Un plan equilibrado, con medidas por el lado de los ingresos y los gastos y con el mayor consenso político para que pueda ser aprobado por los diputados.
Según economistas consultados por EF, así debería ser el perfil básico de la reforma fiscal que el Gobierno anunció para setiembre, con la que tratará de revivir el debate que naufragó en 2011.
Deberá privar el realismo, ya que a la actual Asamblea Legislativa solo le restarán nueve meses, con la campaña electoral incluida. No serán viables proyectos grandes ni polémicos.
La idea sería que busque un equilibrio entre un impuesto de renta, que logre un objetivo de equidad, y uno al valor agregado, que genere suficientes recursos.
Según el economista Ronulfo Jiménez, por el lado del gasto lo ideal es lograr un perfil que contribuya al crecimiento y que financie adecuadamente temas de educación e infraestructura. Además, garantizar que el gasto se ejecute eficientemente.
Esta combinación lograría un equilibrio de las finanzas públicas, ante el déficit fiscal del 5% y una recaudación del 13% del Producto Interno Bruto (PIB).
El economista de la Universidad Nacional, Fernando Rodríguez, propone que en el tema de renta se avance en el impuesto a las personas físicas y que se revisen las exoneraciones.
“Es importante eliminar las zonas grises y uniformar por criterio de equidad, tratarlas todas iguales y por una cuestión de recaudación”, explicó.
En el caso del impuesto al valor agregado, tanto el especialista en derecho tributario, Diego Salto, como el abogado socio director de Deloitte, Alan Saborío, coinciden en que es preciso ampliar la base y que se grave toda transferencia de bienes y prestación de servicios. “Debe haber una gran diferencia de lo que tenemos ahora, cuando existe una larga lista de excepciones”, dijo Saborío.
¿Cómo hacerlo viable?
Los economistas consultados plantean la importancia de que el Gobierno busque un consenso político para este nuevo intento. Debe recordarse que la campaña polarizará a los partidos políticos representados en la Asamblea.
“Tiene que tener un equilibrio político, que las diferentes fuerzas políticas y grupos sociales lo dejen pasar. Si vamos con un proyecto de 500 páginas, no va a pasar”, dijo Jiménez.
Otros creen que una forma viable sería que el Ministerio de Hacienda presente un documento con lineamientos generales, que se discuta en Plenario y que a partir de los acuerdos se elabore el proyecto de ley.
“Este plan no debe desgastarse en la Asamblea, porque en ese caso, no pasa”, dijo Rodríguez.
Para Salto, una reforma grande y completa es dificilmente asimilable desde el punto de vista político y es por esto que el país debe someterse a pequeñas reformas, que juntas logran un proceso importante.
La idea que tiene el Gobierno es que este proyecto se vote entre las elecciones de febrero del 2014 y la toma de posesión. Más tarde de eso... los nuevos diputados querrán imponer su sello y se requeríría empezar de nuevo.