El 31 de enero pasado el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) permitió a la agrupación ciudadana “Ya no más Recope” la recolección de un mínimo de 162.830 firmas de costarricenses de acuerdo con un referendo para discutir la apertura del monopolio de los hidrocarburos.
El proceso de recolección, que arrancaría en las próximas semanas, sometería a votación la apertura de la “refinación, importación, transporte y distribución” de combustibles. Además, posibilitaría al Ejecutivo para vender total o parcialmente las acciones de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
La iniciativa, basada textualmente en el último de los cuatro proyectos de ley, que el Movimiento Libertario ha propuesto sobre el tema, deja en manos del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) la administración de los poliductos de Recope, y designa a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para establecer un canon de pago obligatorio a las empresas que deseen usarlo (incluida Recope).
Hoy la propuesta de siete páginas se enfrenta a una pregunta clave: ¿garantizará la apertura menores costos en los precios de los combustibles? Los propios defensores del texto aseguran no poder demostrarlo y sus opositores afirman que la propuesta podría incluso aumentarlos.
La génesis
La propuesta de abrir el monopolio de Recope no es nueva: hace casi 18 años que el Movimiento Libertario presentó un primer proyecto con ese objetivo (1999). Tras no tener éxito en la Comisión donde se discutía el texto, el partido presentó uno nuevo en el 2002, y otro en octubre del 2012 con contenido similar. Todos, descartados por las mayorías parlamentarias, finalizaron en el Archivo de la Asamblea Legislativa.
En julio de 2014 los diputados libertarios cambiaron su estrategia y comenzaron a recolectar firmas para replantear el tercero de sus proyectos por la vía de la iniciativa popular, que obliga a la Asamblea a discutir la propuesta en un máximo de 4 años.
Sin embargo, también decidieron suspender la recolección debido –según el legislador Otto Guevara– a que los diputados podían modificar el proyecto y a que el texto podía tardar años en discutirse.
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“No creo que nadie, a partir de ahora, presente nada por iniciativa popular. El esfuerzo de recolectar firmas para iniciativa popular es igual que para un referendo, con la ventaja de que (en referéndum) los diputados no lo pueden cambiar, ni irá a consulta de constitucionalidad”, afirma.
Luego de suspender la recolección de firmas, en julio de 2016 Guevara presentó un cuarto y último texto titulado “Apertura del monopolio de Recope para que haya competencia y todos nos beneficiemos” (sic).
Dicho texto es idéntico en 13 de sus 14 artículos al presentado por la agrupación ciudadana “Ya no más Recope”, que afirma haberlo tomado como base, aunque niega algún ligamen con el Movimiento Libertario. Es sobre este último documento para el que la agrupación recopila firmas.
¿Menores costos?
Disminuir los precios de los combustibles no es el principal objetivo de la agrupación ciudadana “Ya no más Recope”. Así lo afirma Orfilia Delgado, vocera y una de las coordinadoras del movimiento.
“Eso se ha tergiversado. El objetivo es el cumplimiento o el disfrute del derecho constitucional a elegir a quién comprarle el combustible. Se ha querido decir que se demuestre que vamos a bajar el precio de los combustibles. Hacerlo es imposible”, destaca.
Para Delgado, la competencia puede hacer que los costos de operación bajen ante una búsqueda de mayor eficiencia, cambios en logística o en los salarios, pero es clara en destacar que el cálculo de una de diferencia en los precios no puede garantizarse.
Según Recope, el margen de maniobra para disminuir precios no es necesariamente amplio.
De acuerdo con datos proporcionados por la entidad y actualizados al 6 de enero, la gran mayoría de lo que se paga por un litro de gasolina regular (¢465 de los ¢562 colones: un 83%) se dividen entre el pago del producto importado y el impuesto único a los hidrocarburos (destinado a Hacienda, la Red Vial Nacional, las Municipalidades y otras entidades).
Otros ¢56,18 se dirigen a las estaciones de servicio y a los transportistas que mueven el producto del plantel a las “gasolineras”. El último 7% (¢40,83) se destina al margen de operación y las inversiones futuras de Recope. ¢6,08 de estos se destinan a la Convención Colectiva.
“Recope dice que el porcentaje de la Convención no es representativo, pero los millones que cuestan (algunas cláusulas abusivas) sí lo son”, reclama Delgado.
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Al cierre del 2015 Recope afirma haber gastado ¢18.339 millones en su convención, aunque los documentos aportados a la Contraloría General de la República en el Informe de Liquidación Presupuestaria de ese año y analizados por el diario La Nación difieren en ¢4.381 millones de más. Aún así, la institución afirma que este año logró una baja de ¢1.370 millones, producto de negociaciones con los empleados, y que aún es posible trabajar por más ahorros.
Las críticas
Hubo una época en Costa Rica en la que las empresas privadas participaban activamente en el mercado de los hidrocarburos. En diciembre de 1940 y, durante los veinticinco años siguientes, las compañías Esso, Texaco, Gulf, Chevron y Shell se encargaron de la distribución y venta de este producto en el país.
El expresidente de Recope y expresidente legislativo, Hernán Garrón, relata parte de la historia en su libro de 1974 Recope: historia de un contrato . Allí afirma que el cese del contrato de esas cinco empresas se debió a incumplimientos en el campo administrativo y legal. Garrón, por ejemplo, destaca cómo algunas entidades declaraban sus provisiones desde el Golfo de México, a pesar de que sus importaciones procedían del Caribe. Eso les permitía reportar costos mayores a la hora de fijar los precios de los combustibles y utilidades menores cuando declaraban impuestos.
Han pasado décadas desde entonces, pero Recope afirma que la apertura del monopolio no generará un mercado abierto de competencia perfecta, sino que regresará al país a un oligopolio.
“Esto siempre ha sido un monopolio y nació como un monopolio privado. ¿Conviene más un monopolio privado?” cuestiona la Presidenta Ejecutiva de la entidad Sara Salazar.
El economista Melvin Garita recuerda que, en aquel entonces, el país pasaba por un proceso de nacionalizaciones y que deben considerarse otras experiencias.
“La apertura de las telecomunicaciones es una analogía que puede dejar muy claro las ventajas de abrir los mercados a la competencia. El combustible, al igual que las telecomunicaciones, no es un bien público”, dice Garita.
Hay otras críticas. Recope cuestiona que el proyecto no dote de ningún presupuesto al Minae para la eventual administración de poliductos (actividad de alta especialización) y que no deje claro qué sucederá con las estaciones de bombeo o aeropuertos.
La Aresep alertó en un documento de agosto de 2016 que el mercado de la refinación, importación, transporte y distribución de petróleo carecería de una legislación ante una eventual apertura, pues la ley que lo regula es exclusiva de Recope. También afirma que establecer un canon por el cobro del poliducto “afectaría no solo los costos, sino la competitividad de las tarifas (...) El eventual reconocimiento en un periodo muy corto de la recuperación de los costos de inversión podría provocar un encarecimiento de los combustibles”, señaló.
“Ya no más Recope” recuerda que, después de la aprobación del proyecto, pueden aplicarse los reglamentos específicos que resulten necesarios.
“Hay un gran descontento por todas las situaciones internas de Recope. Tanto es así, que si se hubieran tomado las medidas necesarias para parar este asunto, el grupo no habría nacido ni se hubiera presentado un proyecto así”, afirmó Delgado.
En síntesis
El texto “Apertura del Monopolio de la Refinadora Costarricense de Petróleo” copia la mayoría de artículos del último proyecto para la apertura del monopolio de Recope, planteado por el Movimiento Libertario. La iniciativa propone:
Abrir monopolio: Permitir que todos los sujetos de Derecho público o privado puedan refinar, importar, transportar y distribuir hidrocarburos.
Aresep fijaría un precio máximo de combustibles con los impuestos de ley, costos y “utilidades razonables” de operación de las empresas.
Se autoriza al Consejo de Gobierno (Poder Ejecutivo) la venta total o parcial de las acciones de Recope S. A.
El Minae se encargará de autorizar la utilización de los poliductos existentes: las empresas y Recope deberán pagar un mismo canon por su uso, que sería definido por la Aresep. La entidad también definiría las tarifas para el uso del muelle administrado por Japdeva.
Fuente Proyecto de Apertura de Recope.