El Gobierno ya prevé una eventual aprobación del proyecto de reforma al empleo público; sin embargo, augura que esta ocurrirá más tarde de lo esperado.
Los plazos legislativos ya no permitirían concluir el trámite en en la primera mitad del año, como previó el Gobierno en su propuesta de estabilidad financiera al Fondo Monetario Internacional (FMI), para acceder a un servicio ampliado por $1.770 millones. Sin embargo, el Gobierno afirma que trabaja en ajustes al cronograma propuesto.
“Debido a que el proyecto irá a consulta de constitucionalidad y esto toma un mes, es posible que tarde un poco más de lo esperado. Daremos seguimiento a la evolución del proyecto e informaremos al FMI los avances y ajustes en el cronograma de aprobación del proyecto”, indicó a EF la ministra de Planificación, Pilar Garrido.
Pese al retraso con los cronogramas, la jerarca se dijo satisfecha por los acuerdos alcanzados para el avance del plan en la Asamblea Legislativa, así como por la corrección a través del proceso de mociones de reiteración de aspectos que se mantenían en disputa desde que el proyecto llegó al Congreso.
Las proyecciones
Otra situación sobre la que el Gobierno hace un balance positivo es el efecto fiscal que tendría el proyecto, tal como está redactado por el momento. Según las más recientes estimaciones de la iniciativa, se espera un ahorro promedio anual del 1,31% del PIB durante la primera década de aplicación de la norma.
Dicho ahorro promedio anual subiría hasta un 1,72% de la producción en la segunda década y alcanzaría un 1,46% del PIB en la tercera.
Según la ministra Garrido, este impacto y otras medidas colocan al plan como la iniciativa estructural “más relevante” propuesta al FMI y, desde su punto de vista “favorecerá la confianza” de los mercados en el país.
“Además del tema fiscal, hay otros elementos esenciales que también deben dimensionarse y que conducirán hacia una gestión pública más eficiente y transparente. Por ejemplo, el reclutamiento y selección por concursos de oposición, la oferta del empleo público que permite democratizar el acceso al sector público, la eliminación de las desigualdades salariales para puestos que desempeñan las mismas funciones, una evaluación de desempeño más robusta que habilita el aprendizaje y premia la excelencia, por citar los de mayor relevancia”, subrayó.
Para realizar las proyecciones de ahorro con el proyecto, Mideplan asumió que los salarios compuestos del sector púbico se mantendrían congelados, por la aplicación de la regla fiscal, durante los próximos 12 años.
Como eventuales costos asumió el pago de anualidades que se seguirán otorgando a las personas que, a la entrada en vigencia del proyecto, tengan salarios más bajos hasta alcanzar su nuevo salario global; mientras que como ahorros contempló los aumentos salariales que estarían congelados hasta el año 12 (por regla fiscal) y las anualidades que ya no se pagarían funcionarios más antiguos, que tengan salarios mayores al de su puesto, una vez que empiece a regir la nueva escala salarial única del Estado.
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¿Qué falta?
Consultado sobre el trámite del proyecto, el presidente legislativo, Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional (PRN), explicó que solo restan dos trámites para entrar a conocer y votar el proyecto de reforma el empleo público en primer debate.
Primero, los diputados deberán concluir con las solicitudes de revisión de mociones de reiteración (últimas propuestas de cambio al proyecto) y, una vez superada esa etapa, la iniciativa tendrá que dirigirse por un máximo de dos semanas a consulta obligatoria de distintas instituciones.
La intención de los legisladores es concluir con el primer trámite en la semana del 19 al 23 de abril. El segundo se desarrollaría en las dos semanas posteriores.
Si se cumplen esos plazos, el proyecto podría votarse en primer debate en los primeros días de mayo.
Posterior a esa votación, el proyecto sería enviado a consulta de constitucionalidad, un trámite que abarcaría al menos un mes adicional de espera, y del que dependería su votación definitiva.
La tramitación del proyecto de empleo público ya acaparó un mes completo de trabajo en el Plenario legislativo (en cuenta el receso de Semana Santa); sin embargo, la intención del Gobierno —que actualmente domina la agenda legislativa en sesiones extraordinarias— es abrir espacio para avanzar con otras prioridades.
Sobre la agenda FMI, de la que no se ha aprobado ningún proyecto de ley hasta el momento, la jerarca Garrido únicamente señaló que el Gobierno hace todos los esfuerzos para “construir los consensos necesarios que contribuyan a alcanzar un avance sustantivo” antes de la revisión de la entidad internacional a mediados de año.