El cambio en la coyuntura económica mundial y la disminución que han sufrido las tasas de interés le restaron importancia al proyecto de “Ley para desincentivar el ingreso de capitales externos”.
De urgencia nacional, a principios de año, la propuesta del Banco Central de Costa Rica (BCCR) pasó a ser hoy una herramienta de menor fuste para los diputados, que la mantienen hundida en los últimos puestos de la agenda de proyectos por discutir en el Plenario del Congreso.
Esto pese a que el ente emisor la sigue considerando fundamental para controlar el ingreso de capitales especulativos.
La última esperanza de que la propuesta levante vuelo se centra en el periodo de sesiones extraordinarias venidero, a partir del 1° de agosto.
El ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, ha reiterado que el proyecto podría encabezar la lista de prioridades que Casa Presidencial convocará durante agosto, mes durante el cual tendrá pleno control de la agenda de los diputados.
Después sería casi imposible que el Gobierno pueda mover el plan, porque en setiembre iniciará la discusión del Presupuesto Ordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2014.
Esa será la prioridad de la Comisión de Asuntos Hacendarios hasta finales de octubre próximo.
Dudas de fondo
Antes, sin embargo, al Ejecutivo le corresponde la tarea de probar la pertinencia de la propuesta, pues a las dudas sobre la coyuntura actual se les suman las vacilaciones sobre algunos de los contenidos de la propuesta de ley.
La diputada Patricia Pérez, quien representa al Movimiento Libertario en la Comisión de Asuntos Hacendarios, afirmó que la herramienta para frenar las inversiones especulativas también espantaría aquellas inyecciones de capitales foráneos sanas para la economía y realizadas a largo plazo.
“Uno se pone en el sitio de un inversionista y la verdad estaría espantada de llegar a un país que cuente con una ley como esa, aunque sea guardada en la gaveta del presidente del Banco Central”.
La libertaria detalló que el aspecto que más la preocupa del proyecto es que las medidas para frenar capitales foráneos, aunque planteadas para un máximo de 6 meses, se pueden extender, convirtiéndolas en una situación permanente que dañe al país.
“Este proyecto le sirvió al Central para disimular su poca pericia, ahora que no vengan a decir que con solo anunciarlo se espantaron esos capitales, porque eso obedece a la coyuntura actual”, sostuvo.
Por esto, la legisladora considera que la propuesta se debería archivar.
Con los votos a favor
Caso contrario es el de las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Acción Ciudadana (PAC), que sí consideran vigente la importancia del instrumento.
Siany Villalobos, diputada oficialista que preside Asuntos Hacendarios, considera que la propuesta es salvable si se aclaran cuáles inversiones serán consideradas como capitales “golondrina” y, por lo tanto, gravables con la tasa adicional sobre el impuesto sobre la renta.
Un criterio similar es el de Gustavo Arias, diputado del PAC.
Según él, son infundados los temores sobre un impacto negativo en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) y sobre la aplicación permanente de las acciones propuestas por el Gobierno.
En tanto, la Cámara de Bancos y la Asociación Bancaria Costarricense se pronunciaron a favor de la aprobación del proyecto.