Si una persona recibe actualmente una pensión de ¢17 millones, la más alta reportada a la fecha, un proyecto de ley pretende que ese monto se vea reducido a ¢3.5 millones.
Así lo plantea una reforma a la Ley Marco de Pensiones (N°7302): "Reforma a la normativa de los regímenes especiales de pensiones con cargo al presupuesto nacional para contener el gasto de pensiones", presentada la mañana de este martes por los ministerios de Hacienda y Trabajo.
Según el texto del proyecto, se establece la aplicación de una cotización especial y solidaria sobre las pensiones en curso de pago que superen la suma de los ¢3.035.000, con lo que ninguna pensión sería mayor a los ¢3.5 millones.
Este monto es el resultado de multiplicar por 12 veces el salario más bajo de la Administración Pública (¢252.900). Actualmente hay 106 pensionados por encima de esa cifra.
Esta cotización especial aplica para los pensionados de los regímenes contributivos manejados por la Dirección Nacional de Pensiones, entre los cuales se encuentran funcionarios de Hacienda (incluye ex diputados), Obras Públicas, Registro Nacional y Comunicaciones.
Excluye en tanto a los regímenes del Poder Judicial, Magistario nacional y de Invalidez, Vejez y Muerte (CCSS).
A modo de ejemplo, Jose Francisco Pachecho, viceministro de Hacienda, explicó en conferencia de prensa que el efecto de la cotización solidaria, en el caso de una pensión de ¢17 millones, se entendería como una deducción extra de 29,5% a las ya contabilizadas (CCSS, impuesto de renta y cotización ordinaria).
"Solo en un caso de este tipo, Hacienda se estaría ahorrando más de ¢8 millones, un 49.9%", detalló el viceministro.
Más cambios
La reforma presentada esta mañana también señala otras acciones sobre las pensiones actuales con cargo al presupuesto nacional. Dos son las más importantes.
En primera instancia se elminiaría la revaloracización automática del 30% anual sobre las pensiones que benecifia a los ex diputados hasta el año 1990; unos 165 ex funcionarios.
Por otra parte, se dejaría de aplicar el método de revalorización denominado "Al Puesto", el cual implica equiparar el monto de la pensión, con el salario devengado por los sevidores activos que ocupen un puesto igual a aquel en el cual se encontraba la persona al monto de jubilarse.
A la fecha, cerca de 3.067 jubilados disfrutan de esa norma.
Victor Morales, ministro de Trabajo, agregó que se emitirá además un nuevo criterio de revalorización; las pensiones únicamente se incrementarán por ajustes por costo de vida, de forma semestral.
"Estos cambios son justamente por un tema de equidad, además de frenar el gasto público. Lo que se vive actualmente no es apropiado en esos dos sentidos", justificó Morales.
Pensiones futuras
El ministerio de Trabajo estimó, además, que unos 1.700 funcionarios estarán próximos a pensionarse y que se encuentran cubiertos por la actual Ley Marco de Pensiones.
Para ese grupo de trabajadores también se establecerían nuevas condiciones.
La primera de ellas hace referencia a que el monto de pensión que se les cancele sea del 80% y no del 100% como lo contempla actualmente la Ley.
"Hoy los funcionarios reciben el 100% del promedio de los 12 mejores salarios pagados en los últimos dos años. Eso lo queremos cambiar", dijo Morales.
A su vez, para ese total de trabajadores se vería modificada su edad mínima de retiro hasta los 60 años. Hoy es de 55 años de edad.
Ese cambio sería de forma progresiva y 18 meses depués de la eventual aprobación de las reformas.
"Si las reformas entran en vigencia el 1 de junio del 2016, pasados 18 meses, la edad entonces de retiro ya no sería 55 sino 56 años y así sucesivamente hasta el año 2022 cuando se llegaría a los 60 años", detalló el jerarca de Trabajo.
Hacienda estima que las reformas, en conjunto, permitirían un ahorro inicial de cerca de ¢20.500 millones para el erario público.