El presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Fernando Mendoza, resolvió no aceptar para su debate una moción para que el Plenario de la Asamblea Legislativa abordara la discusión sobre los pormenores del proyecto para la ampliación de la refinería de Moín, Limón.
La moción, propuesta por el diputado independiente, Luis Fishman, pretendía que el Plenario obligara a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) a paralizar todas las acciones y negociaciones con China National Petroleum Corporation (CNPC), empresa junto con la que creó la sociedad "Soresco" para modernizar la refinería de Puerto Moín a un costo de $1.500 millones, financiado en parte con un crédito de $900 millones otorgado por el China Development Bank.
Fishman y otros diputados han externado dudas sobre los pormenores del contrato de alquiler de la refinería, documento que Recope enviará para su refrendo a la Contraloría General de la República en las próximas semanas.
Esas dudas llevaron a Recope a iniciar un proceso de aval del contrato al entregarlo para su análisis a una universidad pública costarricense, una especie de garantía ante los cuestionamientos que han realizado varios políticos y técnicos por las relaciones comerciales entre CNPC y varias de las empresas consultoras internacionales que realizaron los estudios previos del proyecto, con un costo que roza los $50 millones.
Con la decisión del diputado del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Fernando Mendoza, empero, se cierra la puerta a un debate político en pleno corazón del Parlamento.
No obstante, aún sigue viva la propuesta de varios diputados de oposición de crear una comisión especial que investigue el proyecto de la refinería conjunta entre Costa Rica y China.
El tema se ha calentado aún más en las últimas semanas por la intervención de Ottón Solís, excandidato presidencial y líder del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien ha calificado el proyecto como una estafa al pueblo costarricense.
Hasta ahora Recope no la logrado probar que el proyecto de la refinería de Moín va a incidir positivamente en una reducción de los precios de la gasolina y el diésel que se consume en el país, en este momento, el combustible más caro de Centroamérica.