¿Qué ha cambiado en Costa Rica desde 2012, año en que el país se fijó la meta de convertirse en el miembro 37 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)?
El objetivo no es la mera adhesión a una entidad internacional más, sino adoptar una gestión del Sector Público enfocada en la eficiencia y la transparencia.
Ese camino es largo y empinado. Dado que el país todavía peregrina rumbo a la meta, los cambios adoptados hasta el momento son sutiles.
Para empezar el país debió pronunciarse respecto a 236 estándares que tiene la organización y muchos de ellos invitan a concretar la evolución deseada.
Pronunciarse sobre estándares no parece que sea un gran avance, pero sí lo ha sido en el caso del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
La OCDE exige que sus miembros cuenten con clasificaciones estadísticas comunes. Es decir, que todas las instituciones que generan datos lo hagan bajo un mismo criterio.
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En Costa Rica, el Instituto es el encargado de que eso suceda.
Si bien el INEC acepta que este era un paso que se debía dar sí porque sí, alaban que el proceso de adhesión al organismo internacional vino a poner el pie sobre el acelerador.
Más cambios como este deberán cristalizarse para el 2018, año en que el país espera que la OCDE le dé el sí definitivo y que llegue a la Asamblea Legislativa el documento para la respectiva ratificación del acuerdo. El ambiente en el Congreso pinta propicio para darle trámite rápido al proceso.
Mientras eso sucede, Costa Rica deberá administrar sus fuerzas y canalizarlas hacia varios frentes abiertos en el plano internacional. El país también tiene pendiente una decisión en torno a su incorporación a la Alianza del Pacífico.
En el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) aseguran contar con la capacidad de sentarse ala mesa de negociación sin contratiempos en ambos procesos.
Es más, la actual administración también se ha impuesto la meta de cerrar su mandato con este otro acuerdo firmado.
El paso a paso
Costa Rica implementó en octubre de 2013 un plan de acción que tenía por objetivo lograr la invitación formal de la OCDE mediante la colaboración de 27 instituciones nacionales.
El plan demandó un diagnóstico por parte de las entidades en 15 áreas, de los que se derivarían recomendaciones para mejorar algunos aspectos de la gestión.
El plan rindió sus frutos y el organismo volteó la mirada al país y aceptó formalmente que se iniciara un proceso de adhesión.
Con ello, Costa Rica ha sido sometido a 22 diagnósticos diferentes, revisados cada uno por un comité diferente dentro de la organización.
A la fecha, 13 se encuentran en ejecución: agricultura, estadística, comercio, inversión, educación y mercado financiero son algunos de ellos.
“Aquí ya hay beneficios, los diagnósticos nos exigen información, algunas que las instituciones ni recopilada tienen”, comentó Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior.
En esta etapa se pide información, se señalan deficiencias, se lanzan recomendaciones y se ejecutan las correcciones.
Visitas de campo siguen en la lista de tareas que culminaría en un visto bueno del comité y posteriormente, del Consejo de la OCDE.
Para el presente año, se iniciaría con el diagnóstico en cuatro áreas más: ciencia y tecnología, política del consumidor y política de economía digital, y asuntos sociales, empleo y trabajo.
Las revisiones tienen una duración de entre 15 meses hasta dos años.
Posteriormente, para el 2017 sería el turno de revisar al país en las áreas de política ambiental, análisis económico y de desarrollo, asuntos fiscales, químicos y pesca.
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Aunado a ello, Costa Rica ha solicitado en paralelo la elaboración de 12 diagnósticos o revisiones en colaboración con la OCDE, en temas que van desde apertura de mercados hasta el agro.
Estos se utilizan como referencia para adelantar camino en la detección de debilidades a nivel nacional.
De ese total, ya se cuenta con información detallada en al menos seis de ellos; el más reciente fue presentado en febrero y se trató de una evaluación económica.
Según estimaciones de Comex, cada uno de esos estudios significan una erogación cercana a los $300.000.
De pertenecer a la Organización, esas evaluaciones se harán de manera periódica, y el costo individual de estos estudios será sustituido por el de la membresía a la entidad, que ronda los $2,5 millones por año.
“Estamos dando el paso hacia una gestión de resultados y a partir de datos. Vemos que si no tiene un buen análisis no va a poder hacer una buena intervención”, comentó en su momento la presidenta Laura Chichilla.
Cambios medulares
Todos estos procesos de revisión disparan la transformación. Así lo resume Comex.
Mora explicó, a modo de ejemplo, que un cambio se manifiesta a nivel del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), donde se concluyó la necesidad de brindarle independencia a una entidad como la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).
Para ello, no sería suficiente reformas administrativas, sino que se requiere de un proyecto de ley. Se estima que para junio de este año ya se contará con el texto que deberá ser presentado ante el Congreso.
En el INEC ven las revisiones como el empujón que hacía falta a lo interno para estandarizar la recolección de información y generación de datos a nivel nacional.
En este momento cada institución tiene sus propias clasificaciones y hasta obedecen recomendaciones internacionales desactualizadas. Para este año, el INEC pretende avanzar hacia clasificaciones comunes.
Por ejemplo, si la institución codifica la actividad económica de una empresa en una clasificación específica, ese mismo código deberá ser usado en la Caja Costarricense de Seguro Social o en una municipalidad para el giro de patentes.
Al mismo tiempo, la institución trabaja en la incorporación de un codificador geográfico, con el objetivo de que las instituciones se guíen bajo las mismas regiones de planificación que utiliza el Ministerio de Planificación.
El INEC espera que durante la segunda mitad del 2017 la OCDE emita una evaluación final del trabajo logrado. La primera del proceso de adhesión.
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Sí definitivo
Al igual que un tratado comercial, la Asamblea Legislativa deberá aprobar el protocolo de adhesión a la OCDE.
Este sería el paso final y definitivo, de parte de Costa Rica, para que el país se incorpore a la organización internacional.
Desde ya, el tema parece contar con el aval de los legisladores. El ambiente positivo hasta permite pensar que se dará vía rápida al proyecto.
Ottón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), es de ese criterio y asegura que él mismo se encargaría de hacer lobby para lograr el consenso.
“Yo votaría el proyecto de forma inmediata. La OCDE eleva los estándares. Dejamos de compararnos con Centroamérica, que nos causa complacencia, y nos enfoca hacia lo que realmente debemos aspirar”, dijo Solís.
Para Antonio Álvarez, del partido Liberación Nacional, la aprobación del protocolo de la OCDE sería un simple trámite que vendría a reforzar el compromiso de su bancada de lo iniciado en el gobierno de la presidenta Chinchilla.
Varios frentes
Mientras esa aprobación llega, Costa Rica deberá administrar sus recursos y mantener la mirada atenta en varios frentes.
Uno de ellos es la eventual incorporación al bloque de la Alianza del Pacífico.
En Comex entienden las dos negociaciones como de naturaleza diferente y estiman que no sería complejo llevarlas en paralelo. No obstante, señalan un eventual compromiso de sus recursos para hacerle frente a los procesos de negociación.
“No estamos estresados si tuviéramos que abordar esa negociación ya o en los próximos meses. Ahora, lo que sí implica dificultades mayores es el estrés fiscal, pues los recursos se limitarían cada vez más y eso tiene implicaciones directa sobre los procesos”, concluyó Mora.
Actualmente Costa Rica cuenta con 13 tratados de libre comercio. Pero ninguno con dimensiones cercanas a megabloques como la Alianza.