Partidos provinciales en desigual lucha por curules

Fundadores de agrupaciones son quienes aportan, en su mayoría, recursos para hacer campaña.

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Los partidos políticos provinciales, inscritos para pelear por diputaciones, viven una campaña distinta a la de las fuerzas políticas que luchan por la Presidencia de la República.

La escasez de recursos y de espacios para darse a conocer juegan en su contra en la contienda por obtener curules en la próxima Asamblea Legislativa.

Mario Redondo Poveda, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y presidente de la Asamblea Legislativa en el período 2003-2004, lucha por volver al Parlamento con el partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC), inscrito en Cartago.

Según el abogado, su fuerza política es de las que más bajo presupuesto ha manejado en la actual campaña, lo cual lo ha llevado a financiar la mayoría de los gastos de su propio bolsillo y acudiendo a amigos que le han confeccionado pocos signos externos para promocionarse en la provincia.

Pese a la escasez, Redondo confía en que el partido alcance una curul por Cartago.

“Los resultados que hemos visto de la campaña nos hacen tener fe y pensar en que tal vez podamos pelear al menos por un cupo más en el Parlamento”, afirmó.

En la papeleta diputadil de Cartago también figura el Partido Verde.

Rodrigo José Arias, quien encabeza la nómina legislativa de ese partido, afirmó que la falta de recursos les ha impedido hacer una campaña fuerte de signos externos, lo cual ha causado que los confundan con el Partido Liberación Nacional (PLN), por el color de la bandera.

“Todavía tenemos que explicarle a la gente que no somos lo mismo que el PLN, que somos una propuesta ecologista que nació en Alemania y que le ha dado la vuelta al mundo”, contó Arias.

“Al conocer nuestros planes la gente nos promete los votos y nos afirman que si tuviéramos acceso a pautar anuncios en la televisión y otros medios, por lo menos sacaríamos tres diputados”, dijo.

Igual que Redondo en ADC, Arias es el candidato a diputado al primer lugar por Cartago y principal financista de su agrupación.

“Calculo que al final de la campaña habremos gastado entre ¢6 millones y ¢10 millones financiados en un 99% con mis recursos personales. De momento, estamos seguros de que obtendremos una curul”, agregó Arias.

La historia del escaso financiamiento se repite en San José, donde el Partido de los Transportistas busca llegar por primera vez a la Asamblea Legislativa.

Alexis Retana, secretario general de la divisa, informó de que la fuente principal de financiamiento del partido ha sido la venta de banderas y calcomanías, por las cuales cobran entre ¢500 y ¢1.000, respectivamente.

“Algunos empresarios de autobuses identificados con la causa nos han donado vallas en sus unidades, pero la ayuda ha sido poca”, comentó el militante.

Retana afirmó que el partido goza del apoyo de la mayoría de los 7.000 taxistas que trabajan en San José, lo cual los hace pensar en un buen resultado electoral.

“Aspiramos a llevar al menos tres diputados a la Asamblea Legislativa para que luchen por la disminución de los costos para los empresarios del transporte, como el combustible”, recalcó Retana.

Los primeros tres lugares de la papeleta del Partido de los Transportistas los ocupan Gilberth Ureña, representante de los taxistas en el Consejo de Transporte Público (CTP); Marjorie Lizano, representante de los traileros; y Marvin Fernández, dirigente comunitario del cantón de Pérez Zeledón.

Retana calculó que los gastos del partido durante la campaña sobrepasarán los ¢8 millones, los cuales han sido aportado, en su mayoría, por los propios candidatos a las diputaciones.

Este medio contactó a Johnny Artavia, presidente del partido provincial Viva Puntarenas, sin embargo, dijo que no podía hablar al momento de la llamada telefónica y se comprometió a comunicarse después.

Para las elecciones presidenciales y legislativas del 2 de febrero, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) inscribió un total de 12 partidos políticos provinciales que deberán disputar los 57 escaños del Congreso contra los 13 partidos que lograron inscribir candidaturas a escala nacional.