Presidente Carlos Alvarado: “Vamos a acordar metas con el FMI, no vamos a acordar condiciones”

El Presidente de la República también indicó que la negociación con el FMI será a base de metas, no de condicionamientos impuestos por el fondo

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Tres meses después de que el país confirmara el primer caso por coronavirus, el presidente de la República, Carlos Alvarado, habló con EF sobre cómo la pandemia cambió el panorama económico del país, la urgencia de un proceso de reactivación de la economía aletargada y cómo logrará salir a flote el país en ese 2020 y en el próximo 2021.

Mientras el COVID-19 suma más de 1.300 casos positivos en el país y 11 fallecimientos, la actividad económica apenas empieza a asomarse después de semanas de pausa. Alvarado apunta a que la pandemia marque el momento para ejecutar cambios estructurales que se han pospuesto por más de dos décadas.

A continuación, un extracto de la entrevista:

¿Qué creen que sea más efectivo en un proceso de reactivación? ¿Estimular a los generadores de empleo o ampliar los programas de asistencia directa?

— Estamos en un punto en donde hay que calibrar. En la respuesta inmediata, por la necesidad social y la familia, apostamos por dar el subsidio directo a las personas.

Estamos entrando en una etapa, donde cada vez más hay que incentivar la producción y la apertura de actividades entonces que vamos transitando de uno a otro.

Fuera de una pandemia, ¿cuál considera usted que es un proceso más efectivo?

— Pensando en un escenario normal es una ampliación del empleo para generar bienestar. Lo que uno aspira como una sociedad es llegar a un punto donde hay tanta generación de empleo o de emprendimientos en los que no es necesario la parte asistencial. Es el ideal.

Una sociedad que se basa exclusivamente en la parte de subsidios lo que hace es perpetuar esa situación.

¿En qué cree el Gabinete: en empujar el crédito para la reactivación o estimular actividades de manera directa?

— También es una calibración de ambas. Todos los sectores necesitan hoy capital de trabajo, pero en diferente medida. Hoy el apoyo al sector turismo tiene que ser para no romper los tejidos productivos que tenemos, porque el sector turismo es probablemente de los que más se va a ver afectado por el cambio en los vuelos internacionales en el país.

En el sector construcción por ejemplo, más bien necesitamos facilitar el crédito ágil y la reducción de trámites para que empiece a producir y generar empleos ya.

Uno de los que más nos duele es el sector agropecuario, necesita capital de trabajo y necesita crédito, pero los esquemas actuales de crédito hacen que sea inviable y eso es muy frustrante. Necesitamos que haya capital de riesgo, para que ese sector sea viable. Hay que, creo yo, cambiar el esquema del Sistema Banca para el Desarrollo (SBD).

Si SBD toma plata del peaje bancario y de capital de maletín que llaman, esa plata debería ser para arriesgar más, para ese tipo de sectores.

¿Cree que exista apertura por parte del sistema financiero para ofrecer este tipo de créditos de mayor riesgo?

— Lo que se está pensando es cómo incentivar eso y se ha hablado mucho de los temas de avales, que los avales sean los que permitan asumir ese riesgo. Ya el equipo económico creo que habló la semana pasada con ustedes de los temas de los avales. Eso es una forma de incentivar asumir esos riesgos. Es un tema ya de años, pero es un momento oportuno para hacerlo.

El Banco Central dice que su principal preocupación es la liquidez del sistema financiero, pero los bancos afirman tener liquidez ¿Creen que se sentirá menos incertidumbre?

— Creo que lo que va a llevar a eso es la ruta en la confianza y la estabilidad.

Nosotros el año 2020 ya lo tenemos planeado y armado. En la ruta 2020 la estabilidad está garantizada con el apoyo de los diputados y las diputadas para pasar los créditos y los proyectos que hay que pasar. Lo relacionado con la estabilidad macroeconómica para este año está garantizado. Es decir, Costa Rica no tendrá problemas.

¿Cómo están trabajando la estabilidad macroeconómica?

— Estamos abordando la ruta para el 2021. ¿En qué sentido? Con los empréstitos, que no es que nos vamos a endeudar más sino contraer deuda externa más barata que la deuda interna más cara. Pero incluso para los gastos que suben, no estamos abordando una estrategia de endeudarnos a lo loco.

Con el proyecto Pagar estamos hablando al equivalente a un crédito de $348 millones, nada más que no es un crédito sino dinero que teníamos en cuentas pero que no estaban destinadas a esto. Y además, en un Pagar 2, en el que las instituciones autónomas contribuyan recortando partidas no esenciales y pudiendo trasladar eso al Gobierno Central.

Además el recorte de gasto. Sí hemos hecho, ya vamos por el segundo presupuesto recorte de gasto y estaríamos entrando al tercer presupuesto recorte de gasto. Con esta ruta y el apoyo de diputados, el 2020 es un año garantizado y de reforma de fondo y el 2021 es un año que estamos trabajando igual para dar estabilidad.

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¿Qué ha hecho el Ejecutivo para forzar las reformas en los esquemas de aseguramiento de la CCSS? ¿Qué más le queda por hacer?

— Estamos de lleno en una negociación y en una conversación con la Caja y con la junta directiva, que yo valoro de muy productiva. Como es un proceso de negociación prefiero no ir adelantando sus alcances, pero hemos encontrado que ese es el lugar donde tenemos que hacerlo.

¿Por qué?

— Porque hay opciones para hacer reforma vía ley, pero hay interpretaciones de carácter constitucional que dejan eso en un área cuestionable. Estamos hablando de reformas en moratorias o condonaciones, sobre todo para trabajadores independientes, o para esquemas diferenciados de aseguramiento.

Entonces, lo que estamos optando es por trabajar con la junta directiva. Ha sido un trabajo muy productivo, para buscar cómo llegamos a esos esquemas diferenciados para facilitar también la empleabilidad, que es uno de los puntos que más se le señala a Costa Rica.

¿Apuntan a ese millón de trabajadores informales?

— Ese es uno de los público meta, también el trabajo independiente y las personas que trabajan para un patrono pero sin que se les cumplan sus derechos.

¿Cómo vislumbra el mercado laboral costarricense post COVID-19 y qué retos presenta para un sistema de seguridad social?

— Creo que la pandemia nos tiene que obligar a hacer los cambios que por bastantes años nos hemos resistido a hacer. Por eso insisto, no podemos vulnerar nuestra seguridad social, ni nuestras pensiones, pero al mismo tiempo necesitamos hacer más asequible nuestro mercado laboral formal.

Es una oportunidad para arreglar muchas cosas. Tenemos que arreglar la formación técnica, tenemos que arreglar la capacitación de nuestros educadores, mejorar la calidad; tenemos que permitir mayores esquemas que faciliten la contratación.

Este contexto excepcional lo que tiene que llevar es a tomar las medidas que dejen el terreno preparado para que cuando rebotemos, que vamos a rebotar, rebotemos con mucha fuerza. Es decir, que cuando la economía y los motores se vuelvan a reactivar, lo hagan con un terreno más preparado para generar empleo y bienestar.

No es un reiniciar como cualquiera, tiene que encaminarnos en una dirección moderna de siglo XXI.

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¿Cómo lograr que ese rebote sea positivo?

— Tenemos que balancear en variables: Que lo sanitaria siga relativamente contenido, hoy tenemos una segunda ola que es mayor que la primera, pero que está contenida y focalizada geográficamente.

En lo social, tenemos que seguir apoyando a las personas pero a sabiendas de que no puede ser indefinido porque necesitamos activar lo económico, que a su vez depende de lo sanitario. No podemos empezar a medir el costo de la reactivación en muertes, eso no va a pasar en Costa Rica.

Podemos hacer estas cosas pero si al mismo tiempo a lo interno no hacemos la reformas de fondo, no va a estar el terreno listo para hacer un fuerte rebote y vamos a volver a una Costa Rica empobrecida y estructuralmente amarrada.

Cuando haya otra vez apertura, nos tenemos que impresionar de cómo hemos avanzado en este tiempo. Tenemos que despertar después de la pandemia como un país más preparado.

Yo cuando veo el panorama de países de América Latina, muy respetuosamente, y veo lo que hemos logrado a este punto, veo nuestra capacidad para ser un país desarrollado en esta y la próxima generación, tenemos ese potencial. Probablemente lo que necesitábamos era una calamidad como esta para salir de nuestra zona de confort.

¿Plantearán excepciones en caso de una nueva moratoria?

— Cuando iniciamos la pandemia era difícil prever hacer una diferenciación por sectores. Hoy ya es evidente la afectación tremenda en el sector turismo, por ejemplo, o las farmacias y con otros comercios teniendo mayor crecimiento por razones obvias.

Eso lo que nos dice es que de tomarse una medida en ese campo, habría que hacer esas calibraciones, pero eso el ministro de Hacienda tiene que determinarlo.

¿Qué pasa con el financiamiento para el bono Proteger?

— Con Proteger es la misma reflexión. Hay que calibrar cuál es el movimiento de las personas que se vieron afectadas en el primer momento de la pandemia, cuáles rápidamente se pueden reincorporar a actividades laborales, y a cuáles hay que buscar otro tipo de soluciones.

Hemos hablado de cómo generar un Proteger pero para empresas en función de que generen contratación y actividad.

¿Es suficiente el financiamiento que han obtenido hasta ahora para entregar el bono en los meses restantes?

— A mi entender. Con la estimación de las 600.000 personas (que podrían recibir el bono), el costo estaba en ¢225.000 millones. Esa era la cobertura que teníamos.

Entiendo que ahora estamos en 500.000 personas a las que ya se les ha hecho el primer depósito. Ya hay un grado de cobertura para eso, porque nosotros no podemos hacer depósitos sin tener el respaldo de los otros dos meses.

Es decir, ¿las personas a las que ya se les entregó tienen garantizado el bono para los dos meses restantes?

— Sí, pero también estamos viendo otras variables, por ejemplo si la persona ya consiguió empleo.

Hay otro programa, que es como el hermano de Proteger, que es para la protección social básica que da IMAS, eso es parte de lo que se está analizando.

En su última entrevista con EF delineó su visión para entidades públicas como el ICE, Recope, Japdeva. ¿Se ha cristalizado esa visión en alguna de estas entidades?

— Sí. Por ejemplo, en el ICE, estamos en una ruta de mejoramiento de sus finanzas y eficiencia. El último reporte de los estados financieros ya no son números rojos. Lo que tiene que pasar en este año, es terminar un proceso de reorganización de su deuda que esperamos que en el inicio del otro año, derive en una reducción de las tarifas.

El ICE en el año 2018 era una institución sobre la cual había mucha duda. Hemos tomado muchas decisiones, empezando por no avanzar con el proyecto Diquís, ha habido cambios gerenciales para llegar a un punto de estabilidad, y a lo que vamos ahora es a la reducción de tarifas y más eficiencia.

También, y eso hay que decirlo, muchos de los problemas que tenemos del ICE hoy, han sido durante las últimas dos décadas de muy malas decisiones, malos negocios, pero bueno, nosotros estamos arreglando.

Japdeva yo creo que hay que ver hacia atrás. Tenía 1.200 empleados y hoy se ha reducido a menos de la mitad de esos empleados. Adquirió la verificación del órgano de Estados Unidos para cruceros. Está en la etapa final, aunque yo desearía que avance más rápido, de la formalización del canon con el fideicomiso.

Y aun embargada por sus trabajadores, sigue generando negocios. Por ejemplo, una ruta marítima Limón - Guatemala, para transporte de carga.

En el caso de Recope, es creo la única empresa de Costa Rica que tiene clasificación AAA, lo que quiere decir que es económicamente muy solvente. En Recope, tenemos proyectos ambiciosos como tener la redundancia de abastecimiento no solo en el Caribe, sino también en el Pacífico.

Y en Recope hay también la posibilidad de que, en mercados no monopólicos se convierta en el principal aliado público y del sector privado para importar gas natural o, eventualmente, explotar hidrógeno. Desgraciadamente hay muchos temas reputacionales simbólicos, pero si lográramos trascender eso, Recope es una gran oportunidad para el sector productivo nacional

¿Se tienen que reducir las instituciones?

— Hay una gran dicotomía. En los últimos 20 años se ha hablado de la necesidad de reducir el Estado, pero se han duplicado la cantidad de instituciones adscritas. Hay una contradicción absoluta.

Nosotros estamos planteando la eliminación. Ya se eliminaron seis en desuso pero que podían metérsele presupuesto cuando quisieran. Estamos planteando el cierre de Fonabe para quitar una duplicidad. La modernización de Japdeva es parte de eso.

Estamos hablando de, eventualmente, explorar el tema de Fanal, pero también como una forma de sanear el CNP. Entre 2003 y 2014, Fanal no pagó los impuestos. Entonces, el CNP sigue siendo deficitario, pero el problema es Fanal. El CNP genera posibilidades para muchos en el sector agropecuario.

En fin, hay mucha institución que se puede afinar.

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El equipo económico ya confirmó que iniciarán negociaciones con el FMI para buscar un Stand-by Arrangement ¿Cuáles serán metas?

— Creo que esa es la palabra correcta. Vamos a acordar metas con el Fondo, pero no vamos a acordar condiciones, son metas.

Lo que se va a tener es una conversación con el FMI para decir bueno: “para ser sujetos a crédito acordamos estas metas en materia de desempeño” Pero es Costa Rica la que tiene que decidir cómo llegar a esas metas.

¿Les dan cifras puntuales, pero no dicen cuál va a ser la ruta?

— No porque la meta del Gobierno es la estabilidad y que sea lo menos doloroso para la población. En la primera parte de mi gobierno en la que tomamos las medidas fiscales, uno de mis objetivos fue que nosotros mismos hiciéramos nuestros ajustes y no tuviéramos que recurrir al Fondo.

Esta es una situación excepcional, porque viene por el COVID-19. El año 2020, insisto, es un año en el que, si nosotros seguimos la ruta trazada, es de estabilidad y de reforma y el año 2021 tiene que ser de reactivación, de mantener el control del virus y esperaría yo, en el que empecemos a ver frutos de lo que hacemos en este.

Dice que la meta es la estabilidad. ¿Cómo se va a lograr con la negociación con el FMI? ¿Cuáles son los caminos que va a tomar el país?

— Yo estoy muy claro en que necesitamos una mezcla de cosas que no impacte a la población, que sea viable políticamente con los actores políticos, principalmente los legislativos y que no comprometa nuestro Estado Social de Derecho ¿Cuál es ese mix ya en la práctica? Eso es lo que hay que ir a construir

¿Qué no impacte la población sería no poner más impuestos?

— Como yo dije en el discurso del 4 de mayo, yo no voy a tomar acciones que perjudiquen a la gente más pobre. Incluso fue algo de convicción en el tema fiscal. La gente habló mucho de impuestos para los pobres y la mayor parte de los impuestos, sino todos, se recargaron sobre la gente de más ingresos económicos. Casualmente los que tienen más galillo, pongámoslo en sencillo.

La posición será la misma en esto. Tenemos que cuidar a la gente más humilde y en el proceso no comprometer a nuestras instituciones sustantivas.

¿Sustantivas?

— Sustantivas. Por eso yo he hablado de Bicsa y de Fanal.

¿Para usted el Estado debería ser más pequeño?

—Para mi el Estado debería funcionar. No es una discusión de si debiese ser más pequeño o grande, es una discusión equivocada.

¿Y hoy funciona?

— Cosas si funcionan, otras no funcionan. Por eso hay que trascender la discusión blanco y negro. Por ejemplo, nuestra educación pública funciona, pero podría funcionar muchísimo mejor.

Cuando subimos constitucionalmente el monto de educación, vea que se parece al tema del FMI, pusimos una condición, pero no una meta. Pusimos la condición de invertir el 8% del PIB, pero no pusimos la meta de a dónde había que llegar. Entonces, invertimos más recursos, pero la educación no ha mejorado significativamente.

¿Hay discusión sobre cerrar instituciones que ya no aportan?

— Ahí sobre la mesa está el proyecto Fonabe.

Pero los empleados de Fonabe se reubicaron ¿Dónde está el ahorro?

— Hay un ahorro de ¢2.500 millones anuales solo en gasto administrativo. Y ese proyecto no es que lo pusimos ayer. Ha estado en la corriente por bastante tiempo, ya fue dictaminado y yo celebro eso porque será una muestra de si hay voluntad de entrarle a esto, porque durante 20 años se ha hablado pero nadie lo ha hecho ¿Y por qué no lo han hecho? No se.

Rodrigo Chaves anunció un impuesto a los salarios y usted dijo en una entrevista con La Nación que “se tendrán que proponer sobretasas temporales” ¿Van a impulsar estas medidas?

— Ahora don Elián tiene la responsabilidad de producir las mejores propuestas en este campo. Como ha dicho don Elián y yo respaldo eso, esperaríamos que no tengamos que llegar ahí.

Pero también es importante decir que si en algún momento necesitamos que repartir cargas, tienen que ser los que más tengan los que ayuden a repartir la carga de los que menos tienen.

¿La hoja de ruta actual les da el margen para posponer un nuevo impuesto?

— Para este año, la hoja de ruta del 2020 está contemplada en esto. El 2020 lo estamos ejecutando, el 2021 lo estamos resolviendo. El año 2020, si tenemos el apoyo de los diputados, es un año que tenemos trazado, el 2021 lo estamos trabajando.

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No tomar acciones concretas para recortar el gasto, levantar la regla fiscal a las municipalidades, la inestabilidad en el Ministerio de Hacienda son malas señales para los mercados y las calificadoras. ¿Le preocupa la calificación?

— Pensando en el mundo pre pandemia nosotros tomamos una decisión el año pasado de cerrar con cierto número, podíamos cerrar con un año más bonito pero postergar unas inversiones, básicamente San José - San Ramón. Hoy ya San José - San Ramón dimos el inicio de obra, una obra que se ha esperado más de 20 años.

La decisión fue irse por lo que beneficiaba más a la gente a sabiendas de que en aquel momento la tendencia era de reducción del déficit. Ustedes vieron los números del primer trimestre, hoy dan ganas de llorar pero porque eran muy buenos. La tendencia la traíamos de saneamiento de nuestra posición y nos cayó el COVID.

En materia de las calificaciones yo deposito mucha confianza en lo que estamos haciendo. Las calificaciones están basadas en materia de especulación y yo no especulo con lo que vamos a hacer. Yo sé lo que hemos vemos venido haciendo hace dos años. Se lo que estamos haciendo este y lo que vamos a hacer el próximo año. Eso me da más confianza.

Obviamente tiene un impacto, pero también es una ventaja que nuestro financiamiento va a estar siendo multilateral, no va ser de mercado y es mucho más barato.

Hay una campaña para lograr la aprobación del crédito para el proyecto de tren eléctrico que se une a varios que hacen fila en la asamblea ¿No le preocupa el nivel de endeudamiento que su gobierno dejará?

— En ese caso en particular no, porque ese es un crédito que se empieza a pagar hasta el 2026, tiene cinco años de gracia. Su impacto no es ahora. Y, como hemos dicho, si la ruta sigue como está trazada al 2026 Costa Rica debería estar en camino de consolidar sus finanzas.

Pero además, no es una deuda, es una inversión. Es como que le digan a alguien, mirá no saqués ese crédito para ir a la universidad porque es deuda, y entonces no vas a la universidad.

Pero hay momentos en los que no se puede invertir

— Pero si se hace esa inversión el retorno es mucho más grande que no hacerla. Ese es el caso de cuando hablamos de las presas o de nuestra competitividad. De cuándo empresas viene a Cartago, Alajuela o Heredia y dicen me instalo en Costa Rica o no. Uno de los principales cuellos de botella para que una empresa se instale es las presas

También es un honor para Costa Rica tener el proyecto más grande que se ha hecho en el BCIE, porque es el proyecto más ambicioso que se ha hecho en el BCIE. Y el proyecto de descarbonización más ambicioso no solo de Centroamérica, sino de América Latina.