Usted camina por la calle cuando, de pronto, una persona le pide una firma para apoyar un proyecto de ley y enviarlo a la Asamblea. La propuesta le parece interesante y la firma, debajo de un listado de desconocidos que pensaron que el proyecto podría ser bueno.
Si se trata de bienestar animal, ambiente, radio y televisión o cualquier otra temática, su firma formará parte de un largo trabajo al que deben enfrentarse las organizaciones sociales para llevar un proyecto al Congreso.
Una cifra larga, mucho mayor a la cantidad de hombres o mujeres registrados en el padrón electoral de Puntarenas o cinco veces mayor a la cantidad de votos que requirieron Óscar López, Gonzalo Ramírez o Gerardo Vargas para ocupar una curul desde la que –también– podrían presentar sus proyectos de interés.
Se trata de un esfuerzo sobredimensionado que, sin embargo, solo marca el inicio de una carrera de obstáculos a la iniciativa popular en el Congreso.
Dos rutas: una ruleta legislativa
Existen dos rutas para plantear un proyecto a la Asamblea Legislativa: recoger firmas o esperar que un diputado acoja una idea.
El primer camino (largo, lento y escalonado) requiere de las firmas del 5% del padrón electoral (161.000 firmas) para asegurarse un espacio en alguna comisión de la Asamblea Legislativa.
El segundo es mucho más azaroso: consiste en presentar un proyecto ante la Oficina de Iniciativa Popular del Congreso y esperar a que algún diputado decida apadrinarlo.
En ambos casos, los obstáculos son variados y frecuentes.
Por ejemplo, solo tres proyectos han logrado llegar a la Asamblea mediante la ruta de la recolección de firmas. Se trata de los textos de Conservación de Vida Silvestre, Gestión Integrada del Recurso Hídrico y la Ley de Bienestar Animal.
En teoría –según la ley 8.491– estos proyectos tienen un máximo de dos años para su votación en primer debate, pero la realidad dista un poco de ello.
La iniciativa de vida silvestre –la única de las tres convertida en ley– tardó cuatro años en aprobarse. El proyecto de recurso hídrico entró a la Asamblea en mayo del 2010 y se encuentra varado en una consulta de la Sala Constitucional. Varado también está el texto de bienestar animal , que se discute en la Comisión de Ambiente desde setiembre del 2012.
¿Cómo puede un proyecto –en teoría programado para votarse en dos años– tardar el doble en discusiones y trámites?
En general, los dos años no incluyen las sesiones extraordinarias: seis meses en los que el Ejecutivo define qué proyectos discuten los diputados. Tampoco incluye los periodos de vacaciones y menos aún que la Sala IV encuentre vicios de constitucionalidad que reanuden el proceso (como en el caso del proyecto de recurso hídrico).
“Uno se siente absolutamente frustrado”, dice Heidy Murillo, una de las recolectoras de las casi 200.000 firmas que respaldaron la iniciativa de recurso hídrico. “El mecanismo les da dos años ordinarios para discutir la propuesta, pero lo que hacen es meterlo al cajón y a última hora la sacan para cumplir”, se lamenta.
La segunda vía es mucho más azarosa. Desde abril de 1999 los costarricenses han presentado 2.228 iniciativas populares ante la Oficina de Iniciativa Popular. La mitad (un 45%) se retiran para estudio, únicamente un 5% se convierten en proyectos y solo un 0,8% se transforman en leyes.
En casi dos décadas, solo 18 de este tipo de iniciativas han logrado convertirse en leyes: la más reciente en abril de este año, que readecúa los 10 años en que una hoja de delincuencia queda manchada a un tiempo variable, dependiendo del delito cometido.
Todas las iniciativas presentadas por esta vía dependen de que un diputado o asesor decida acercarse a la Oficina, práctica poco usual, según encargados.
“Nosotros, en realidad, sabemos que tenemos que buscarlos a ellos. Tenemos que hacer lobby ciudadano. Tratamos de no solo enviarlo al Plenario, sino también hacer reuniones para que los diputados puedan acogerlos” destaca Juan Carlos Chavarría, Director de la Oficina de Gestión de Propuestas Ciudadanas, también conocida como Oficina de Iniciativa Popular.
Sin embargo, el problema para Chavarría está relacionado con una gran cantidad de obstáculos impuestos por la institucionalidad a la participación democrática.
“Hay una gran resistencia de funcionarios que esperan que el ciudadano sea un sujeto pasivo en democracia” denuncia.
Entre todos los obstáculos, ¿qué hace que un grupo de ciudadanos escoja una u otra vía?
“La ley de iniciativa popular era una ventana de oportunidad para nosotros porque le ponía un plazo razonable y garantizaba la discusión la iniciativa” dice Murillo. “Pero lo que en realidad terminó sucediendo... no lo sabíamos. No lo esperábamos”, dijo.
Firmas... ¿para qué?
Estos son los últimos procesos de recolección de firmas:
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