La potestad del Ministerio de Hacienda para exigirle a las empresas que transfieran sus bases de datos de accionistas y proveedores aún está en duda.
Una resolución de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) indica que, aunque Tributación puede pedir todos los datos que necesite para el control tributario, debe contar con el permiso del dueño de esa información; es decir, de su titular para almacenarlos.
La resolución aún no está en firme, pues el Ministerio de Hacienda presentó una apelación.
Desde julio del 2014, Tributación exige a todos los grandes contribuyentes brindar información sobre su capital accionario mediante la herramienta AMPO (Análisis Multifuncional Programado y Objetivo), iría contra la ley.
"Tratándose de datos de terceros que no son información del contribuyente, como lo es capital accionario o información de proveedores, debe de contarse con el consentimiento informado sobre esos datos sensibles", indica el documento de la Prodhab.
Son datos sensibles porque permiten reconocer la condición socioeconómica de las personas, agrega el informe.
La Ley N°. 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de su Datos Personales establece que cada persona es titular de sus propios datos y que solo ella puede consentir su uso.
Lea: ¿Cuáles datos protege la ley?
Lo que a los empresarios les preocupaba, cuando presentaron la denuncia ante la Prodhab, es que esos datos se trataran de manera insegura, comentó Mario Montero, vicepresidente de la Cámara de la Industria Alimentaria, que fue una de las recurrentes junto a Jack's y Industrial de Oleaginosas S. A. Sin embargo, la Prodhab desestimó esa parte de la denuncia.
¿Para qué sirven estos datos?
Hacienda indicó, mediante un comunicado de prensa, que este límite podría afectar su entrada a la OCDE y que pondrá en riesgo su imagen internacional.
"Es fundamental identificar a los propietarios últimos de una sociedad anónima, dicho de otra forma, es necesario conocer las personas físicas que se encuentran detrás de la figura jurídica, que es la sociedad", explicó Hacienda mediante un comunicado de prensa.
El abogado tributario Diego Salto explica que la OCDE pide que existan canales y legislación para fortalecer la transparencia, pero no cometer actos que vayan en contra de la legislación.
"La administración tributaria ha tomado una práctica muy libre en cuanto a sus criterios de solicitar cuanta información quiera", dijo Salto.
"Los tratamientos abusivos no se pueden respaldar en ningún organismo internacional", coincidió Montero.
¿Qué deben hacer ahora las empresas?
El Ministerio, la resolución de la Prodhab fue apelada, por lo que aún no está en firme.
Una vez en firme, los titulares de la información pueden solicitar a Hacienda eliminar la información suscrita a AMPO, con la documentación necesaria, explicó el abogado de Expertis, Juan Ignacio Zamora.
"Una vez que eso sucede, después de cinco días hábiles, el Ministerio les dice que ya procedieron a eliminar esa información".