Con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia (9.736), la Comisión para Promover a la Competencia (Coprocom) tendrá más dientes para enfrentar las contienda desleales y las prácticas oligopólicas. No obstante, los cambios no son inmediatos y el 2020 será la punta de lanza para una serie de ajustes.

El pasado 5 de setiembre, el Poder Ejecutivo firmó la nueva legislación que le permitirá al ente regulador dejar atrás las amarras y convertirse en un órgano con independencia técnica, administrativa, presupuestaria y funcional.

Para que el fortalecimiento sea una realidad, varios pasos se deben cumplir antes, entre ellos el nombramiento del personal del Órgano Superior, una tarea que debe asumir el Consejo de Gobierno. Solo para culminar ese proceso el Ejecutivo tiene un plazo máximo de nueve meses a partir de la publicación de la ley.

Mejores prácticas competitivas y mayor bienestar para los consumidores son dos beneficios esperados para la economía con la implementación de la legislación.

En los últimos años la OCDE ha criticado aspectos del órgano, por ejemplo los escasos recursos –humanos y económicos– con los que contaba para sacar a flote las tareas.

La recién aprobada ley 9.736 también fortalece a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Reingeniería

Las puertas del cambio se abrirán a mediano plazo para la Coprocom, una entidad débil y con recursos insuficientes que se ha caracterizado por regular gigantes.

Uno de los cambios más sustantivos con la nueva ley es la incorporación de tres miembros propietarios del Órgano Superior, que trabajarán a tiempo completo, además de dos suplentes que asumirán funciones de manera temporal en caso de que algún funcionario titular esté en “banca”.

Esto marca un hito para el órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), pues en los últimos años los comisionados no han laborado a tiempo completo.

El Consejo de Gobierno debe nombrar a los tres miembros propietarios y los suplentes, y cuenta con un plazo de nueve meses a partir de la publicación de la ley para luego elevarlo a la Asamblea Legislativa.

La normativa se dio a conocer el 18 de noviembre en el diario oficial La Gaceta, por lo que el Poder Ejecutivo tiene como plazo máximo hasta agosto del 2020 para nombrar, por un período de seis años, a los funcionarios del Órgano Superior; estos serán seleccionados por idoneidad a través de un concurso público de antecedentes.

Una vez que hayan sido elegidos, los nombramientos pasan a manos de los congresistas, quienes cuentan con 30 días naturales para objetar las designaciones o ratificarlas. Si se rechaza alguna, el Consejo de Gobierno debe sustituir al miembro y comenzar el proceso de nuevo.

Mientras corren los nueve meses y se elige a estos nuevos funcionarios, la Coprocom mantendrá a sus actuales comisionados –cinco miembros propietarios y tres suplentes–.

La designación del Órgano Superior es vital, ya que deberá desarrollar un estudio junto al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) para definir la estructura renovada; para eso tendrá un plazo de seis meses.

Después de esa tarea, se elegirá a los miembros del Órgano Técnico y se tomará en cuenta a los funcionarios que actualmente laboran en la Unidad Técnica de Apoyo (UTA).

Estos colaboradores podrán explorar varios escenarios; uno de ellos es decidir si se mantienen o no en la Coprocom. Si efectivamente lo hacen, pueden acogerse al régimen de salario único que establece el artículo 19 de la ley o bien conservar todos sus derechos laborales al amparo del Régimen del Servicio Civil.

La independencia presupuestaria será otro cambio; para esto se estipula que la Coprocom pase a tener un plan de gastos de al menos 5.309 salarios base, lo que correspondería a ¢2.368 millones si se hace el cálculo a partir de lo estipulado por el Ministerio de Hacienda para este 2019 –¢446.200–.

Aún está por verse si la institución utiliza el total del dinero. Para el próximo año, la Coprocom tendrá un presupuesto inicial de ¢541,7 millones, aunque analizan solicitar uno extraordinario durante el transcurso del 2020.

No obstante, como la entidad está en etapa de transición, debe realizar una serie de valoraciones en conjunto con el Ministerio de Hacienda para valorar el porcentaje y no subejecutar recursos en un año de transición; así lo confirmó Yanina Montero, directora de competencia, a EF.

Impacto económico

Al tener más herramientas para regular la competencia y lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servicios, los consumidores –sobre todo los de menores ingresos– se verán beneficiados en términos de calidad y precios.

Un mayor grado de vigilancia sobre posibles conductas anticompetitivas, como acuerdos entre competidores –conocidos como cárteles– o conductas unilaterales y verticales, será otro de los beneficios para la producción nacional.

La nueva legislación cuenta con herramientas para mejorarían la competencia entre los actores económicos, como un mecanismo de clemencia semejante al programa del testigo de la corona que pretende brindar beneficios –en este caso eliminar la multa– al primer integrante de un cártel que denuncie prácticas monopolísticas absolutas ante las autoridades.

Por su parte, el sector empresarial experimentaría una mayor productividad al enfrentar niveles más altos de rivalidad, y el Estado podrá accesar a mejores precios en las compras públicas, según Mario Umaña, especialista en comercio y competencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Con la nueva normativa, la institución podrá realizar estudios de mercado para entender a profundidad el funcionamiento del entorno, según lo establece el artículo 23 de la legislación.

Esta es una tarea pendiente debido al poco personal que ha tenido la institución. Uno de los temas que se podrían analizar es el comportamiento del mercado de los medicamentos, comentó Victoria Velázquez, jefa del Departamento de Investigaciones y Abogacía de la Competencia de la Coprocom.

“Es un mercado que nos gustaría entender; nuestro problema es que somos 15 (funcionarios). (En) lo que nos va a favorecer (la nueva ley) es (en) que vamos a contar con más personal y vamos a poder hacer los estudios”, afirmó Velázquez.

La Coprocom promueve la competencia, sin embargo, en ocasiones hay fallas en los mercados que irremediablemente generan regulaciones y esto podría suceder con la venta de algunos fármacos.

Un futuro análisis podría determinar la necesidad de regular la venta de ciertas medicinas en casos en los que se demuestre la existencia de condiciones monopólicas u oligopólicas y cuando no sea posible fomentar la competencia. Por ejemplo, si se determina que un solo actor vende un medicamento muy especializado para una enfermedad como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Una futura regulación podría dejar de lado medicamentos de uso más regular como los antigripales o los antialérgicos, explicó Velázquez.

Sin embargo, eso podrá verse a mediano plazo, cuando la entidad tenga armada toda su nueva estructura.