El ministro de la Presidencia, Víctor Morales, admitió que se incurrió en un error al publicar un decreto “técnicamente débil e inexacto” con el que se pretendía crear la Unidad Presidencial de Analistas de Datos (UPAD). Las declaraciones las dio este lunes 2 de marzo durante la interpelación que se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa.
Esta unidad pretendía institucionalizar la ciencia de datos para asegurar un mayor impacto institucional para la toma de decisiones del Gobierno, según Morales.
Durante la comparecencia el jerarca manifestó que la UPAD solo utilizó información de acceso público y no de carácter sensible. Para acceder a esos datos se hicieron solicitudes institucionales o las respectivas descargas por Internet, y en otros casos se llevaron a cabo convenios interinstitucionales.
“En ningún momento, durante esta labor, se ha dado una violación a datos sensibles de las personas, ya que toda información se ha gestionado dentro del marco de legalidad vigente y se ha utilizado atendiendo al bien público como fin superior”, manifestó Víctor Morales, ministro de la presidencia, durante la interpelación.
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Morales descartó que el Gobierno tuviera acceso a información de compras, deudas, tarjetas de crédito, salarios, cuentas bancarias, registros de salud o enfermedades, tratamientos terapéuticos, información fiscal o bancaria.
También aclaró que el equipo de la UPAD analizó información que arrojó “consideraciones importantísimas” sobre varios temas como la caracterización del empleo formal, estructuras productivas del país, gestión de deuda pública, endeudamiento de los hogares o subejecuciones históricas en subpartidas presupuestarias.
El equipo se presentó desde 2019 a funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), miembros de la junta directiva de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y representantes de Cinde, entre otros.
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“A pesar de todos estos esfuerzos de divulgación, reconozco la torpeza política cometida al emitir un decreto de institucionalización de este equipo de trabajo que, debido a sus imprecisiones, desató un clima de intranquilidad que ha activado los más importantes mecanismos de control de la administración y de la sociedad”.
La publicación del decreto, que se derogó el viernes 21 de febrero después de una estela de dudas, produjo que la Fiscalía realizara allanamientos en Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y cuatro casas de habitación.
Durante la comparecencia la diputada verdiblanca, Ana Lucía Orozco, le cuestionó si una partida por ¢70 millones contemplada en el Presupuesto Nacional del 2020 se utilizó para financiar a la UPAD. Sobre este tema, afirmó que el dinero es para equipos informáticos y renovar licencias.
Además indicó que los recursos aún no se han utilizado.