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Todo tipo de construcción puede implementar medidas para proteger el recurso hídrico; acciones que, además, las municipalidades pueden impulsar desde sus planes reguladores o proyectos cantonales.
El Manual de Buenas Prácticas Ambientales del Tribunal Ambiental Administravio especifica que en toda construcción se deben proteger los cuerpos de agua guardando al borde de estos 10 metros en zona urbana y 15 metros en zona rural.
En el caso de las nacientes, debe respetarse un área de protección de 100 metros si son permanentes, 60 si son intermitentes o 200 si la naciente está captada.
En el caso de pozos perforados, el retiro debe ser de 40 metros.
Además, recuerda la necesidad de mantener un monitoreo de las aguas tratadas; promueve también el uso y reúso de líquidos residuales no contaminantes y de lluvia, colectados para riego de zonas verdes u otros.
Respetar la ruta del agua
Aarón Morales, asesor técnico de la Cámara de la Construcción, explicó que en una construcción debe procurarse que el agua siga su curso natural y así se evitan daños por su causa.
“La construcción debe afectar lo menos posible todas las etapas del ciclo del agua”, comentó.
El primer error, manifestó Morales, es impermeabilizar la casa esperando que no entre agua del todo, pues estas prácticas dañan el manto freático de la tierra, que es el nivel por el que discurre el agua en el subsuelo.
Para ello pueden utilizarse concretos permeables, adoquines o zacate y bloc, de manera que en zonas como patios el agua fluya al suelo en vez de acumularse.
Otra alternativa es utilizar lagunas de retardo que almacenan agua llovida y permiten darle un uso posterior.
En zonas donde los estudios han indicado la existencia de fuentes de agua subterráneas, pueden construirse viviendas en pilotes para que el agua de lluvia llegue al subsuelo.
Los impactos que no se pueden minimizar durante la construcción, deben atenderse mediante plantas de tratamiento de agua, por ejemplo.
Planes más verdes
Las municipalidades de Santa Ana y Escazú, dos de los cantones con mayor desarrollo inmobiliario del país, son parte de los ayuntamientos que están en proceso de renovar su plan regulador para incorporar factores como la protección del agua.
“En la protección de acuíferos se trabaja con el estudio de los Índices de Fragilidad Ambiental y en la inclusión en el plan regulador de la variable ambiental, que incluye mayores restricciones en tema de tanque séptico y drenajes”, informó Arnoldo Barahona Cortés, alcalde de Escazú.
Gerardo Oviedo, alcalde de Santa Ana, manifestó que con el plan actual de 1982 se creía que las principales fuentes de agua estaba en los bosques al sur; sin embargo, tras la elaboración de los Índices de Fragilidad Ambiental se determinó que están al norte, por lo que el nuevo plan intensificará la protección en esta área.
Otro caso es la Municipalidad de San Rafael de Heredia, que cuenta con su propio plan para convertirse en carbono-neutral integrando a la comunidad local.
La estrategia integra acciones como reforestación en zonas vulnerables, principalmente al lado de los ríos.
