La Ley de Transferencias de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades (8801) es tinta en un papel que está lejos de concretarse.
Esta ley marco fue creada en el 2010 para cumplir con lo dispuesto en la reforma al artículo 170 de la Constitución Política hace 13 años y contribuir al proceso de descentralización territorial del Estado costarricense.
El artículo 170 establece que se debe asignar a las municipalidades del país una suma no inferior al 10% del Presupuesto Ordinario de la República, lo que requiere determinar las competencias administrativas que se trasladarán del Ejecutivo a los gobiernos locales.
También dicta que la asignación presupuestaria debe ser progresiva, a razón de un 1,5% por año hasta completar el 10% total, y la Asamblea Legislativa deberá aprobar una ley que indique las competencias por trasladar a las corporaciones municipales.
Sin embargo, el propósito de la ley sigue sin materializarse. Lo único que se ha presentado durante la administración Chinchilla es el primer proyecto de siete, llamado “Atención plena y exclusiva de la red vial cantonal”.
Pero ni este primer proyecto ha tenido acogida en el Congreso, el cual fue presentado en el 2011 y está estancado en la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, porque los diputados no lograron acuerdo para que uno de los mecanismos de financiamiento fuera un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por $200 millones.
Ante esta situación, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) conformó dos nuevos textos sustitutivos relacionados con el financiamiento con la intención de encaminar esta primera ley y dejarla aprobada, o al menos avanzada en los últimos días de esta administración.
Las nuevas propuestas
Roberto Gallardo, ministro de Planificación, informó que esta semana enviará los textos sustitutivos a la Comisión de Asuntos Municipales, para que los diputados diriman cuál es la forma de financiar este traslado de competencia de la red vial cantonal.
El funcionario manifestó que la opción de financiamiento analizada es la variación progresiva de las proporciones que en este momento reciben los municipios del impuesto único de combustibles (establecido en la ley 8114).
“En este momento solo reciben un 7,25% de esta recaudación y nos parece que debería ser ocho puntos mayor; es decir, el 15,25%”, externó el ministro.
Por tanto, Mideplan enviará dos alternativas a la Asamblea: una se trata de ir variando paulatinamente las proporciones que están establecidas en la ley 8114, y la otra sería ir agregando en un periodo de tres años una sobretasa al impuesto único de combustibles ,equivalente a ¢13 al año.
A esto se le debe sumar el otro componente que establece la ley 8801, que es el traslado de los recursos que tiene a cargo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en este momento para el mantenimiento de la red vial cantonal hacia las municipalidades.
El rezago
Desde que se emitió la ley 8801, por dos años (del 2010 al 2012) no se avanzó en la elaboración de propuestas para darle curso a sus disposiciones, debido al pulso que se generó entre la entonces ministra de Planificación, Laura Alfaro, y el sector municipal.
Gallardo indicó que cuando él asumió el Mideplan reactivó el Consejo Consultivo y la Secretaría Técnica del proceso de transferencias para echar a andar la propuesta.
Resaltó que el Mideplan ha trabajado de cerca con el sector municipal que ejecuta con eficiencia más del 90% de los recursos que tiene disponible para la red vial cantonal, y por eso se decidió dar seguimiento a esta primera transferencia de competencia.
También el Consejo Consultivo, donde participan varias entidades del régimen municipal, ha comenzado a realizar consultas legales y constitucionales para conocer la viabilidad de transferir competencias a los municipios sobre infraestructura educativa y la Red Nacional de Cuido.
Falta de recursos
El avance de un proceso de descentralización municipal es lento cuando no hay voluntad política y se complica más sin recursos.
La falta de dinero es la principal atadura que tiene el Gobierno para transferir competencias a los municipios, según Karen Porras, directora ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
“Nosotros desearíamos haber avanzado más en la aprobación de estas leyes, pero la situación fiscal de este país no nos lo ha permitido. Mientras sigamos con falta de plata estamos atados de pies y manos”, expresó Porras.
Aseguró que no está satisfecha con el poco avance que hubo en esta administración con la ley 8801, por lo que urge lograr un consenso del más alto nivel para paliar la situación fiscal y a la vez canalizar los recursos que permitan concretar la ley.
Empero, la funcionaria resaltó que el proceso de descentralización se ha venido dando mediante acciones aisladas en varios municipios, lo que demuestra que el mismo país está comprendiendo que la administración central no da la talla.
Por ejemplo, la independencia que tienen ahora las municipalidades de designar sus propios inspectores de tránsito y la independencia en la aplicación o no de la ley Seca en Semana Santa.
Para Leonardo Campos, director ejecutivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la aprobación de la ley fue un gran paso que se dio como país acostumbrado a un modelo centralista.
No obstante, considera que el proceso ha sido muy lento. “La situación fiscal lo complica y otro obstáculo es que hay resistencia de instituciones centrales a ceder los poderes”, comentó Campos.
Lo que viene
A un mes de cambio de Gobierno y sin haberse aprobado ni la primera ley, la continuidad del proceso de transferencia de competencias al régimen municipal quedará en manos de la próxima administración y diputados.
El Partido Acción Ciudadana (PAC) daría seguimiento al proceso de descentralización, según Olga Martha Sánchez, vocera del partido en la materia. “Es un tema difícil pero sí existe interés de encontrarle la salida”, dijo.
Quiere decir que la próxima administración podría tener que replantear la descentralización y la negociación, para que esta ley pase del papel a la realidad.