Dos mociones presentadas por las diputadas liberacionistas Alicia Fournier y Xinia Espinoza devolvieron del plenario a la Comisión de Tecnología el proyecto de ley que promueve el uso prioritario del software libre en las instituciones públicas.
No es la primera vez que esta iniciativa recibe atrasos en su discusión durante los cinco años que lleva entre el plenario y la Comisión.
La diputada Espinoza afirmó que el proyecto carece de claridad en los beneficios de costos en cuanto a mantenimiento y preparación de personal para la utilización de este software libre.
"Es cuestión de responsabilidad. No pude ver una clara comparación de los beneficios y desventajas. Si se me aclara esa duda retiraría la moción en los próximos días", dijo la congresista.
Este medio trató de contactar a la diputada Alicia Fournier para conocer sus razones, pero su encargado de prensa afirmó que este miércoles se encuentra en reuniones.
Por su parte, el diputado independiente, Carlos Góngora, había presentado una moción pero ya la retiró, aunque no especificó razones.
Con la idea del ahorro
El proyecto no prohibe el uso de los paquetes de software licenciados, sino que las instituciones públicas que los utilicen deben justificarlo según la nueva política.
El proyecto de ley especifica que por concepto de pagos de licenciamiento se gastan "importantes sumas de dinero", recursos que podrían utilizarse para mejorar los procesos en las instituciones o para otros gastos.
El Ministerio de Hacienda carece de datos actualizados sobre el gasto total del Estado en compras de software. El proyecto de ley menciona que solo en el 2007, el AyA gastó ¢100 millones para adquirir el 50% de los requerimientos por licencias.
Alicia Avendaño, directora de Gobierno digital, explicó que antes de la plataforma Merlink no existía una cuenta de gasto estándar para registrar si se compran licencias o software libre.
En los últimos años, entidades como el Ministerio de Ciencia y Tecnología han empezado a utilizar software de código abierto para funciones tales como sistemas de gestión de contenidos, desarrollo de páginas web y soluciones de monitoreo.
El software libre no solo debe entenderse como gratuito, sino que es libre de ser ejecutado, copiado, distribuido y mejorado por quien conozca su código informático, por lo que podría ser adaptado a las necesidades de las instituciones públicas.
Aunque la principal preocupación derivada de este tipo de sistemas es la seguridad, Oscar Retana, gerente de Operaciones de Gridshield, firma costarricense especializada en plataformas abiertas, aseguró que errores técnicos pueden ocurrir en cualquier modelo.
"En software libre es transparente, se resuelve más rápido porque se conoce el código; en el cerrado dependería de la entidad y prioridad y costo", dijo.
Eduardo Núñez, gerente de estrategias de plataforma de Microsoft, consideró irrelevante la discusión entre software privado y software libre. "La discusión de valor pretende resolver cómo trabajamos en conjunto y cómo interoperamos, buscando aumentar la eficiencia y reduciendo costos a través de la nube", afirmó.
El proyecto de ley, planteado desde el 2008, sigue el patrón de países europeos como Holanda, donde la Oficina de Proveeduría del Gobierno emitió una guía a todo el sector público para la adquisición de software libre.
Ecuador y Brasil también tienen políticas públicas para la utilización de este tipo de sistemas. El medio especializado en tecnología, Fayerwayer, reportó que solo en el 2008, Brasil ahorró unos $167,8 millones por esta decisión.
Además, en el 2007 el gobierno de Japón anunció que invertiría 7.000 millones de euros en una iniciativa para eliminar la dependencia de software cerrado.