Ministra de Planificación: “Veo una fragmentación enorme del Estado”

Olga Marta Sánchez, jerarca de Mideplan busca una mayor articulación y enlaces entre las instituciones públicas del país

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Tras un mes de asumir el cargo de ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Olga Marta Sánchez identificó entre su gran lista de pendientes el más ambicioso reto: lograr una verdadera articulación del Estado.

Desde su oficina ministerial, reconoció que está en proceso de revisión y evaluación para encaminar y concretar una planificación más visible, impulsando una mejor coordinación y simbiosis entre las instituciones públicas.

La nueva jerarca del Mideplan aspira dar el sello del nuevo gobierno al Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual se lanzará en el 2015 y prepara varios cambios, entre los que destaca dar un “peso real” al desarrollo del sector rural y agrícola.

También se compromete con el avance del Plan Gam 2013, proyecto para el que madura nuevas ideas como la creación de una ciudad gobierno, con el fin de recortar gastos de alquiler, agilizar traslados y mejorar la comunicación interinstitucional.

¿Ve bien articulado el Estado?

No, no. Lo que veo es una fragmentación, una atomización enorme.

¿Cuál es su diagnóstico en las primeras semanas como ministra?

Casi que el sello que podríamos imprimirle al Gobierno –posiblemente es una precisión muy inmediata– es garantizar la articulación interinstitucional, porque gran parte de los problemas que tenemos derivan de esto.

¿Cuál es el estado del proceso para poner objetivos y evaluar los presupuestos públicos, y cuáles herramientas utilizará para avanzar en su ejecución?

Estamos dando un salto importante a una mayor articulación entre el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Hacienda para que cada programa, cada proyecto que vaya incluido en el PND no solo tenga indicadores, metas y resultados precisos, sino, que tenga su correlato en términos del presupuesto.

“A partir de una coordinación estrecha entre ambos ministerios hemos podido avanzar para que haya una simbiosis mayor entre lo que nosotros formulamos y lo que finalmente Hacienda organiza”.

¿Cuáles serán las prioridades del PND?

Primero la generación de actividades productivas y empleo para una dinamización de la economía en su conjunto y particularmente en el mercado interno.

“Una segunda prioridad es el combate contra la pobreza extrema. Y el tercer elemento es una gestión gubernamental eficiente, oportuna y ética.

“La idea es que se vayan generado niveles de integración sectoriales en el país, y estamos considerando tres niveles básicos de articulación: uno en seis regiones que queremos homogeneizar; otro en territorios que son aquellos espacios donde hay una dinámica económica, cultural de identidad que los agrupa más allá de la división político-administrativa, y finalmente, en el nivel cantonal, con los gobiernos locales”.

¿Cuáles cambios formularán al PND actual?

Uno es el peso real que van a tener las estrategias de desarrollo al sector rural y agrícola.

“Nosotros valoramos mucho que en este momento tengamos dos Costa Ricas: una eficiente en la generación de riqueza y en lo que es la exportación a mercados internacionales, pero que no sirvió para llevar al conjunto de la población hacia un estado de bienestar mayor. Y la otra Costa Rica donde el empleo no tienen una buena evaluación... y gran parte del avance de esas asimetrías se debe a un abandono de los productores nacionales”.

¿Cómo darán más peso al sector rural y agrícola?

Estaríamos apostando a una producción agrícola basada en la unidad familiar.

“Lo otro es la seguridad y soberanía alimentaria. En los últimos años se ha dado una tendencia muy abierta a considerar que es mejor importar granos básicos que producirlos nacionalmente y nos parece importante que la generación básica de alimentos sea interna”.

Durante años se ha destinado un 1% del presupuesto para inversión pública . Hubo esfuerzos en los últimos gobiernos para subirlo, pero no siempre se ha logrado. ¿Cuánto del presupuesto se debería destinar a inversión pública?

Yo no lo he cuantificado, pero nuestra posición es que la inversión pública debe acrecentarse y ser más segura en términos de la madurez que tengan los proyectos de inversión.

“Hay avances que tenemos que fortalecer sobre la capacidad de evaluación de los proyectos, porque muchas veces los incorporados en el PND apenas están en ideas, no se ha estudiado su factibilidad económica, financiera ni ambiental y al final no alcanza el tiempo para su ejecución, o no se tienen los recursos.

¿Qué promete cumplir y dejar ejecutado en estos cuatro años del Plan Gam 2013?

Nos hemos propuesto a unos meses plazo tener un proyecto de simplificación de los procesos la formulación de los planes reguladores para las municipalidades.

“Lo otro es apoyar el trabajo interinstitucional en procesos de gestión de ciudad, que tendrían que ver principalmente con articulación entre el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y el Instituto de Vivienda y Urbanismo para regular y encontrar usos más eficientes del transporte.

“Y tenemos un nuevo proyecto al que queremos darle forma en poco tiempo, que surgió este mes, cuando vimos el costo del pago de alquileres de instituciones. Consiste en construir una ciudad de gobierno o sedes de ciudad de gobierno en espacios que son estatales en el centro de la ciudad, que podrían ser utilizados para la construcción de torres que alberguen a instituciones públicas”.

¿Le dará seguimiento a la Ley de Transferencias de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades o va a impulsar otra ley?

En principio, tiendo a inclinarme más por la posibilidad de modificar la ley 8114.

“Las rutas que anteriormente se siguieron siempre confrontaban a las instituciones públicas del Gobierno Central con las municipalidades y esa no es la ruta.

“Con la ley lo que haría es abrir un diálogo donde estén representantes del Poder Legislativo, del poder central y de los gobiernos locales para encontrar la forma más adecuada de ver cómo fortalecemos financieramente al sector municipal y que no implique una descapitalización de instituciones centrales”.