El proyecto de ley Fortalecimiento de Banca para el Desarrollo fue dictaminado afirmativamente ayer y pasa al plenario en donde se someterá a la discusión final.
La iniciativa contó con el aval de seis congresistas de la Comisión Permanente Especial de Banca para el Desarrollo. Solo tres diputados de esa comisión votaron en contra.
Con el proyecto (el número 17.502) se pretende fortalecer el patrimonio del fideicomiso con recursos provenientes del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
De ser aprobada en el plenario legislativo, se pondrán a disposición cerca de $500 millones para personas o micro, pequeñas y medianas empresas que desean emprender un proyecto.
El diputado socialcristiano Walter Céspedes mencionó que la iniciativa busca “que aquellas personas que hoy no son sujeto de préstamo en un banco (porque no cumplen los requisitos o porque no tienen acciones para respaldar el crédito) puedan recibir el financiamiento para concretar su proyecto”.
Todos los sectores productivos del país podrán tener acceso a la propuesta, siempre que establezcan la rentabilidad de su proyecto.
Para la diputada Patricia Pérez, de Movimiento Libertario, cuestionó el éxito de la iniciativa. Según ella el proyecto no fue dictaminado de una forma correcta.
A Pérez se unieron los legisladores Manuel Hernández y Alicia Fournier.
“En realidad los nudos gordianos no se han resuelto, entre ellos el tema del peaje bancario, los recursos, la supervisión diferencial, los expedientes de crédito, el acceso real y el hacerlo bancable para todos, entre otros aspectos que considero deben modificarse”, detalló Pérez, quien es además la presidenta de la Comisión.
El proyecto introduce una reforma al inciso b) del artículo 16 de la ley 8.634, Sistema Banca para el Desarrollo, de manera que el Consejo Rector pueda determinar en qué casos los fondos para financiar servicios no financieros y de desarrollo empresarial, puedan tener el carácter de no reembolsables con el propósito de apoyar y garantizar el éxito de los programas, viables y factibles autorizados por el mismo Consejo.
Los bancos públicos podrán canalizar recursos del Fondo de Crédito para el desarrollo por medio de colocaciones a asociaciones, cooperativas, Organizaciones No Gubernamentales u otras entidades formales siempre y cuando cumplan y se adecuen a lo establecido en la ley.