El ordenamiento del empleo público tendrá una nueva oportunidad durante el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís.
El Ministerio de Planificación (Mideplan) anunció que no abandonará los esfuerzos de las últimas dos administraciones por crear una política nacional de empleo público, por lo que continuará con el proceso.
Aunque muchos sectores coinciden en la necesidad de reformar un esquema de contratación y remuneración que genera desigualdades y pone en aprietos las finanzas públicas, la intentona no tiene buenos precedentes.
Durante el período 2006-2010 la administración de Óscar Arias empezó a evaluar el grado de consenso existente en torno a varias propuestas para introducir orden en la evaluación de los empleados del Estado y en la contratación de nuevos burócratas.
Tal esfuerzo fue estéril en un ambiente político dominado por la polarización y por grandes temas que llenaron de polémica a la sociedad, como el Cafta y su agenda de leyes complementarias.
Además, los gremios del sector público se preocuparon cuando fueron informados de que la meta principal del proyecto de “Ley general de relación pública de servicio” era evitar que se aplicaran normas de derecho laboral privado al sector público para crear un sistema de normas a la medida de los empleados públicos, excepto aquellos regulados por leyes especiales.
Pese al mal ambiente, la administración de la presidenta Laura Chinchilla (2010-2014) decidió continuar con la búsqueda de avales sectoriales hasta la recta final del periodo, aunque el tema nunca estuvo en el centro de la agenda gubernamental.
Crecimiento alarma
Empero, Mideplan y la Secretaría Sectorial de Empleo Público insistieron y trabajaron una propuesta que contiene las líneas de acción para tratar de llevar orden a una planilla estatal que se ha incrementado hasta alcanzar los ¢2 millones de millones en remuneraciones y contribuciones patronales del Estado al 31 de agosto pasado. gráfico “Planilla gigante”.
Espoleado por un informe de la Contraloría General de la República que en el 2009 señaló los perjuicios de que no existiera una autoridad rectora del empleo público, el anterior gobierno decidió intentar darle continuidad a la tarea de reorganizarlo.
A la administración Chinchilla también la motivó el crecimiento desmedido en la planilla del Estado.
Entre 1994 y el 2013 el Gobierno contrató 78.818 nuevos empleados para un incremento superior a un 39% en menos de 20 años. gráfico “Más burócratas”.
Las luces de alerta aún no se apagan.
A consulta
La preocupación recurrente llevará a Mideplan a abrir un nuevo proceso de consulta de la propuesta elaborada durante el gobierno pasado.
Aún no hay fechas para arrancar de nuevo con la búsqueda de acuerdos.
No obstante, la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez Oviedo, afirmó que los elementos que contiene la propuesta le dan valía para rescatarla como alternativa para llevar orden al régimen de empleo estatal.
Entre los ejes que Sánchez destacó del documento elaborado para su consulta están la organización del trabajo, la gestión del empleo, la gestión del rendimiento, la gestión de la compensación, del desarrollo y de las relaciones humanas y sociales desde el empleo público.
La propuesta, adelantó, será enriquecida con las propuestas e insumos de las nuevas autoridades de la administración del presidente Solís.
“Estamos en la formulación de una metodología y una agenda para que por medio de convocatorias amplias y participativas podamos concluir (el proceso) a la mayor brevedad de tiempo posible”, adelantó la ministra de Planificación.
¿Otro proyecto?
Después de esa fase de consulta, el resultado podría ser un nuevo proyecto de ley para ordenar el empleo público, aunque Sánchez advirtió que el vehículo para impulsar los cambios se definirá hasta que concluya la validación de la propuesta y el Gobierno tenga claros cuáles serán los mecanismos necesarios para su ejecución y puesta en práctica.
Lo cierto es que una nueva propuesta de ley vendría a engrosar la lista de proyectos sobre empleo público que se han presentado del 2007 a la fecha: un total de cuatro iniciativas redactadas por la Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado (Ceare) que nunca llegaron a discutirse en la Asamblea Legislativa.
Puerta del diálogo está cerrada
Por ahora, no queda claro si Mideplan emprenderá en solitario la empresa del ordenamiento del empleo público o si el nuevo intento obedece a una decisión de gobierno y que, por lo tanto, goza de suficiente respaldo político.
EF remitió consultas a las oficinas de prensa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de la Dirección General del Servicio Civil ( DGSC) sobre el nuevo proceso que pretende arrancar Mideplan.
Sin embargo, este periódico no recibió respuestas de parte del MTSS ni de la DGSC.
Por su parte, el viceministro de Hacienda encargado de egresos, José Francisco Pacheco, ha anunciado su pretención de impulsar un diálogo sobre el tema.
En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) sí hablaron claro sobre cuál respuesta darían al Gobierno cuando invite a la organización a formar parte de una mesa de diálogo sobre el empleo en el sector público.
Albino Vargas, secretario general del sindicato, no ve condiciones para aceptar ninguna propuesta de diálogo.
“Si alguien cree que puede cambiar la naturaleza del empleo público va a tener que dar un golpe de Estado”, dijo Vargas.
“Con la institucionalidad que tenemos, con la fragmentación político-partidaria de la Asamblea Legislativa y con la excesiva desconfianza que nos tenemos, no veo que nada que tenga que ver con el empleo público salga en el corto plazo”, explicó el sindicalista.
Cualquier propuesta de normativa laboral pública, agregó, chocaría con la Constitución Política. Esto porque sería contraria a los regímenes de autonomía municipal y universitaria, concluyó.
El reto para el Gobierno de ordenar la casa, entonces, adquiere matices de hazaña.