Con la llegada de la crisis sanitaria Costa Rica pisó el acelerador del peso de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que detener la trayectoria de ese crecimiento es urgente. Para 2025 la deuda del Gobierno Central llegaría al 84% de la producción nacional, si el país no toma medidas para contener el gasto y no genera ingresos frescos, según el Ministerio de Hacienda.

Ese nivel de deuda es peligroso para una economía emergente como la de Costa Rica.

“El año 2023 va a ser el año clave porque Costa Rica debe generar un ajuste tal que al 2023 el -0,2% (del déficit primario) se transforme en un número positivo de 1% del PIB. Esto permitiría que a partir del 2023 no solo se detenga el crecimiento de la deuda, sino que esta empiece a decrecer”, afirmó Marco Solera, economista del despacho del Ministerio de Hacienda.

Las declaraciones las dio en el taller virtual del proyecto Renta Global Dual del pasado 4 de marzo.

Para detener el crecimiento de la deuda el Poder Ejecutivo pretende implementar una estrategia fiscal en el mediano plazo que consta de tres componentes: contención y reducción del gasto, la generación de nuevos ingresos, y una estrategia de financiamiento de largo plazo.

Si el país logra plasmar con éxito esa estrategia, el peso de la deuda como porcentaje del PIB sería de 74,2%. Lo que significaría un ajuste de más de diez puntos porcentuales respecto al escenario que no contiene ajustes.

Parte de ese plan se negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para poder acceder al crédito de Servicio Ampliado por cerca de $1.778 millones. El programa dará apoyo financiero al país con desembolsos durante tres años.

La estrategia para generar ingresos frescos

Para lograr un balance primario del 1% del PIB a 2023 se propusieron cinco medidas para generar ingresos, mismas que deben ser discutidas y por la Asamblea Legislativa. Se trata de implementar la renta global, eliminación de las exoneraciones, dividendos de las empresas del Estado, impuestos a las remesas e impuestos a las casas de lujo.

El objetivo del impuesto de renta global es unificar en una sola escala el tributo que pagan las personas físicas con actividad lucrativa y el que pagan los asalariados. El Poder Ejecutivo envió dos propuestas a la corriente legislativa desde inicio del año.

El viernes 22 de enero dio a conocer el proyecto de Ley de Renta Global Dual (Expediente 22.383) tras cerrar el acuerdo con el FMI para acceder al crédito de servicio ampliado. No obstante, tras dudas que surgieron en diversos sectores, el 5 de febrero dio a conocer otra propuesta, que se tramita con el expediente 22.393, y que solo deja el título I que hace referencia al tratamiento de las personas físicas.

Es decir, excluyó de este impuesto a las empresas.

La eliminación de las exoneraciones tiene tres componentes: que las rentas de capital paguen de manera inmediata 15% ―y no de forma escalonada como lo contempla la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°.9.635―, eliminar la no sujeción del impuesto sobre la renta al salario escolar y crear un impuesto del 25% a los premios de lotería que sean mayores a medio salario base (o sea a los mayores a los ¢231.100).

Solo el proyecto Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas de Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal (expediente N° 22.369), pretende incrementar en cinco porcentuales los pagos que se hacen por las remesas al exterior, pues las leyes tributarias contemplan entre 14 y 15 tipos de remesas con tasas entre el 5% y el 50% según Solera.

El expediente N° 22.369 también aspira a que las rentas y ganancias de capital paguen el 15% de impuesto y elevar esa tarifa en 1,5 puntos porcentuales durante los primeros dos años una vez que entre en vigencia la ley. Ese proyecto además pretende eliminar la exoneración del impuesto sobre la renta en el salario escolar.

Aumentar la base impositiva del impuesto a las casas de lujo de 0,25% a 0,50% también forma parte de la estrategia.

El expediente 22.382 pretende gravar las propiedades con valor superior a los ¢150 millones y para determinar la base imponible se analizarán los montos registrados en la municipalidad, el Registro Público de la Propiedad y la Dirección General de Tributación. Al monto mayor se le aplicará la tarifa del 0,5%.

Mientras que el proyecto de Ley Aporte Solidario y Temporal sobre la Utilidad de las Empresas Públicas al Pueblo Costarricense para el Ajuste Fiscal (Expediente 22.384) pretende que 14 empresas estatales destinen hasta el 30% de sus ganancias para pagar la deuda pública durante cuatro años.

Contención del gasto y estrategia de financiamiento

Contener y reducir el gasto forma parte de la estrategia fiscal para revertir el crecimiento de la deuda.

El pasado 20 de noviembre el ministro de Hacienda, Elian Villegas, anunció en la mesa de diálogo nacional el compromiso de recorte al gasto primario por ¢170.000 millones para el presupuesto de 2022, cifra que equivale al 0,47% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta promesa de disminución en el plan de gastos se haría sin tocar el gasto de capital con el objetivo de brindar estabilidad financiera y generar buenas señales en el mercado internacional.

Mientras que para el ejercicio económico 2021 se fijó un límite para el gasto corriente de 0,77% a pesar de que la regla fiscal (un instrumento que limita el crecimiento del gasto) estima que este rubro podía crecer hasta 4,13%.

Además el Gobierno contempla una estrategia de financiamiento de largo plazo que contempla:

• Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que permitirá acceder a $1.778 millones por un periodo de tres años.
• Se incluyen préstamos de apoyo presupuestario en la Asamblea Legislativa: uno de $300 millones del Banco Mundial y otro por el mismo monto con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
• Acceso a mercados internacionales con colocaciones por al menos $1.000 millones anuales entre 2022 y 2025.
• Mejoramiento del manejo de deuda interna con subastas inversas, utilización de mecanismos competitivos y ampliación de la base inversor.