrita al Ministerio de Salud y con personalidad jurídica para administrar fondos, realizar investigaciones y control el mercado de cannabis.
El Iirca y los cultivadores autorizados venderían los productos finales a los dispensarios con un valor agregado de $1,5. Por lo tanto, el precio final al consumidor podría rondar lo $7,5 el gramo sin impuestos.
La estimación no considera lo recaudado por la producción de cáñamo y subproductos de marihuana con alto valor agregado, lo cual también pretende ser regulado en el proyecto de ley.
Tal iniciativa fue presentada el 11 de agosto en la Secretaría del Directorio, pero no está convocado a las sesiones extraordinarias.