La Procuraduría de la Ética destimó la denuncia contra el vicepresidente de la República, Helio Fallas, por supuestamente violar el principio de imparcialidad, cuando revocó la directriz del 2012 de la entonces presidenta Laura Chinchilla, la cual exhortaba a llevar a juicio los casos por evasión fiscal y evitar la conciliación.
Dicho órgano concluyó que no habían elementos suficientes para creer que la medida se tomó para beneficiar a empresas en particular.
“Los efectos de la medida cuestionada son generales y no particulares”, debido a que la posibilidad de conciliar se define mediante los lineamientos del Código Procesal Penal y la decisión técnica de la Procuraduría General de la República -como abogado del Estado-, y “no en forma directa por dicho acto”, dice el fallo.
La procuradora encargada del caso, Tatiana Gutiérrez, aclaró en la resolución del pasado 28 de julio que solo se analizó si hubo una actuación lesiva en la obligación de imparcialidad, y que no se entró a valorar la legalidad y conveniencia del acto, -como pedía el denunciante-, porque no es competencia de la Procuraduría.
El pasado 28 de mayo el presidente Luis Guillermo Solís y Helio Fallas firmaron la directriz 2-P que deroga la orden 30-P de Chinchilla.
El actual gobierno adujo que el mandato de la administración anterior le “cercenaba” a la Procuraduría en una de sus facultades: conciliar. Esa directriz fue catalogada como “inconstitucional”, dado que “excede las atribuciones constitucionales otorgadas a la Presidencia de la República.
Con la resolución de la procuraduría además se desestima al viceministro de dicha Cartera, Fernando Rodríguez y el asesor legal de ese Despacho, Fabricio Chavarría, por presuntas irregularidades éticas relacionadas con la emisión de la Directriz No. 002-P de 28 de mayo de 2014, que eliminó la prohibición para hacer conciliaciones en materia de impuestos.