Normas transparentarían el gasto

Más de 100 normas de ejecución presupuestaria dan forma al mecanismo con el que varias fracciones pretenden controlar mejor el destino que las entidades públicas hacen de los recursos que les transfiere el Gobierno Central en el presupuesto del 2015, un total de ¢2,2 billones.

Ese monto en transferencias corrientes se destina al financiamiento de presupuestos de órganos adscritos a ministerios, municipios, partidas específicas, asociaciones y regímenes de pensiones, entre otros destinos que involucran a 471 entidades públicas de todo tipo.

Las transferencias corrientes son erogaciones que satisfacen las necesidades de las entidades públicas sin que exista una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de la entidad que realiza el giro.

Millones que no dejan pistas

En el 2015, las transferencias corrientes más abultadas son las que se destinarán como aporte estatal a los regímenes de pensiones (¢789.230 millones), al Ministerio de Educación Pública (¢727.536 millones), al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (¢369.700 millones) y la del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) por ¢410.488 millones, según lo detalla el informe técnico de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el presupuesto del 2015.

Entre el 2007 y el 2015 las transferencias corrientes se dispararon en un 262% mientras que las transferencias de capital, destinadas a la inversión, presentan tasas de crecimiento apenas perceptibles en el mismo periodo.

Históricamente las entidades que realizan las transferencias no le siguen la pista al uso que da el receptor del dinero, costumbre que cambiaría si los diputados aprueben el informe de mayoría del presupuesto 2015. En este se incluyen las normas presupuestarias novedosas.

Bajo la lupa

Hasta ahora, los diputados han aprobado las transferencias corrientes en presupuestos pasados “a ciegas”, en criterio de Jorge Polinaris, exministro de Planificación y asesor legislativo que tiene cuatro años de impulsar la creación de normas presupuestarias para que los entes rectores no le pierdan la pista al uso de los recursos transferidos.

Uno de los cambios que goza de respaldo mayoritario para corregir esa falencia es la obligatoriedad de que el ministro rector autorice, con su firma, la compra de bienes y servicios que ordenen los mandos medios de su cartera.

En caso de que sea el ministro el que ordene una compra o el que vaya a hacer un viaje que genere gastos públicos, tendrá que ser el presidente de la República quien autorice con su firma dicha erogación.

“Ya ningún jerarca podrá alegar desconocimiento por el pago de millones en alquileres o en otros gastos superfluos”, justificó Ottón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Cuentas claras

Tal responsabilidad de las jerarquías habría ahorrado millones al fisco si se hubiera aprobado desde el 2011, cuando la oposición legislativa promovió incluir normas similares en el presupuesto del 2012, aseguró Polinaris.

El exministro llamó la atención sobre el crecimiento de las transferencias corrientes y sobre su papel como uno de los principales disparadores del gasto público.

Ese hecho llevó a los legisladores a plantear una norma presupuestaria que obliga al Gobierno Central a rendir cuentas cada seis meses al Congreso sobre el uso de los recursos presupuestados para el 2015, por el orden de los ¢7,9 billones.

“Los ministros y viceministros tendrán la obligación de informar a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea sobre la ejecución de cada colón”, adelantó la diputada Rosibel Ramos, quien representa a la Unidad Social Cristiana (PUSC) en ese panel.

Permiso necesario

Hacendarios también tendrá herramientas para rastrear la ejecución de las transferencias corrientes.

Rolando González, diputado liberacionista que integra ese órgano legislativo, detalló que una de las normas de ejecución creadas obligará a una entidad pública a justificar el gasto realizado con el 70% de su presupuesto del 2015 para poder contar con la autorización legislativa para ejecutar el restante 30%.

“Este cinturón de control no existía y ahora hará más eficiente el gasto”, estimó González.

¿Por qué hasta ahora los controles sobre las transferencias corrientes han sido laxos? Las causas parecen múltiples.

“Probablemente por desinterés, cálculo político y por temor a cumplir las obligaciones que imponen la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública. A ello, deben agregarse debilidades en lo que denomino el ‘sistema contralor nacional’”, manifestó Jorge Polinaris.

La mejor forma de corregir esa problemática, dijo Otto Guevara, libertario que integra la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, es reducir la cantidad de entidades públicas desconcentradas y que las responsabilidades sobre el gasto de esos órganos sean trasladadas al jerarca ministerial respectivo.

De aprobarse, las normas de ejecución presupuestaria podrían implicar un ahorro inédito para el erario. El debate sobre su futuro está aún abierto.

Dinero que alcanza para todo

Pensiones: La transferencia corriente para el aporte a las pensiones del Magisterio Nacional alcanza los ¢464.178 millones.

Ayuda social: En cuanto a subsidios a habitantes en condiciones de pobreza, el presupuesto 2015 establece una transferencia de ¢236.844 millones al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Salud: El Ministerio de Salud, en tanto, presupuestó una transferencia de ¢130.076 millones para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con destino a la gestión intrainstitucional de esta entidad autónoma.

Fuente Presupuesto 2015.