Costa Rica suma 68 años de tener una misma Constitución Política que fija los derechos y deberes de los ciudadanos, y la organización del Estado.
Desde ese momento, y en múltiples ocasiones –algunos afirman que desde 1995, cuando el entonces presidente José María Figueres aseguró que el país era ingobernable– se ha planteado la necesidad de reformarla en su totalidad. Claro está, ninguna de ellas ha fructificado.
Sin embargo, un intento más parece estar caminando a paso lento para lograrlo, aunque debe enfrentar viejos temores que reviven cada vez que se menciona este tema.
Un movimiento liderado por el exdiputado liberacionista y excontralor general, Alex Solís Fallas, quien pretende someter a referendo el plan de ley para convocar una asamblea constituyente que permita promulgar la nueva Carta Magna.
Justamente, el proyecto ya recibió el aval por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y se espera que en un periodo no mayor a dos semanas se invite a los ciudadanos a plasmar su nombre en un formulario a favor de la iniciativa.
Se necesitaría de un total de 162.522 firmas para aprobar el referéndum, y el proceso puede que lo sorprenda en parques, ferias, instituciones públicas y hasta en municipalidades.
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Así, con el tema nuevamente sobre la mesa, las opiniones contrarias salen al paso, pero más por la forma que por el fondo.
Es decir, a criterio de expertos, una reforma al Estado es necesaria y acuerpan el mismo proyecto de ley, pero en el cómo se hará hay dudas y limitaciones en el documento propuesto por Solís, según algunas oponiones.
Entonces, sin saber si el proyecto llegará a segunda base, la sola discusión profunda de hacia dónde mirar como país parece ya ser ganancia para muchos.
Una nueva, pero...
Según el jurista y exdiputado Rolando Laclé, el que la discusión de reformar la Constitución no haya llegado a puerto se debe, principalmente, a la incertidumbre de si artículos sensibles contemplados en ella llegarían a ser tocados.
Se refiere a capítulos sobre la propiedad y los derechos individuales, y al de garantías sociales.
“Estos dos grandes capítulos siempre han impedido que exista una constituyente. Creo que si en algún momento se pensara en alguna reforma habría que excluir esos capítulos de la discusión”, continuó.
En ese punto, el proyecto de ley responde y asegura que tales interrogantes no harán más que limitar los esfuerzos perseguidos
Y subraya el documento: El no estar preparados en sí mismo no es ningún problema ni debe detenernos como sociedad.
En la misma línea de preocupaciones, y suponiendo que se recolecte la cantidad de firmas necesarias y el referéndum dicte afirmativo, la constitución propia de una asamblea constituyente enciende las alarmas.
Si bien el proyecto de ley es enfático en detallar que esta respetará los principios de proporcionalidad y paridad de género, no parece ser suficiente.
Felipe Alpízar, director del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), asegura que lograr esa representatividad no es tema fácil.
“Es la estructura de esa asamblea en la que no estoy seguro. ¿Qué tal si se dice que el sector sindical va a tener 20 representantes y el empresarial solo uno?, entonces alguien dirá: y los indígenas, y los jóvenes. Es más profundo que eso”, sugirió Alpízar.
Al mismo tiempo, enfrentarse a una página en blanco sobre qué visión imperaría sobre los contenidos de una eventual nueva constitución y cuáles deberían ser las propuestas de cambio que sirvan de columna vertebral de la propuesta, no hace más que caldear la discusión.
Para el 2014, los entonces candidatos a la presidencia no comulgaban con la idea de llevar a cabo una asamblea constituyente. Por ejemplo, Rodolfo Piza, hoy también precandidato por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), consideró que la Constitución es el documento donde se reúnen los consensos históricos entre las diversas corrientes de pensamiento político, por lo que, romper ese equilibrio podría ser problemático para el país.
Decisión ¿para el pueblo?
Con el proyecto en discusión, sería el pueblo el que apruebe, o no, la nueva constitución planteada por la asamblea constituyente.
Pero entonces surge la interrogante, ¿está el pueblo costarricense educado para entender de ese proceso?
Según el texto, el costarricenses ya tiene a mano documentación que le permitiría “deliberar y plantear sugerencias para mejorarlas”.
Es más, a criterio de Solís, según como está planteado el camino del proyecto se despertará la actitud crítica del costarricense.
Pese a ello, voces como la del jurista Walter Antillón ponen en entredicho la capacidad analítica del pueblo.
“No tenemos un pueblo educado, estamos muy lejos de ser un pueblo democráticamente maduro. Esto no debe ser algo que lo escoja el pueblo, no es un tema de blanco o negro. El tecnicismo de lo que implica una constitución política está fuera de las manos de un pueblo”, subrayó.
Camino definido
No es un tema nuevo, pero la constituyente parece agarrar fuerza y avanzar.
Diciembre de 2016
TSE avala recolección de firmas para referéndum que aprobaría la convocatoria de una constituyente.
Febrero de 2017
TSE autoriza formulario de recolección de firmas para convocar a referéndum.
Julio de 2019
Si se consiguen las firmas y el referéndum es afirmativo se nombrarían los integrantes de la asamblea.
Julio de 2021
El texto aprobado por la Asamblea se sometería a referéndum.
Setiembre de 2021
De ser aprobada la nueva constitución a través de un nuevo referéndum entraría en vigencia el nuevo texto.
Fuente Proyecto de ley.